Jornada de discusión sobre políticas públicas del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento
El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento realizó el pasado 8 de Abril una Jornada de discusión sobre “Las políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura periurbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires”.
El Lic. Andres Barsky* expuso un trabajo que le pertenece junto al Ing. Pedro Abitiz* sobre “La agricultura periurbana en la agenda pública. Implementación de políticas municipales provinciales y nacionales para el sostenimiento del cinturón verde en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.”
Expusieron también la Dra. María Carolina Feito, (Conicet/Fauba), la Lic. Julie Le Gall CNRS, Francia) y el Ing. Agr. Matias García (Conicet, F.C.A. UNLP). Finalmente se realizó un Taller y un Plenario de intercambio. Publicamos una breve introducción y las conclusiones del trabajo.
Con 4.400 kilómetros cuadrados de superficie y 13 millones de habitantes, la conurbación Gran Buenos Aires es una de las principales áreas metropolitanas de América Latina. A su vez, su espacio de influencia regional, la denominada Región Metropolitana, abarca unos 15.000 kilómetros cuadrados. En el cinturón hortícola ubicado sobre sus bordes, alrededor de 1.500 empresas se emplazan en unas 16.000 hectáreas, abasteciendo aproximadamente al 30 % de la demanda alimenticia “en fresco” urbana. De esa superficie, 3.000 corresponden a superficie ocupada con invernáculos, que a su vez representan el 40% de la superficie nacional de cultivos bajo cubierta.
En años recientes, la agricultura periurbana como asunto de gestión ha venido incorporándose crecientemente en la política pública. Si bien la “preocupación tecnocrática” de los organismos nacionales de planificación por limitar la expansión física de la ciudad se remite a los años sesenta y setenta (ORDAM, 1969) y desde los años ochenta la creación del Mercado Central de Buenos Aires procuró ordenar la comercialización frutihortícola metropolitana[1], es en la última década cuando desde distintos niveles del Estado Argentino (nacional, provincial, municipal) se promueve con iniciativas concretas la idea de incidir en el desarrollo del cinturón productivo primario-intensivo[2].
El presente trabajo se propone sistematizar las distintas experiencias de implementación de estas nuevas políticas que, desde los niveles municipal, provincial y nacional, han apuntado a intervenir en el espacio rural en la interfase urbano-rural de Buenos Aires. Asimismo, y dado lo reciente de su puesta en funcionamiento, se procurará realizar una primera evaluación acerca de la efectividad de dichas políticas como generadoras de instrumentos de gestión territorial para el sostenimiento de la agricultura periurbana.
Conclusiones
Indudablemente, la agricultura periurbana ha ido ganando un lugar de relevancia en el temario de la agenda pública durante la última década. Debe señalarse que para el tratamiento de este tipo de problemáticas, promovidas desde distintos niveles, no resulta sencillo lograr la conformación de una instancia de coordinación centralizada; por el otro, estamos refiriéndonos a la operatoria estatal sobre un territorio que de por sí presenta alta fragmentación socioespacial, como es el periurbano (Allen, 2003; Capel, 1994; FAO, 1999; Tacoli, 1998). En este sentido, la implementación del Plan Nacional desde el Ministerio constituye un avance muy importante porque puede concentrar la distribución de los fondos y establecer agenda a la hora de “bajarlos” hacia los municipios. Por otra parte, resulta significativo que técnicos que originalmente se desempeñaron en el nivel municipal ascendieran luego a las órbitas provincial y nacional, lo cual demuestra que se produjo una instalación de la temática “desde abajo hacia arriba”.
Sin embargo, cuando comenzó a adquirir mayor dimensión, los objetivos de modernización tecnológica, generación de empleo o generación de ingresos para las familias parecieron alcanzar una relevancia muy
superior sobre otros de gestión territorial. Si bien, como se ha analizado, se registran experiencias a nivel municipal en las que se ha trabajado con objetivos mucho más específicos en lo referido a la necesidad de incidir territorialmente en la protección del borde periurbano (como el caso del IDUAR de Moreno), cuando el abordaje se realiza desde el nivel provincial y/o nacional generalmente se establecen metas generales de fortalecimiento de la actividad económica, con baja o nula enunciación de objetivos explícitos de gestión territorial (como incidir en el uso del suelo, preservar el espacio productivo ante el avance de la urbanización, etc.).
