MERCADOS POPULARES PROGRAMA URBANISMO SOCIAL ARQTA MARCELA VIO

PROGRAMA URBANISMO SOCIAL

Objetivo:
A través del desarrollo de la urbanización el programa apunta mejorar la seguridad individual y colectiva y la calidad de vida de los habitantes de la provincia.
La implementación
En su primera etapa de implementación contempla el desarrollo de acciones públicas en 100 villas y asentamientos precarios del AMBA (cabe recordar que en todo el conurbano hay alrededor de 1000 villas y asentamientos y mas de 100 barrios con inicio de obras financiadas por el Estado nacional en forma directa a los Municipios), las que tendrán impacto directo en la vida cotidiana de más de 1 millones de habitantes de la Provincia. Se priorizarán aquellos que presenten las condiciones urbano- ambientales más críticas, los que mayoritariamente se localizan en la gran cuenca del Río Matanza- Riachuelo.
Las acciones previstas:
Se llevarán a cabo obras de infraestructura para dotar de servicios básicos a estos barrios: luz, agua, y saneamiento. También se extenderá la superficie pavimentada para garantizar mejores condiciones de accesibilidad a la población afectada, contribuyendo directamente al objetivo en torno al incremento de las condiciones de seguridad.
Articulará principalmente con los recursos previstos del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, dispuesto por el Gobierno Nacional, el PROMEBA y otros. Se desarrollarán soluciones habitacionales para familias que habitan viviendas precarias y para aquellas que sufren condiciones de hacinamiento. De este modo, se particularizarán las respuestas según las necesidades presentes en cada barrio, las que incluirán la construcción de viviendas nuevas de interés social así como la incorporación de mejoras en el parque habitacional existente.
Trabajo multidisciplinario, se suman otros programas de inclusión social (niñez, jóvenes y adolescentes –ENVION-, desarrollo local, economía social, fortalecimiento a organizaciones e instituciones, pensiones, de género, manzaneras)
Modalidad de Gestión:
Esta iniciativa del Gobierno Provincial se constituye como articulador entre el Gobierno Nacional y los Municipios, a través de la coordinación interministerial para el desarrollo y ejecución de proyectos de urbanización de villas y asentamientos precarios. La Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social asume la coordinación del Programa garantizando la adecuación del mismo a la diferentes circunstancias y problemáticas urbano- ambientales vigentes en los distritos. Desde esta perspectiva, el rol de los gobiernos municipales es clave para definir las prioridades locales y potenciar sus recursos disponibles con la cooperación técnica del Gobierno provincial. Desde la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social brindará a los municipios todas las herramientas necesarias de planificación y desarrollo del proyecto de urbanización. De este programa también participan el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y el Programa Soluciones Ya.
En esta primera etapa, la Provincia buscará acuerdos con las Universidades Nacionales en territorio bonaerense, para la conformación de equipos técnicos que contarán con profesionales de distintas carreras: arquitectos, ingenieros, agrimensores, ambientalistas, abogados, trabajadores sociales, etc. Su misión incluirá:
1- El relevamiento de datos censales y la confección de diagnósticos que den cuenta de la situación social, urbana y ambiental de cada uno de los barrios;
2- Deberán además evaluar la viabilidad de las obras en cada lugar;
3- Resolver las cuestiones relativas a la regularización dominial; así como la identificación de tierras vacantes que satisfagan las necesidades de suelo para aquellas familias que requieran ser relocalizadas.


PROYECTO: MERCADOS POPULARES LOCALES en Villas y Asentamientos del AMBA

Introducción:
Este proyecto integra las acciones que se inscriben en el componente: Fortalecimiento de la Economía popular y promoción de la economía local del Programa Urbanismo Social que implementa el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires a través de su Subsecretaría de Inclusión.
Dicho programa contempla un conjunto de acciones públicas dirigidas a mejorar las condiciones sociales y materiales de vida de los hogares pobres residentes en villas y asentamientos en partidos del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
El componente citado prevé la ejecución de proyectos orientados, especialmente, al fortalecimiento y mejora de las condiciones de producción y consumo de estos hogares, a la vez que puedan promover la articulación de los diferentes sectores que componen la economía local para mejorar y aumentar las oportunidades de desarrollo del sector de economía popular .

Objetivo General: Mejorar los niveles accesibilidad a los alimentos y de seguridad alimentaria local a partir de la creación de mercados populares en villas y asentamientos del AMBA.

2. Objetivo Específicos:

1. Mejorar las condiciones de consumo en general y de alimentos, en particular, de los hogares de villas y asentamientos;
2. Promover y apoyar la creación de mercados populares en villas y asentamientos en partidos del AMBA;
3. Generar espacios de comercialización directa de alimentos frescos entre productores familiares organizados y consumidores reduciendo la intermediación y mejorando los precios al consumidor;
4. Mejorar las condiciones de consumo, en general, y en particular de alimentos frescos de los hogares a los que se orientan las acciones del programa Urbanismo Social;
5. Promover el consumo asociativo, responsable y crítico y la formación de precio justo a nivel local;
6. Fortalecimiento socioproductivo de la red de productores organizados (familiares) a partir de la integración en una cadena productiva que permita nuevas oportunidades de negocio con mejoras en sus condiciones de venta.
7. Fortalecer las capacidades locales, en particular las del gobierno local para el sostenimiento de estas estrategias de consumo y comercialización en el tiempo
8. Integración territorial entre zonas productoras de alimentos y zonas de consumo desde un enfoque de soberanía alimentaria regional.

3. Justificación del Proyecto:

Este proyecto tiene su fundamento en la recuperación de prácticas de consumo y comercialización que hoy llevan adelante los hogares consumidores y productores de sectores populares, las que requieren del apoyo del Estado para mejorar sus posibilidades de desarrollo.
En este sentido desde la Dirección Provincial de Economía social y Desarrollo Local se persiguen como objetivos de gestión la concreción de proyectos que impliquen la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento del sector de economía popular, que puedan traducirse en mejoras de las condiciones de consumo, producción y de amplificación de posibilidades de trabajo e ingreso para los hogares que la integran.
Bajo esta hipótesis la estrategia de promoción de mercados populares actúa integrando los varios distintos objetivos de gestión trazados por la Dirección, en tanto aborda la integralidad del proceso de en el que se inscribe el desarrollo de la economía popular, abarcando todas sus etapas: producción, circulación, comercialización y consumo; y a la vez porque promueve la organización social, condición ineludible para su desarrollo.