Frecuentemente, a nivel provincial y nacional la temática ha quedado absorbida desde la mirada sectorial (diluyéndose agricultura periurbana con horticultura o fruticultura extensivas), o de la agricultura familiar, o por la lógica provincial, que no discrimina entre cinturones verdes periurbanos, zonas especializadas o extensivas[3]. Dada la matriz constitutiva de los organigramas estatales, resulta dificultoso superar los esquemas sectoriales o sistemáticos a la hora de bajar al territorio. La desactivación de la Dirección de Agricultura Periurbana de la Provincia constituye un ejemplo de ello. Y en el caso del Programa Nacional de Agricultura periurbana, resulta significativa la dilución de la agenda de ordenamiento territorial, máxime si se considera que varios de los funcionarios y técnicos del Ministerio involucrados en la creación del Programa provienen del partido que más avanzó en política de suelos: Moreno.
Vale destacar la trascendencia de la creación de la Agencia INTA AMBA así como del Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura. La inquietud que se señala en el presente trabajo es si, en el marco del complejo mapa del Estado, ambas iniciativas pueden articularse con un mayor nivel de formalidad (sabemos que distintos agentes lo hacen por múltiples vías informales cotidianamente) y conformar un organismo central de coordinación que incluya a la provincia de Buenos Aires (que en la actualidad aparece aparentemente más desdibujada en su rol) y a los municipios del periurbano, a los cuales se les debería exigir, por ejemplo, que cuenten con institutos descentralizados como los de Moreno y Florencio Varela (u organismos similares), a fin de hacer más operativa la “bajada” de éste y otros programas, y a fin de encarar desde un nivel más formal la preservación de sus espacios periurbanos como política de Estado[4].
Para concluir, vale señalar que, considerando la reciente implementación de políticas específicas y la circulación de agentes públicos con importante capacidad de iniciativa y conocimiento, recursos humanos valiosos que están generando un “banco de experiencias” de alto valor, el tratamiento público de la agricultura periurbana, presenta un gran potencial para contribuir a la preservación presente y futura del cinturón verde de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
(*) Área de Ecología Instituto del Conurbano
Universidad Nac.de Gral Sarmiento andresbarsky@yahoo.com.arEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Ing. Pedro Aboitiz Agencia Luján EEA AMBA INTA - peteraboitiz@gmail.com
lunes, 29 de agosto de 2011
“Dimensiones sociales, espaciales y ambientales del periurbano de Buenos Aires”
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE TALCA
ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ADNUMA – CHILE)
XIX JORNADAS NACIONALES VII INTERNACIONALES DE
MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA
Y DESASTRES NATURALES
Viernes 27 de Mayo de 2011
María Carolina Feito
Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires)
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina
carofeito@gmail.com
Resumen
Analizamos dimensiones sociales, espaciales y ambientales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, en el partido de Exaltación de la Cruz del periurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores entran en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. Los impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural provocan tensiones y conflictos entre los distintos actores sociales. Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Las distintas percepciones que las personas tienen sobre el medioambiente y los riesgos ambientales que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. En este marco, el municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido. El desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
La expresión “rural” proviene de la palabra latina “rus”, que refiere a grandes espacios abiertos. Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. El boom de la segunda posguerra mundial terminó en los 70 con sucesivas crisis con consecuencias económicas y sociales. Surgen dos grandes tendencias para explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural, y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad. Así como el campo se urbaniza la ciudad también se ruraliza (Ratier, 2001), apareciendo procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios: (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier distingue respecto de nuevos pobladores rurales, tres tipos de situaciones: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. Pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo y suponen la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes-); ruralización urbana: presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes.
Desde los 90, en Argentina ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires. Estos espacios son `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano, `naturales´, previsibles, en el opuesto de cierta visualización de la ciudad, como caótica, violenta, contaminada (Lacarrieu y Thuillier 2001). Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. Esa ruralidad sui-generis es rechazada por los auténticos habitantes del campo, de clase alta. Se rompe con la concepción tradicional europea de lo urbano como civilización y progreso frente al atraso del campo, agudizada entre nosotros por la oposición civlización-barbarie. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno.
La antigua dicotomía campo-ciudad “se diluye ahora en un continuo que integra y conduce por gradaciones -como una especie de “gran cadena del ser urbano” (Capel. 1994:138, citado en Barsky, 2005) o continuum urbano-rural-, a los espacios circundantes . En este sentido, nuevas posiciones académicas se refieren a la neorruralidad o al neorruralismo para explicar estos fenómenos de penetración de las lógicas urbanas en el medio rural . Barros (1999, citado en Barsky, 2005) sostiene que “la idea de espacio rururbano puede asociarse a la de continuo rural urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyeron a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición campo-ciudad”. García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos Perdices (1995, citado en Barsky, 2005) identifican distintas situaciones (anillos concéntricos) a lo largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de usos), el espacio semirural urbanizado, el espacio rural dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y, por último, el espacio rural "marginal". La perspectiva de la nueva ruralidad enfatiza la revalorización de los espacios rurales, que se transforman en bienes de consumo para los habitantes urbanos, dada la atribución de ciertas características diferenciales: tranquilidad, ambiente menos contaminado, etc. Estos procesos y dinámicas se visualizan mejor en los ámbitos locales, que poseen formas de inserción especificas en el espacio regional históricamente determinadas.
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural, con especificación de los usos permitidos según las zonas; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, con incrementos favorecidos por inversiones especulativas que buscan ganancias a partir de cambios en los usos de la tierra. Estas áreas perimetropolitanas son de tamaño irregular y se encuentran generalmente entre unos 30 y 60 minutos de viaje desde el lìmite de la ciudad.
El estudio del periurbano supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad. De difícil definición conceptual y delimitación, se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad; constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad.
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos. En torno a la Ciudad de Buenos Aires se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005). Así, se destacan los nuevos usos residenciales y recreativos, las producciones intensivas de hortalizas y la floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias de corte extensivo, tradicionalmente pampeanas. Estos procesos, por un lado, reflejan el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana y, por otro, los cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido de Exaltación de la Cruz
El partido analizado se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Metrópoli, conectado por rutas 8 y 9, en tercer lugar del conurbano por importancia de urbanizaciones (destinadas a sectores extralocales y con ingresos elevados) y por extensión ocupada, con superficie total de 63.417 hectáreas, este partido incrementó su población un 40% durante los años 90. La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vìas rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales.
En este contexto, emergen tensiones entre lo residencial y lo productivo. En el partido tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . En los últimos 70 años ocurrieron importantes cambios agroproductivos. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios. El rol decreciente de la actividad agropecuaria ha disminuido su capacidad para retener mano de obra. En este contexto, se incorporan nuevas opciones de desarrollo de los espacios rurales (Craviotti, 2007).
La distribución espacial es la de un típico pueblo del interior: en cuadrícula con plaza central, el cual se desarrolla a orillas y a partir del ferrocarril. Las posteriores extensiones de la cuadrícula, con pequeñas variantes, han permitido que la ciudad conserve un perfil homogéneo. La planta urbana contrasta en cuanto a su inserción en el extenso entorno rural .
En el partido existen 110 granjas avícolas que producen actualmente más de 23 millones de aves para consumo . El avance descontrolado de las urbanizaciones amenaza esta actividad. La distribución de las granjas no es uniforme, se encuentran formando grupos; uno en zona relativamente urbanizada y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor (5.725 habitantes).
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
Murdock et al (1994) proponen cambiar el foco del lugar per se hacia una comprensión conceptual de la vía más apropiada para situar una localidad en su contexto, considerando la localidad como un “lugar de encuentro” (“meeting place”), es decir, lugares particulares vistos como cruzando una variedad de relaciones sociales que se extienden en grados diversos a través de espacio y tiempo. Analizar cómo se conforman las relaciones sociales y mostrar cómo actores en diferentes localidades se introducen en redes de relaciones que determinan o condicionan sus acciones, una especie de geometría de poder (“power geometry”). El concepto de red describe cómo grupos de actores juntan fuerzas para promover o resistir el desarrollo, en pos de encontrar nuevas arenas en las cuales participar. Esto marca un cambio en la compleja red de relaciones alrededor del uso de la tierra, como también otorga un rol crucial al sistema de planeamiento para actuar determinando cuánta tierra puede mantener producción agrícola (Murdock et al, 1994).