4. Contexto de implementación
El proyecto prevé su implementación en el territorio del Area Metropolitana de Buenos Aires, en una primera etapa abarcando a un grupo de partidos que integran el primero y segundo cordón. Los registros disponibles señalan que el mapa del Conurbano, cuenta con más de 800 barrios populares, entre villas y asentamientos, los que alojan un total de población que supera el millón de habitantes, en condiciones de vulnerabilidad social y de déficit urbano-ambiental que obstaculizan el despliegue de sus vidas cotidianas.
En el marco del proyecto nacional, una parte significativa de esta población son actualmente sujetos de política social de los diversos programas que viene implementando el Gobierno Nacional y Provincial. Sin dudas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), constituye actualmente la acción pública más potente en su capacidad de transformación de las condiciones de vida de estos hogares, lo que configura para el proyecto de Mercados Populares un contexto propicio sin precedentes. Según datos publicados la AUH distribuye un ingreso anual del orden de los 7mil millones de pesos alcanzando a 1.650.000 familias de todo el país, con lo que suponemos que una parte importante de este ingreso llega bajo esta modalidad a los hogares a los que se dirige el proyecto de mercados populares.

5. Modalidad de Ejecución
El proyecto prevé la constitución de mercados populares en villas y asentamientos de partidos del AMBA. En su primera etapa estipula la incorporación de dos distritos llegando al 2011 a la mitad de los distritos del conurbano.
Desde la DPESDL se articularán las acciones con los Gobiernos Municipales, los que tendrán bajo su órbita de decisión, la definición del área geográfica de cobertura del presente proyecto.
Se establece una primera fase de implementación, en barrios que por sus características sociales y materiales hagan viable su implementación.
Desde la misma Dirección se asistirá técnicamente a los Municipios trabajando directamente con los hogares consumidores en los barrios, fortaleciendo los procesos organizativos que puedan sustentar en el tiempo esta iniciativa de “mercado popular” a la vez que trabajando sobre cuestiones referidas a la soberanía alimentaria, y la concientización sobre la importancia del consumo de alimentos frescos, y los beneficios de la compra directa.
El trabajo con los productores estará mediado por las organizaciones sociales que nuclean a los productores familiares. La producción se concentrará en puntos determinados del tercer cordón denominados centros de concentración situados en la zona periurbana del tercer cordón del Area Metropolitana. La comunicación entre los productores organizados en estos centros y los consumidores organizados en barrios será sostenida por el “coordinados de abastecimiento”. Esta figura deberá tener un perfil territorial y deberá coordinar todas las condiciones relativas al abastecimiento desde el punto de concentración hasta el barrio destino. Con los productores se abordarán cuestiones que hacen a la organización y asociatividad entre ellos necesarias para el sostenimiento de la oferta en estos mercados. Asimismo, se trabajará en la definición de estrategias que permitan la autonomización de los productores para el sostenimiento de la comercialización, en el marco de estos mercados populares locales.
Asimismo, se prevé asistencia financiera para el costeo de los gastos derivados de la logística para la concreción de los mercados populares locales, los que en principio presentan dos grandes divisiones: transporte y dispositivos de exposición para la comercialización.

Las siguientes acciones de intervención barrial del programa de mercados populares itinerantes podrán ser llevadas adelante por equipos técnicos conducidos por municipios y conformados por organizaciones barriales, manzaneras u otros referentes barriales que se manifiesten preocupados por la nutrición de los habitantes del barrio.




Objetivos del equipo de intervención


1. Generar un proceso de gestión asociada entre el municipio y las organizaciones barriales.
2. Generar un proceso de integración social entre productores y consumidores.
3. Generar el cambio de hábitos adecuado a la seguridad y la soberanía alimentaria

Acciones de nivel socioeconómico:

1. Crear una mesa de gestión barrial entre el municipio y los referentes barriales con capacidad para decidir en todo lo referente a la feria. (gobierno de la feria)
2. Supervisar la logística necesaria para llevar a cabo la feria.
3. Supervisar la relación productores-consumidores, el proceso de formación del precio justo y la adecuación oferta-demanda.
4. Organizar a los consumidores y propender a sostener a la feria como espacio de diálogo entre consumidores y con los productores a los efectos de concertar los aspectos críticos como precios justos, espacios disponibles, periodicidad del mercado, seguridad, etc.
5. Elegir en el marco de los talleres una comisión de mercados populares conformada por dos referentes de comercialización (un titular y un suplente) encargados de coordinar con los productores todo lo referente a la implementación del mercado y un responsable del armado del taller especial.
6. La convocatoria local puede incluir a los verduleros del barrio para comercializar el excedente de la feria a lo largo de la semana.
7. Revisar periódicamente los niveles de precios y la correcta formación del precio justo entre productor y consumidor.
8. Realizar un registro de ventas de cada producto y detectar productos que no se venden o se venden poco para su posterior problematización.

Acciones socioculturales:

1. Planificar participativamente con los referentes barriales una serie de talleres donde trabajar:
• la necesidad de compras por bultos (cajones, bolsas grandes, etc) ensayando estrategias asociativas entre los vecinos. Trabajar sobre la base del conocimiento existente entre ellos y la experiencia exponiendo las mejores prácticas.
• la problemática emergente en el campo de la nutrición: selección balanceada de alimentos (nutrición), elaboración de alimentos (cocina),
• una intervención en los hábitos relativos al consumo, la nutrición y culinarios referidos a los productos que se proveen en la feria, promoviendo la toma de conciencia respecto al consumo asociativo, responsable y crítico y la formación de precio justo a nivel local;
2. Para momentos especiales (fiestas) armar talleres especiales con la participación de cocineras/os reconocidos con la finalidad de obtener el impacto social necesario para incidir en pautas alimentarias de gran raigambre cultural como lo son el poco consumo de verdura de hoja, la falta de conocimiento sobre la carne de conejo, el balanceo necesario a nivel nutricional de las comidas, etc. Las cocineras a convocar deberán hacer una propuesta adecuada a las condiciones económicas y culturales problematizadas en el barrio.