El dinamismo selectivo de lo residencial y la reactivación de lo productivo orientado a exportación derivó en paradoja en el partido, que había apostado a promover el asentamiento y expansión de emprendimientos residenciales mediante nuevas reglamentaciones a partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo . Asi, el partido sancionó en 1997 una ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) que favorece desde sus fundamentos ese tipo de asentamientos, llevando a segundo plano las actividades agrarias del medio rural, considerándolas negativas desde el punto de vista del empleo. Esta ordenanza preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. Sin embargo, en lo relativo a actividades agropecuarias intensivas (floricultura, horticultura, silvicultura, vivero, apicultura y criaderos de conejos, cerdos y aves) determina que sòlo pueden instalarse en la zona agropecuaria siempre que estén a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda. De este modo, se restringe el ejercicio de estas actividades en áreas donde existan proyectos habitacionales aprobados por el municipio, aún cuando no se hayan comenzado las obras. Esto provocó un conflicto manifiesto, entre avicultores y municipio . El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos.
Debido a su impacto positivo en la generación de empleo y la posibilidad de ingreso monetario en concepto de impuestos, los municipios del periurbano favorecen y privilegian la instalación de emprendimientos privados residenciales. Los actores locales se manifiestan relativamente débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). En el caso analizado, el nuevo ordenamiento territorial considera a los barrios privados como “industrias sin chimenea” (Craviotti, 2007), fomentando su localización en el partido .
Impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades productivas preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes recién están comenzando a organizarse. La percepción de contaminación ambiental por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (si cría pollos o produce huevos); el origen y ocupación de los vecinos (de qué zonas provienen y en qué trabajan). Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad: los recién llegados tienen una idea romántica del campo es visualizado como un ambiente relajador, prístino, no contaminado y bucólico, muy alejado del caos de la gran ciudad de la cual provienen. Por ello, al encontrarse que en los patios de sus nuevas casas “de campo” hay moscas, malos olores, bichos, pretenden que esto desaparezca porque no concuerda con la realidad que tenían pensada y les quita el relax y el disfrute. Es decir que esa percepción positiva del campo se va transformando en negativa. En cambio, para los productores agropecuarios instalados hace años en el partido, lo rural representa una forma de vida, la posibilidad de recibir ingresos para alimentar a sus familias, su lugar en el mundo. Lejos de la visión de los citadinos que se vienen a instalar en el partido, para ellos, su mundo rural no está contaminado. Algunos de ellos plantean que, frente a la amenaza de cierre de sus establecimientos por las acusaciones de contaminación de los nuevos vecinos, lo ideal es transladar la actividad a otro lado, pero, ¿a dónde ir?
Los estudios sociales de percepción de riesgo ambiental
Las distintas percepciones que las personas tienen acerca de los riesgos que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. Estas percepciones dependen de: la experiencia que la sociedad tiene de estos peligros (si ha pasado por situaciones de peligro o no); su cultura de la seguridad (la manera en que actuaron en el pasado si se presentó algún peligro) (Danklmaier et al, 2001). El marco teórico que sustenta este enfoque, se basa en dos componentes principales: por un lado, la actualización de lo que hoy se conoce respecto a planificación del desarrollo con participación social y por otro lado, el reconocimiento y la identificación de cuáles son las perspectivas que enfrentan las poblaciones estudiadas (Feito, 2000). Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Por lo tanto, resulta insuficiente el abordaje que considera estas problemáticas como una situación en la cual hay que intervenir de emergencia (ecología restaurativa). Esta concepción proviene de las ciencias "duras" y de un modelo político a partir del cual se interviene desde las estructuras de seguridad, a través de organizaciones definidas por el Estado como especializadas (Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, etc.) sin habilitar otras formas de intervención. Este enfoque considera sólo el evento y sus consecuencias: una situación de emergencia en la que hay que actuar, atender su impacto, reconstruyendo o compensando los daños producidos al medioambiente.