6. Productos, cronograma de implementación y resultados esperados

EJE TRABAJO ACCIONES PRODUCTO ACTORES RESULTADOS ESP
Gestión Mercados Populares Conformación mesa de gestión con municipio Selección de 5-6 barrios para la implementación de la propuesta DPESDL, Municipio, Organización de productores Mercado Popular local en Barrios 588seleccionados
Fortalecimiento de la organización para el consumo Talleres en los Barrios seleccionados para trabajo con hogares consumidores Realización de por lo menos 2 talleres en cada barrio DPESDL, Municipio, Organizaciones del Barrio Que los hogares consumidores conozcan la inciativa y generen disposición para el sostenimiento de la propuesta
Fortalecimiento de la organización de productores Mesa con Organizaciones de productores para analizar estrategias de implementación de la propuesta Esquema y planificación de implementación de la propuesta de mercado popular DPESDL, Organizaciones de productores
Coordinador de abastecimiento Itinerario, frecuencia y esquema logístico para concreción de la propuesta
Realización Mercados Populares puesta en marcha de los mercados en los Barrios seleccionados Mercados populares locales operativos DPESDL, Municipio y organizaciones barriales y de productores
Coordinador de abastecimiento Realización de los mercados según frecuencia planificada

las políticas macroeconómicas de ajuste estructural y su impacto territorial en la Argentina de los 90 Marcelo Sili

Departamento de Geografía
Universidad Nacional del Sur
12 de Octubre y San Juan 8000
Bahía Blanca, Argentina
RESUMEN
Las políticas de ajuste estructural de los años 70 y 80 no son independientes del territorio y la sociedad; es más, ellos son 1o mas afectados por dichas políticas, en forma directa o indirecta. En la Argentina de las últimas dos décadas, los cambios socio-económicos han sido notables, y el espacio como producto social se ha visto involucrado en dichos cambios, especialmente en los últimos cuatro años donde una serie de políticas económicas derivadas del gobierno nacional tiende sin proponérselo a modificar la organización del territorio, especialmente a través de la trasferencia de bienes y servicios y la consiguiente re-estructuración laboral que ello ha producido. Los efectos de esta transformación económica comienzan a manifestarse, en especial un nuevo proceso de concentración territorial, el cual, de no mediar políticas territoriales explícitas y de caracter regional en el corto o mediano plaza, tenderán a acentuar las ya consolidadas desigualdades territoriales.
INTRODUCCION
Las políticas de ajuste estructural que se pusieron en práctica en America Latina durante las décadas del 70 y 80 han tenido y siguen teniendo grandes repercusiones territoriales. EI territorio como instancia social ha sufrido dichas políticas y en much os casos ha sido también un mecanismo de ajuste a través de políticas puntuales. En este artículo intentaremos mostrar globalmente la reestructuración económica que se produjo en las últimas dos décadas en Argentina y que han dado como resultado las políticas imperantes hoy día. Posteriormente políticas económicas sobre el territorio, tomando ejemplos concretos.

CRISIS Y AJUSTE ESTRUCTURAL EN LAS DECADAS DEL 70 Y 80
La larga fase expansiva del capitalismo occidental de posguerra tiende a culminar a comienzos de los setenta. La explicitación de esta caída de la expansión económica estuvo dada por la disminución de la tasa de ganancia o la disminución de la rentabilidad en sectores productivos, lo cual hizo que el capital se refugiase en el sector financiero, donde las tasas de interés ofrecían una tasa de ganancia mayor que en la actividad productiva. Esta fase es crucial en la Argentina, especialmente en la etapa de la "patria financiera" que se generó en el país durante la dictadura militar y gran parte del primer gobierno democrático. Esta etapa llamada "patria financiera" se caracteriza por la alta rentabilidad del sector financiero, la cual fue mucho mayor que la del sector industrial y agropecuario.

Desde otro punto de vista, esta época y esta crísis económica ponen fin a los estados populistas en Argentina. La baja sustancial en la tasa de ganancia en la actividad productiva a nivel internacional fue acompafñada necesariamente de una reestructuración laboral en las economías internacionales. Esta reestructuración laboral trajo aparejado dos procesos para los países centrales. Por un lado, una reducción [end p. 77] consiguientes conflictos sociales que desencadenó, o en otros casos el desplazamiento de la actividad productiva hacia la periferia donde se goza de un costa salarial sumamente menor. A ello hay que agregar la instauración de un nuevo modelo de regulación laboral propio del régimen de acumulación pos-fordista.

A la par de este proceso que vivían los países centrales (en donde las tasas de inversión eran historicamente bajas) otras naciones se vieron "beneficiadas" par dicha crísis productiva: se trata de aquellos países que se beneficiaron can el traslado de actividades productivas debido a su menor costa salarial.

En tanto, en otros países periféricos se aprovechó la oportunidad para captar los créditos--existía un exceso de liquidez monetaria a nivel internacional--- que la banca internacional no podía colocar en los países centrales par lo cual crecen de esta manera (y a ritmos logarítmicos) las deudas externas de los paíes periféricos.

Entrada la década de los ochenta la actividad productiva en los países centrales se recupera en forma notable obteniéndose tasas de rentabilidad por encima de las financieras. Esto se debió a la reconversión de la actividad productiva. Pasamos así a nuevas modelos productivos: el taylorismo--- también denominado fordismo---da lugar a la producción flexible, neofordismo o posfordismo. Se trata no sólo de nuevas formas de acumulación sino también de nuevas formas de regulació de la economía capitalista mundial. Se acentúan en esta nueva etapa la diversificación productiva, las nuevas formas de producción operadas bajo la robótica o sistemas sumamente complejos, y la generalización en la utilización de tecnologías de punta que vienen de la mana de la electrónica y la informática.

En esta nueva fase económica internacional, aquellos países que no se reconvierten, se cualifican y se tornan mós competitivos, quedan fuera del mercado, y en un contexto de globalización económica capitalista esto significa no tener posibilidades de desarrollo económico.