La teoría social del riesgo concibe a éste como proceso, como construcción histórica: se trata de situaciones complejas que se materializan en un territorio. La gestión de riesgo se ve como un continuo, diferenciando analíticamente cuatro dimensiones irreductibles: peligrosidad (aspectos físico naturales, físico químicos, vinculados al fenómeno desencadenante); exposición (aquello materialmente expuesto al peligro); vulnerabilidad (aspectos territoriales y poblacionales, como esa sociedad preparada para ese peligro o amenaza); e incertidumbre (aspectos del conocimiento, políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados; valores e intereses en juego; presiones políticas que afectan decisiones que se toman tanto en planificación de riesgo como en emergencia) (Barrenechea, 2001).
Es necesario buscar opciones diversas en torno a la gestión del riesgo y no sobre su producto (el desastre) o los problemas ambientales en general. Las decisiones a tomar para reducir el riesgo en medio de la incertidumbre deberían ser resultado de una combinación articulada de todos los sectores sociales, así como de todos los saberes, y no sólo el "científico"” (Feito, 2005). Para configurar esas decisiones, es requisito indispensable un diálogo que combine un intercambio de saberes (científico, popular, de sentido común, etc.). Es por ello que se otorga vital importancia a la perspectiva de los actores sociales, privilegiada en el análisis antropológico, es decir, reconocer, identificar, relevar e interpretar la voz de los sujetos sociales estudiados.
Si se reducen los riesgos, se tendrá como consecuencia que la importancia del evento, los daños que produzca, el impacto y los costos de reconstrucción serán significativamente menores. El riesgo y la vulnerabilidad podrían concebirse como resultado de un proceso precedente que ha producido consecuencias ambientales negativas, relacionado a su vez con un modelo de desarrollo que menospreció tanto la equidad social, como el debate entre los grupos sociales y las organizaciones.
Los problemas ambientales forman parte de la vida cotidiana de los habitantes locales. Para prevenirlos y reconocerlos es necesario tener en cuenta tanto la vulnerabilidad como la resistencia de los pobladores como de los ecosistemas, porque actuar sobre la vulnerabilidad significa actuar sobre el riesgo. ¿Cómo puede realizarse esto? Buscando opciones diversas en torno a la gestión de los problemas ambientales. Para reducir el riesgo se deben tomar decisiones entre todos los actores sociales involucrados, intercambiando distintos "saberes": el científico, el popular, el de "sentido común", etc.
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por las reglamentaciones vigentes siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización. Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
A nivel del municipio, el desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas. En este sentido, las ciencias sociales proveen modelos para resolver problemas con actores diversos, como es el caso de la planificación participativa, referida a la interacción entre sectores, que supone reglas por las cuales se establezca el intercambio entre este tipo de actores.
Sin una articulación práctica de estas distintas formas de pensar, saberes y percepciones y de interrelación entre actores diversos, la complejidad es inabordable. Este tema debería estar colocado en la agenda pública como un asunto fundamental y permanente de las políticas públicas, superando el modelo tradicional de planificación y gestión, que lo incorpora sólo en los momentos en que ocurre algún problema ambiental determinado (Feito, 2009).
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
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ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ADNUMA – CHILE)
XIX JORNADAS NACIONALES VII INTERNACIONALES DE
MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA
Y DESASTRES NATURALES
Viernes 27 de Mayo de 2011
María Carolina Feito
Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires)
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina
carofeito@gmail.com
Resumen
Analizamos dimensiones sociales, espaciales y ambientales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, en el partido de Exaltación de la Cruz del periurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores entran en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. Los impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural provocan tensiones y conflictos entre los distintos actores sociales. Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Las distintas percepciones que las personas tienen sobre el medioambiente y los riesgos ambientales que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. En este marco, el municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido. El desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
La expresión “rural” proviene de la palabra latina “rus”, que refiere a grandes espacios abiertos. Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. El boom de la segunda posguerra mundial terminó en los 70 con sucesivas crisis con consecuencias económicas y sociales. Surgen dos grandes tendencias para explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural, y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad. Así como el campo se urbaniza la ciudad también se ruraliza (Ratier, 2001), apareciendo procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios: (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier distingue respecto de nuevos pobladores rurales, tres tipos de situaciones: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. Pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo y suponen la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes-); ruralización urbana: presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes.