En tanto, en la Argentina la historia tiene otros matices. La vida económica de las varias décadas de gobiernos constitucionales y dictatoriales a partir del ano 1930, tuvo fases de un mayor a menor intervencionismo estatal, pero dichas políticas económlcas nunca estuvieron desvinculadas de la división intemacional del trabajo y de las relaciones internas del poder en torno al control del poder hegemónico dentro del país.

Históricamente, estos conflictos giraron alrededor del sector agropecuario oligárquico y de los exportadores vinculados al mismo. Ya en las décadas del cincuenta y sesenta empiezan a cobrar importancia los sectores industriales, los cuales much as veces tenían relaciones directas con el sector agropecuario tradicional. Estos conflictos entre bloques productivos en gran parte eran mediados par los gobiernos dictatoriales o por gobiernos democráticos con un fuerte poder presidencial.

Es decir que en los casas en que estos conflictos internos (que emergen par la imposición de diferentes modelos de desarrollo nacional) fuesen muy graves solo los militares a los gobiernos presidencialistas muy rígidos eran capaces de arbitrarlos a través de medidas de control social más a menos rígidas. Estas décadas de gobiernos populistas si bien trajeron aparejada la generación de una estructura industrial incipiente y un ascenso rápido de los sectores obreros, también contribuyó a convalidar la puja entre bloques económicos y el status-quo empresarial contribuyendo de esta manera a enviciar ademas el aparato productivo que no tenía por si mismo capacidad para competir internacionalmente, sino fuera par las ventajas comparativas de la producción agropecuaria y par los subsidios históricos que recibió la industria por parte de la agricultura.

Tal como lo señala Nogues (1988, 163) "Ia protección que brindó el estado a los sectores empresariales nacionales provocó una falta de competencia que dañó la economía nacional en diversos aspectos: aumentaron las estructuras oligopólicas del mercado, se redujeron los incentivos para mejorar su eficiencia y calidad y ampliaron la brecha tecnológica can los países centrales generando diferencias competitivas sustanciales entre dichos países y la Argentina."

Esta escasa capacidad de innovación, cualificación y aumento de la productividad --repetimos---se debe en parte al viciamiento que existía en algunas grandes empresas nacionales en conjunto can la escasa competencia generada par el caracter oligopólico de la misma. Esta estructura de [end p. 78] grandes empresas oligopólicas (o grandes bloques económicos) que basaban su ganancia en subsidios del estado o en contratos directos con él, sumado a la escasa capacidad de competir internacionalmente, trajo aparejado indirectamente (por las presiones que ejercieron sobre el estado) un proteccionismo que paulatinamente fue desmantelado.

Es por ello que la estructura productiva se vió enfrentada a la reconversión, la cual era imprescindible si se pretendía jugar en el escenario económico mundial. Los primeros pasos en el ajuste económico y la reconversión están dados por el gobiemo peronista de los años 1973-76. Pero no sólo se produjo un cambio en la política económica global, sino que ante todo como afirmamos anteriormente se produce la finalización del estado populista, ya que dicha forma estatal era incapaz de mantener y acrecentar Ias posibilidades de acumulación capitalista. De esta manera, como afirma Tarcus (1992, 43) "comienza a configurarse una nueva totalidad social y una nueva forma de dominación estatal a medida que se va desarticulando la anterior."

Dicho de otra manera el estado populista se vuelve muy costoso para las clases dominantes y no permite mantener regímenes de acumulación importantes. Este encarecimiento del estado populista más las necesidades de reestructuración para hacer frente a las nuevas fases del capitalismo internacional determinan su transformación, la cual se realiza paulatinamente hasta la actualidad. Se trata aquí de la adaptación a las nuevas formas de acumulación imperantes a nivel mundial.

Los problemas internos que se suscitaron en el interior del mismo partido político peronista y en los sectores externos por una mayor cuota de poder generó una violencia social que generó un gobierno militar que se había transformado en el árbitro de los sectores económicos argentinos. EI próximo gobierno militar permanecería en el poder desde el golpe de estado del afño 1976 hasta diciembre de 1983.

La política económica de este gobierno militar --tal como estaba establecido en su programa político--terminó con la industria orientada al sector interno; intento además concentrar la actividad manufacturera en sectores ya industrializados, y principalmente buscó reducir los salarios para crear nuevas posibilidades de acumulación. A la par. se intentaba generar nuevas oportunidades en el sector agropecuario tradicional para de tal manera obtener divisas a partir de las exportaciones.

Solo resistió la apertura el sector manufacturero capaz de insertarse en forma competitiva dentro del mercado mundial, es decir el sector agroindustrial, químico y de industrias básicas. Tal como lo señala Abalo (1991,5) "se estaban creando los fundamentos de un orden que trataría de reconvertir al sector industrial, pero de tal manera que pudiera coexistir con la antigua estructura agroexportadora. Por lo tanto coexistían dos grandes protagonistas: los industriales y los ruralistas."

La "patria financiera" de fines de los setenta y principios de los ochenta se establece en Argentina en una fase recesiva de la economía mundial. En ese entonces la tasa de ganancia de las actividades productivas cae a nivel mundial pero sube en la Argentina la tasa de interés financiera; las rentas generadas dentro de dicho circuito se asientan sobre el deficit fiscal y la baja generalizada de los salarios. Desde una perspectiva social esto se pudo lograr debido a la generación de un terrorismo de estado que permitió actuar a los grupos económicos y al estado propiamente dicho sin conflictos marcados debido al amplio control social existente. Superado el conflicto de las Islas Malvinas la Argentina entra en un nuevo periodo democrático en el cual el modelo ideológicamente dominante intenta asemejarse a las social-democracias europeas, especialmente Alemania y Francia.

En el campo económico se legitima la política de ajuste estructural, la deuda extern a y las privatizaciones. La política de este ajuste repercute sobre los niveles salariales (ya que la deuda se paga con la reducción salarial y con el aumento de los tributos sobre el consumo). A diferencia con el anterior gobierno militar en este se realiza una política de subsidios y de apoyo económico al sector industrial en detrimento del sector agropecuario, anteriormente privilegiado.

Tal como lo señala Abalo (1991, 10) "la suma de subsidios del estado al sector privado y el pago parcial de la deuda, más el continuo reciclaje de las acreencias precipitaron la quiebra del estado y la hiperinflación." Esta crísis que vivió el país con picos hiperinflacionarios implicó el fin del primer gobiemo democráico y acelero la toma del poder por un segundo gobierno.[end p. 79]

EI Dr. C. Menem asume el poder en medio de una crísis inflacionaria. Para superarla el gobierno pasó por tres tipos de planes económicos; el último, actualmente en vigencia, es él que más nos importa para describir la situación nacional. Sin embargo, es necesario hacer referencia a las fuerzas que actuaron en la gestación de los otros dos anteriores para comprender la dinámica del poder en Argentina.

EI primer plan, denominado BB, 1intentaba recomponer la estructura productiva sobre la base de un aumento exportador agroindustrial y petroquímico. Además intentaba fortalecer el papel del estado como regulador de la economía. Este plan no dió resultado debido a que no se priorizaba el pago de la deuda por lo cual la banca acreedora lo desestabilizó. Por otra parte, nuevamente las pujas internas por el control del poder económico impidió el acompañamiento al plan económico del gobierno.

En la segunda etapa, que podemos considerar como de transición entre el plan BB y el plan de convertibilidad, se Iiberalizó aún más la economía, de manera que el gobierno pudiera absorber las divisas necesarias para poner en marcha el futuro plan de convertibilidad.

Este último tiene como eje central asegurar la estabilidad de los precios tomando como patrón de valores al dólar estadounidense dentro de un mercado Iibre: ello plantea la necesidad de asegurar la estabilidad macroeconómica fiscal, monetaria y externa. Una de las maneras más directas de asegurar dicha estabilidad es a partir del control del equilíbrio del precio del dólar. Para ello el estado debe recurrir al mercado cambiario actuando en la compra y venta de dó1ares de manera tal de poder mantener dicha moneda estable en relación ala moneda nacional, el peso.

Esta estabilidad depende de dos grandes variables: el aumento de la productividad y el ingreso de divisas al país. Esto generó una caída en la tasa de interés financiero lo que permitió que los capitales se dirigieran al sector productivo generando así una mayor dinámica productiva.

Pero por otro lado much de los capitales internacionales fluyeron a la Argentina debido a que la tasa de interés era mayor en comparación con las del resto del mundo. La paradoja de este proceso es que la Argentina deja de ser una "patria financiera" nacional, para transformarse en una "patria financiera" internacional, donde capitales "golondrinas" realizan sustanciosas ganancias en pocos meses.

Para poder lIevar a cabo dicha política de convertibilidad se necesita por lo tanto un sustancial aumento de productividad que no se puede lograr en una estructura productiva viciada históricamente y no competitiva. Es necesario aclarar que esto se produjo por el tipo de control y manejo de la economíaó que hicieron los diferentes gobiernos en conjunto con los grupos económicos dominantes agroindustriales, industriales y financieros. Para lograr esta competitividad y este disciplinamiento fiscal que permita obtener los recursos para el pago de la deuda, se establecen distintos tipos de relaciones entre sectores.

EI sector agro-exportador, si bien se ve perjudicado por el dólar bajo (especialmente los pequeños productores agropecuarios) es beneficiado por una tributación comparativamente menor que otros sectores de la economía. Pero aparte de ello a partir de las privatizaciones controlara los sectores de transporte, de comercialización y porturario por lo que podrán operar en forma más independiente del estado, flexibilizando asi su capacidad operatoria. Cuando hablamos de sector agro-exportador no nos referimos a los productores rurales, sino a aquellos que controlan la cadena, acopio, transporte y exportación. El productor agropecuario entra entonces en una grave crisis que reestructura el sector. 2

El sector industrial, que también sufre por la baja del dólar, lo acepta en la medida que se ponga en marcha la flexibilización laboral---aumento de horas de trabajo y reducción de salarios---- de manera tal de poder aumentar la rentabilidad via disminución salarial. Por otro lado la banca internacional obtiene posibilidades de ganancia a partir de su participación en las privatizaciones de los bienes y servicios del estado.

Si bien se ha elevado la productividad en algunos sectores económicos especialmente en aquellos ligados al sector exportador de bienes agroindustriales y petroquímicos y algunas ramas industriales, ello se hizo en forma corporativa, es decir dentro de la esfera de los grandes capitales nacionales e internacionales que participan en forma directa e indirecta en el plan de convertibilidad. Ello significa que este nuevo aumento en la productividad es logrado sin un aumento en el empleo; es más, el [end p. 80] número de desocupados tiende a disminuir progresivamente debido a las despidos masivos en las empresas y en el sector estatal en su conjunto.

Es decir que se va conformando tal como lo señala Tarcus (1992, 64) "una sociedad dual que busca dividir al sector obrero en dos grupos antagónicos: los que continuan insertos en el proceso productivo (can reducciones salariales y flexibilización laboral) y aquellos que estan excluídos del proceso y que sobreviven en el trabajo informal a son directamente marginados y desocupados."

Esta desarticulación y confrontación social que conduce a caídas salariales (hay que tamar en cuenta la nula capacidad del movimiento sindical) también está fomentada par la desarticulación y agravación de los sistemas de salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos. Todo ello contribuye no sólo a polarizar a la sociedad en pobres y ricos, sino también a las pobres entre sí para evitar perder las pocas posibilidades que el sistema les está ofreciendo a un sector de ellos. Esta desarticulación está atentando can lo má característico de los movimientos obreros: la solidaridad, lo cual implica la inutilidad de los sindicatos organizados dentro de un esquema de política económica como el vigente.

Toda esta política ha repercutido sin duda en la economía doméstica ya que se produjo una estabilización económica can una drástica reducción de la inflación después de más de veinte años de estampidas inflacionarias. Esto posibilitó la existencia del crédito (herramienta perdida después de muchos años por el habitante común) generó un mayor consumo en las capas medias y altas de la sociedad y permitió la expansión de algunos sectores industriales (especialmente el sector automotor y é de bienes suntuarios).

En síntesis, si bien esta política ha dado resultado en los aspectos señalados, lo ha hecho en función de una mayor retracción salarial y de un alto número de desempleados, de una dependencia de los sectores externos a su economía---es decir la banca internacional, y del aperturismo que la hace más dependiente de un mercado global cada vez mas competitivo.