Desde los 90, en Argentina ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires. Estos espacios son `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano, `naturales´, previsibles, en el opuesto de cierta visualización de la ciudad, como caótica, violenta, contaminada (Lacarrieu y Thuillier 2001). Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. Esa ruralidad sui-generis es rechazada por los auténticos habitantes del campo, de clase alta. Se rompe con la concepción tradicional europea de lo urbano como civilización y progreso frente al atraso del campo, agudizada entre nosotros por la oposición civlización-barbarie. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno.
La antigua dicotomía campo-ciudad “se diluye ahora en un continuo que integra y conduce por gradaciones -como una especie de “gran cadena del ser urbano” (Capel. 1994:138, citado en Barsky, 2005) o continuum urbano-rural-, a los espacios circundantes . En este sentido, nuevas posiciones académicas se refieren a la neorruralidad o al neorruralismo para explicar estos fenómenos de penetración de las lógicas urbanas en el medio rural . Barros (1999, citado en Barsky, 2005) sostiene que “la idea de espacio rururbano puede asociarse a la de continuo rural urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyeron a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición campo-ciudad”. García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos Perdices (1995, citado en Barsky, 2005) identifican distintas situaciones (anillos concéntricos) a lo largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de usos), el espacio semirural urbanizado, el espacio rural dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y, por último, el espacio rural "marginal". La perspectiva de la nueva ruralidad enfatiza la revalorización de los espacios rurales, que se transforman en bienes de consumo para los habitantes urbanos, dada la atribución de ciertas características diferenciales: tranquilidad, ambiente menos contaminado, etc. Estos procesos y dinámicas se visualizan mejor en los ámbitos locales, que poseen formas de inserción especificas en el espacio regional históricamente determinadas.
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural, con especificación de los usos permitidos según las zonas; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, con incrementos favorecidos por inversiones especulativas que buscan ganancias a partir de cambios en los usos de la tierra. Estas áreas perimetropolitanas son de tamaño irregular y se encuentran generalmente entre unos 30 y 60 minutos de viaje desde el lìmite de la ciudad.
El estudio del periurbano supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad. De difícil definición conceptual y delimitación, se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad; constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad.
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos. En torno a la Ciudad de Buenos Aires se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005). Así, se destacan los nuevos usos residenciales y recreativos, las producciones intensivas de hortalizas y la floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias de corte extensivo, tradicionalmente pampeanas. Estos procesos, por un lado, reflejan el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana y, por otro, los cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido de Exaltación de la Cruz
El partido analizado se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Metrópoli, conectado por rutas 8 y 9, en tercer lugar del conurbano por importancia de urbanizaciones (destinadas a sectores extralocales y con ingresos elevados) y por extensión ocupada, con superficie total de 63.417 hectáreas, este partido incrementó su población un 40% durante los años 90. La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vìas rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales.
En este contexto, emergen tensiones entre lo residencial y lo productivo. En el partido tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . En los últimos 70 años ocurrieron importantes cambios agroproductivos. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios. El rol decreciente de la actividad agropecuaria ha disminuido su capacidad para retener mano de obra. En este contexto, se incorporan nuevas opciones de desarrollo de los espacios rurales (Craviotti, 2007).
La distribución espacial es la de un típico pueblo del interior: en cuadrícula con plaza central, el cual se desarrolla a orillas y a partir del ferrocarril. Las posteriores extensiones de la cuadrícula, con pequeñas variantes, han permitido que la ciudad conserve un perfil homogéneo. La planta urbana contrasta en cuanto a su inserción en el extenso entorno rural .