De este modo, manteniéndose una política de desarrollo económico de esta índole podemos afirmar que para obtener el resultado esperado ---generar un aumento de productividad y una reestructuración económica interna--- se deberá poner énfasis en las posibilidades de competitividad internacional y en el desarrollo científico-tecnológico que permitan a la economía argentina operar en nichos de mercado en los que pueden existir posibilidades de crecimiento a mediano y largo plaza.

Todo esto debe ser analizado en función de la cambiante economía mundial, en este nuevo e inacabado proceso de reconversión y de transformación de un modelo productivo fordista a un nuevo modelo productivo posfordista, y para el cual la Argentina no se encuentra todavía preparada.

MECANISMOS DE TRANSFORMACION TERRITORIAL DERIVADAS DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA ARGENTINA
El territorio como parte sustancial y constituyente de la sociedad humana se transforma en la medida que se transforma su sociedad. Nadie duda que la sociedad argentina ha pasado en los ultimos cuatro años, por cambios estructurales que tienen repercusiones territoriales de envergadura aunque en estos momentos sólo podamos observar algunos indicios.

Tal como lo señala Milton Santos (1982, 55):

[U]n espacio puede cambiar su sistema político económico e iniciar cambios sociales de envergadura, sin embargo el espacio puede permanecer respondiendo al antiguo sistema político-económico. Posteriormente ese espacio se va articulando con ese sistema político-económico hasta ser funcionales el uno con el otro, territorio con sistema político-económico y viceversa.
Es por ello que no se puede entender el cambio territorial en la Argentina si no se entienden los procesos globales de la economía y la sociedad y especialmente los procesos puntuales que transfieren los mecanismos globales a los mecanismos territoriales que generan dichos cambios.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el estado nacional a través de una serie de herramientas y mecanismos político-económicos está generando una nueva e incipiente organización territorial nacional, pero lo está hacienda a partir de una política de transformación económica y no directamente a partir de intervenciones puntuales en el territorio. Existen por lo tanto evidencias de que estos mecanismos están generando nuevas concentraciones territoriales sobre la base de áreas ya históricamente concentradas (áreas metropolitana), en detrimento de áreas que [end p. 81] estaban históricamente apoyadas por el estado nacional.

La distribución de la densidad poblacional en la República Argentina tiende a concentrarse en la zona central y metropolitana donde se localiza mas del 50 porciento de la población del país, y de su fuerza productiva (Figura 1). En esta parte no nos vamos a detener en el análisis de las transformaciones territoriales en sí mismas (aunque existirían algunos elementos para poder anunciar nuevas concentraciones en el área de vieja industrialización, es decir el área metropolitana de Buenos Aires) sino que intentaremos definir los mecanismos de política económica que operan sobre los cambios territoriales. Los mecanismos que se detectan como fundamentales de la actual política económica que tienen incidencia sobre el territorio y la dinámica regional son los siguientes:


EI ajuste fiscal provincial y el ajuste de precios en bienes y servicios anteriormente subsidiados
La descentralización de bienes y servicios nacionales hacia las provincias
La privatización de bienes y servicios a cargo del estado
La desregulación del mercado y de ciertos tipos de servicios
EL AJUSTE FISCAL PROVINCIAL Y EL AJUSTE DE PRECIOS EN BIENES Y SERVICIOS ANTERIORMENTE SUBSIDIADOS
Una de las herramientas que impactan de manera decisiva en en territorio nacional es el ajuste fiscal y de precios de las provincias (Gatto, 1992). La política de ajuste ha generado o intenta generar una drástica reducción del gasto público nacional como provincial. Es por ello que con la nueva ley de convertibilidad se suspendieron en un principio todos los programas de desgravación impositiva y de apoyo a las áreas má retrasadas o con menores posibilidades de desarrollo del interior del país y los precios diferenciales de transporte y energía.

Es decir que las ventajas que antes tenían algunos sectores industriales en el interior del país por reducción impositiva o de precios relativos ha finalizado: el nuevo mapa impositivo nacional es ahora uniforme. Así a las empresas no les afecta impositivamente tal o cual porción del espacio nacional, sino que las decisiones de localización pasan a depender de otras variables económicas más relacionadas con el mercado de bienes y servicios, además de las posibilidades de mano de obra barata y acceso a información y mercados. Por otro lado se termina con los precios subsidiados de algunos bienes y servicios, por ejemplo el del combustible, el gas o la energía eléctrica, ya que ahora se trata de servicios privados sin discriminación tarifaria territorial. De esta manera se genera un sobrecosto del nivel de vida en aquellas provincias donde las distancias son muy grandes (por ejemplo, región patagónica) y donde el precio de los bienes y servicios obedece al precio de mercado ---que termina siendo más elevado debido a los altos costos de flete. [end p. 82]

Desde otro punto de vista el estado nacional reduce drásticamente su financiamiento a las provincias para solventar sus déficits internos, ejerciendo a su vez presiones para disminuir los gastos públicos provinciales. Esta situación en las provincias genera un círculo vicioso de empobrecimiento. Con la desaparición de las desgravaciones impositivas, las empresas tenderían a irse de dichas provincias hacia áreas de menores costos relativos; a ello se suma por un lado, que el costo de vida es allí mucho más elevado que en las zonas centrales del país y por otro que el estado provincial tiene menos posibilidades de inversión y de generar políticas públicas de desarrollo. Así se produce el empobrecimiento progresivo de dichas regiones. Cabe entonces la pregunta sobre el destino del capital invertido en dichas áreas durante los años anteriores si no existen posibilidades reales de inversión y de generación productiva con capacidad competitiva.

LA DESCENTRALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES HACIA LAS PROVINCIAS
La política implementada por el gobierno nacional contempla el traspaso de bienes y servicios desde el gobierno central hacia los gobiernos provinciales, de manera tal de sanear y desligarse de servicios que requerían una estructura burocrática considerable y que no permitía brindar un servicio eficiente. EI fundamento del gobierno nacional al respecto es que estando estos servicios en mano de las provincias se puede brindar un servicio mucho más eficiente y adecuado a las problemáticas provinciales en lugar de las imposiciones globales desde el gobierno nacional. Por otro lado muchas provincias critican esta descentralización pues alegan que esta transferencia es ante todo una transferencia del ajuste des de la nación a las provincias ya que las mismas suman a la crisis económica actual la obligación de hacerse cargo de servicios que demandan un gasto que muchas veces exceden las posibilidades reales de financiamiento provincial. Estas transferencias han sido fuente de conflictos entre las provincias y el gobierno central ya que si bien se han otorgado los bienes y servicios no se han transferido según las provincias la totalidad de los recursos para hacer frente a los mismos.