En el partido existen 110 granjas avícolas que producen actualmente más de 23 millones de aves para consumo . El avance descontrolado de las urbanizaciones amenaza esta actividad. La distribución de las granjas no es uniforme, se encuentran formando grupos; uno en zona relativamente urbanizada y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor (5.725 habitantes).
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
Murdock et al (1994) proponen cambiar el foco del lugar per se hacia una comprensión conceptual de la vía más apropiada para situar una localidad en su contexto, considerando la localidad como un “lugar de encuentro” (“meeting place”), es decir, lugares particulares vistos como cruzando una variedad de relaciones sociales que se extienden en grados diversos a través de espacio y tiempo. Analizar cómo se conforman las relaciones sociales y mostrar cómo actores en diferentes localidades se introducen en redes de relaciones que determinan o condicionan sus acciones, una especie de geometría de poder (“power geometry”). El concepto de red describe cómo grupos de actores juntan fuerzas para promover o resistir el desarrollo, en pos de encontrar nuevas arenas en las cuales participar. Esto marca un cambio en la compleja red de relaciones alrededor del uso de la tierra, como también otorga un rol crucial al sistema de planeamiento para actuar determinando cuánta tierra puede mantener producción agrícola (Murdock et al, 1994).
El dinamismo selectivo de lo residencial y la reactivación de lo productivo orientado a exportación derivó en paradoja en el partido, que había apostado a promover el asentamiento y expansión de emprendimientos residenciales mediante nuevas reglamentaciones a partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo . Asi, el partido sancionó en 1997 una ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) que favorece desde sus fundamentos ese tipo de asentamientos, llevando a segundo plano las actividades agrarias del medio rural, considerándolas negativas desde el punto de vista del empleo. Esta ordenanza preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. Sin embargo, en lo relativo a actividades agropecuarias intensivas (floricultura, horticultura, silvicultura, vivero, apicultura y criaderos de conejos, cerdos y aves) determina que sòlo pueden instalarse en la zona agropecuaria siempre que estén a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda. De este modo, se restringe el ejercicio de estas actividades en áreas donde existan proyectos habitacionales aprobados por el municipio, aún cuando no se hayan comenzado las obras. Esto provocó un conflicto manifiesto, entre avicultores y municipio . El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos.
Debido a su impacto positivo en la generación de empleo y la posibilidad de ingreso monetario en concepto de impuestos, los municipios del periurbano favorecen y privilegian la instalación de emprendimientos privados residenciales. Los actores locales se manifiestan relativamente débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). En el caso analizado, el nuevo ordenamiento territorial considera a los barrios privados como “industrias sin chimenea” (Craviotti, 2007), fomentando su localización en el partido .
Impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades productivas preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes recién están comenzando a organizarse. La percepción de contaminación ambiental por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (si cría pollos o produce huevos); el origen y ocupación de los vecinos (de qué zonas provienen y en qué trabajan). Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad: los recién llegados tienen una idea romántica del campo es visualizado como un ambiente relajador, prístino, no contaminado y bucólico, muy alejado del caos de la gran ciudad de la cual provienen. Por ello, al encontrarse que en los patios de sus nuevas casas “de campo” hay moscas, malos olores, bichos, pretenden que esto desaparezca porque no concuerda con la realidad que tenían pensada y les quita el relax y el disfrute. Es decir que esa percepción positiva del campo se va transformando en negativa. En cambio, para los productores agropecuarios instalados hace años en el partido, lo rural representa una forma de vida, la posibilidad de recibir ingresos para alimentar a sus familias, su lugar en el mundo. Lejos de la visión de los citadinos que se vienen a instalar en el partido, para ellos, su mundo rural no está contaminado. Algunos de ellos plantean que, frente a la amenaza de cierre de sus establecimientos por las acusaciones de contaminación de los nuevos vecinos, lo ideal es transladar la actividad a otro lado, pero, ¿a dónde ir?