A ello se añade la falta de conocimiento y experiencia técnica y de gestión en la prestación de muchos de los servicios transferidos por lo cual el proceso de aprendizaje es lento y requiere de un apoyo financiero extra al cual las provincias no tienen acceso.

El ejemplo más concreto de estos procesos de descentralización está dado por los servicios educativos que se han transferido a las provincias. En este caso se definen normas generales de funcionamiento para todo el sistema educativo ya que debe existir un minimo de coordinación en el sistema educativo aunque su funcionamiento pase a [end p. 83] depender enteramente de las provincias. La mayor cantidad de escuelas que han sido transferidas hacia las provincias y de las cuales los gobiernos provinciales se deben hacer cargo, se localizan en la zona central del país correspondiendo a la misma distribución que el mapa de densidad de población (Figura 2).

PRIVATIZACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA PRODUCCION
Tal como lo manifestamos anteriormente en los ultimos cuatro años se produjo una intensa política de privatizaciones que afectó a todas las empresas del estado. Dicha transferencia hacia el sector privado afecta los puertos, los ferrocarriles, las concesiones de rutas nacionales, las telecomunicaciones, las fábricas anteriormente pertenecientes al estado, etc. Dichas transferencias se han operado en todo el territorio nacional. Dicho proceso de privatización fue acelerado produciéndose en dos etapas y en forma gradual, la primera de ellas (1990-1991) afectó a las siguientes empresas y organismos del estado en forma diferente (La Nueva Provincia, 2 de noviembre de 1990):

Gas del estado: Explotación y provisión de gas natural
SEGBA: Producción y provisi6n de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires
OSN: Obras Sanitarias de la Nación-provisión de agua potable
Puertos: Organismo administrador de puertos
ELMA: Empresa marítima argentina
ENCOTEL: Empresa de correos y telégrafos
Subterráneos: subterráneos de Buenos Aires
Junta Nacional de Granos: Organismo contralor y administrador de exportaciones de cereales y oleaginosas
Casa de la MonedaOrganismo emisor de moeda
Ferrocarrilles Argentinos: Organismo emisor de moneda Ferrocarriles Argentinos: Ferrocarriles nacionales de Argentina
Caminos: Peaje en las distintas rutas nacionales y provinciales
Venta de bienes publicos e inmuebles
En la segunda etapa de privatizaciones (1992-) se procedió a la venta y consignación de las siguientes empresas y organismos estatales, finalizando o profundizando lo realizado en la primera etapa de privatización:

Vialidad Nacional: organismo administrador y responsable de las rutas nacionales
Ferrocarriles Argentinos: concesión integral de 10,000 kilómetros de líneas férreas
Puertos: concesión de obras y servicios portuarios en distintos puertos del país
Gas del estado: comercialización integral de la red de distribución y comercialización de gas
SEGBA (Servicios Electricos del Gran Buenos Aires): concesión integral de la comercialización y distribución de energía eléctrica
OSN (Obras Sanitarios de la Nación): concesión total de los servicios de obras sanitarias
ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas): privatización total
YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales): privatización parcial
ENCOTEL: ampliación de la concesión
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales): nueva etapa de concesión de áreas petroleras y futura privatización total de la empresa
Complejo Petroquímico Bahía Blanca
Petroqíimica Río Tercero: Situada en la localidad de Río Tercero, Provincia de Córdoba
Petroquímica General Mosconi: Situada en el Gran Buenos Aires
Altos Hornos Zapla: Situada en la localidad de Zapla, Provincia de Jujuy
SOMISA (Sociedad Mixta Siderúgica Argentina): situada en la ciudad de San Nicolás a 250 kms. de Buenos Aires sobre el Río Paraná
AFNE (Astilleros del estado argentino)
Agua y energía electrica: Empresa de construcción, mantenimiento y provisión de energía eléctrica
Hidronor: Empresa constructora, de mantenimiento y provisión de energía eléctrica proveniente de represas hidraúlicas de la Argentina con jurisdicción en la Patagonia
Además de todas estas privatizaciones se afectaron a veintisiete empresas y organismos estatales que estaban bajo el control del ministerio de defensa y que son consideradas estratégicas en relación a la seguridad nacional. Esta política de privatizaciones fue llevada a cabo en función de alivianar la carga fiscal que pesaba sobre el estado, producto de la falta de eficiencia de las distintas empresas subvencionadas por el estado y por otro lado como medida tendiente a generar ingresos genuinos de manera tal de poder mantener un equilíbrio entre recursos extemos disponibles y base monetaria; además claro está de generar los súperavit necesarios para hacer frente al pago de la deuda extema. [end p. 84]

De esta manera y producto de la política de privatización y del plan de convertibilidad se observa que la reducción de personal en diversos organismos y empresas en Argentina aumentó en forma vertiginosa (Cuadro 1).


Es decir que en los primeros 29 meses del plan de convertibilidad 410 trabajadores por día quedaban sin su trabajo. En la mayor parte de los casos estos procesos de privatización han generado graves conflictos sociales derivados de la reestructuración que implicó despidos masivos. En algunos casos estos conflictos se han agravado ya que dichas empresas privatizadas eran estratégicas en la generación de empleo y en la consolidación de la estructura económica local/regional, tal es el caso de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Mixta) en Sierra Grande, o el de SOMISA en San Nicolás.

Desde otra perspectiva las distorsiones territoriales y los problemas sociales que dichos procesos de privatización pueden provocar son notables ya que existen gran cantidad de servicios privatizados en muchas áreas que no son económicamente rentables para las empresas privadas pero que requieren indudablemente de dichos servicios ya que en muchos casos (por ejemplo el caso de los ferrocarriles) no existen otros servicios que los puedan suplantar. Como ejemplos de estas privatizaciones analizaremos la situación de ferrocarriles, la concesión de rutas nacionales y la producción de hierro y acero.