Los estudios sociales de percepción de riesgo ambiental
Las distintas percepciones que las personas tienen acerca de los riesgos que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. Estas percepciones dependen de: la experiencia que la sociedad tiene de estos peligros (si ha pasado por situaciones de peligro o no); su cultura de la seguridad (la manera en que actuaron en el pasado si se presentó algún peligro) (Danklmaier et al, 2001). El marco teórico que sustenta este enfoque, se basa en dos componentes principales: por un lado, la actualización de lo que hoy se conoce respecto a planificación del desarrollo con participación social y por otro lado, el reconocimiento y la identificación de cuáles son las perspectivas que enfrentan las poblaciones estudiadas (Feito, 2000). Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Por lo tanto, resulta insuficiente el abordaje que considera estas problemáticas como una situación en la cual hay que intervenir de emergencia (ecología restaurativa). Esta concepción proviene de las ciencias "duras" y de un modelo político a partir del cual se interviene desde las estructuras de seguridad, a través de organizaciones definidas por el Estado como especializadas (Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, etc.) sin habilitar otras formas de intervención. Este enfoque considera sólo el evento y sus consecuencias: una situación de emergencia en la que hay que actuar, atender su impacto, reconstruyendo o compensando los daños producidos al medioambiente.
La teoría social del riesgo concibe a éste como proceso, como construcción histórica: se trata de situaciones complejas que se materializan en un territorio. La gestión de riesgo se ve como un continuo, diferenciando analíticamente cuatro dimensiones irreductibles: peligrosidad (aspectos físico naturales, físico químicos, vinculados al fenómeno desencadenante); exposición (aquello materialmente expuesto al peligro); vulnerabilidad (aspectos territoriales y poblacionales, como esa sociedad preparada para ese peligro o amenaza); e incertidumbre (aspectos del conocimiento, políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados; valores e intereses en juego; presiones políticas que afectan decisiones que se toman tanto en planificación de riesgo como en emergencia) (Barrenechea, 2001).
Es necesario buscar opciones diversas en torno a la gestión del riesgo y no sobre su producto (el desastre) o los problemas ambientales en general. Las decisiones a tomar para reducir el riesgo en medio de la incertidumbre deberían ser resultado de una combinación articulada de todos los sectores sociales, así como de todos los saberes, y no sólo el "científico"” (Feito, 2005). Para configurar esas decisiones, es requisito indispensable un diálogo que combine un intercambio de saberes (científico, popular, de sentido común, etc.). Es por ello que se otorga vital importancia a la perspectiva de los actores sociales, privilegiada en el análisis antropológico, es decir, reconocer, identificar, relevar e interpretar la voz de los sujetos sociales estudiados.
Si se reducen los riesgos, se tendrá como consecuencia que la importancia del evento, los daños que produzca, el impacto y los costos de reconstrucción serán significativamente menores. El riesgo y la vulnerabilidad podrían concebirse como resultado de un proceso precedente que ha producido consecuencias ambientales negativas, relacionado a su vez con un modelo de desarrollo que menospreció tanto la equidad social, como el debate entre los grupos sociales y las organizaciones.
Los problemas ambientales forman parte de la vida cotidiana de los habitantes locales. Para prevenirlos y reconocerlos es necesario tener en cuenta tanto la vulnerabilidad como la resistencia de los pobladores como de los ecosistemas, porque actuar sobre la vulnerabilidad significa actuar sobre el riesgo. ¿Cómo puede realizarse esto? Buscando opciones diversas en torno a la gestión de los problemas ambientales. Para reducir el riesgo se deben tomar decisiones entre todos los actores sociales involucrados, intercambiando distintos "saberes": el científico, el popular, el de "sentido común", etc.
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por las reglamentaciones vigentes siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización. Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
A nivel del municipio, el desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas. En este sentido, las ciencias sociales proveen modelos para resolver problemas con actores diversos, como es el caso de la planificación participativa, referida a la interacción entre sectores, que supone reglas por las cuales se establezca el intercambio entre este tipo de actores.
Sin una articulación práctica de estas distintas formas de pensar, saberes y percepciones y de interrelación entre actores diversos, la complejidad es inabordable. Este tema debería estar colocado en la agenda pública como un asunto fundamental y permanente de las políticas públicas, superando el modelo tradicional de planificación y gestión, que lo incorpora sólo en los momentos en que ocurre algún problema ambiental determinado (Feito, 2009).
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
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