PRIVATIZACION DE FERROCARRILES ARGENTINOS
Los inicios de la privatización de los ferrocarriles argentinos se remonta al año 1991 con la venta del corredor Rosario-Bahía Blanca a la empresa multinacional TECHINT; esta privatización afecto 5,200 kilómetros de vías férreas en el corazón agrícola de la región pampeana, dedicándose dicha empresa exclusivamente al transporte de cargas. Posteriormente se licitaron las restantes líneas ferroviarias. Todas las privatizaciones que se hicieron sólo fueron para operar en el rubro transporte de mercaderías ya que es el sector de mayor rentabilidad. Este transporte aumento su capacidad y eficiencia de carga de manera notable a partir de su privatización ---permitiendo una transferencia de la carga desde los camiones (utilizados mós frecuentemente en los últimos veinte años) al tren, con la consecuente disminución de costos.

En lo que respecta al transporte de pasajeros en julio de 1992 el gobiemo decidió cerrar las líneas que no se privatizaran, salvo que estuvieran tornados por las provincias. En muchos casos las provincias accedieron en mayor o menor medida a tomar algunas líneas (con déficit en sus balances de explotación) de manera tal de no perjudicar innumerables poblaciones que quedarían virtualmente incomunicadas.

Esta situación produjo un notable impacto en las poblaciones rurales en donde en muchos casos la dinámica del pueblo dependía del ferrocarril, al desaparecer el tren de pasajeros la necesidad de mano de obra descendía a los niveles mínimos de mantenimiento. En otras ocasiones en estaciones de menor tamano las estaciones han sido directamente cerradas debido a que no se requiere personal para el control de los trenes de carga ya [end p. 85] que el mismo se hace en forma más flexible debido a las nuevas posibilidades tecnológicas. De esta manera muchos pueblos que subsistían pues existía movimiento alrededor de la estacion de tren tienden a desaparecer.

Esta privatización de las líneas férreas afectó hasta el mes de septiembre de 1993 a 70,000 trabajadores que quedaron sin trabajo, los 25,000 restantes (ya que la cantidad total de empleados antes de su privatización era de 95,000 empleados!) fueron absorbidos por las distintas empresas privadas (Fundación Sindical, noviembre, 1993). La alta densidad en vías férreas en el área central del país obedece a la necesidad original de los primeros inversores ingleses de llegar a zonas agrícolas más ricas de manera de poder sacar rápidamente el cereal rumbo a los puertos de ultramar y de alIí a Europa (Figura 3).


PRIVATIZACION Y CONCESION DE LAS RUTAS VIALES
Aproximadamente 10,000 kilómetros de rutas viales han sido privatizadas en los últimos cuatro años, de manera tal que para circular por las mismas es necesario pagar un peaje. Dicha cifra no incluye a las rutas provinciales aunque muchas de ellas han sido concesionadas a través de acuerdos entre las provincias y los consignatarios.

El origen de las privatizaciones de la red vial se debe a la imposibilidad del gobierno central de realizar un correcto mantenimiento de las mismas a través de los correspondientes organismos (Vialidad Nacional, la cual también fue privatizada!). Los contratos de concesion fijan como responsabilidades el mantenimiento, la conservación y la mejora de las rutas concesionadas, asícomo su señalización e implementación de servicios anexos. Dicha privatización establece la obligación de inversión en la red vial de 1,200 millones de dólares durante 12 años, siendo el costa establecido de 0.015 dólares por kilómetro recorrido.

Esta privatización fue duramente criticada pues en todos los casos no existen vías alternativas razonables para la circulación por lo cual dichas empresas concesionarias poseen un monopolio sobre las posibilidades de movilidad en el territorio. Si a ello se agrega que los principales ejes viales confluyen en el área de Rosario y de Buenos Aires donde la intensidad del uso es el doble que en cualquier otra ruta del país se puede inferir que existen tasas de ganancias considerables.

Mientras que los niveles de tasas de ganancia que aparecen como mas representativo son los que se ubican alrededor del 40% anual sobre capital propio invertido los valores extremos de tasa de ganancia, para los distintos corredores de Argentina, oscilan entre 300% y 2,400% superiores a los valores internacionales ... al mercado cautivo (monopolio de acuerdo a la inexistencia de vías alternativas) se Ie suma la baja inversión, brindando como resultado la seguridad de un negocio altamente rentable. (Rima, et al.)
Desde una perspectiva territorial esta situación puede traer aparejado cambios en los mapas industriales en las distintas zonas del país afectadas [end p. 86] por el peaje, ya que algunas localizaciones dejarán de ser rentables debido al exceso de costa del transporte, máxime teniendo en cuenta algunos productos de bajo valor unitario y de elevado peso y volumen (por ejemplo cereales y oleaginosas). De esta manera las unidades productivas o industrias que producen bienes de bajo valor unitario (cereales y oleaginosas) tenderían a localizarse en aquellas áreas de consumo (ciudades o puertos para la exportación) mientras que las posibilidades de localización de las unidades de producción de productos de alto valor unitario podría ser mucho más flexible. Es decir que la elasticidad del producto con respecto al costa de desplazamiento va a variar según el valor unitario del producto.

De un total de 40,000 kilómetros que posee la República Argentina, 10,000 kilómetros han sido privatizados (Figura 4). Si se compara esta Figura con la Figura 1, se puede observar la correlación que existe entre la red vial y la alta densidad de población, lo que corresponde a la zona central y metropolitana del país.


PRIVATIZACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS: EL CASO DE SOMISA E HIPASAM (HIERRO PATAGONICO SOCIEDAD MIXTA)
Entre las privatizaciones que se realizaron en los últimos años es interesante señalar el caso de SOMISA e HIPASAM, no solamente por ser empresas importantes sino porque demuestra la capacidad que tiene el plan de convertibilidad y las privatizaciones para lograr transformaciones sustanciales en el territorio aun sin existir propuestas territoriales específicas.

La empresa SOMISA se encuentra ubicada en los margenes del Río Parana en la ciudad de San Nicolás, a sólo 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. SOMISA constituye la mayor fábrica de acero de la Argentina siendo su producción de arrabio, acero, palanquillas, rieles, perfiles, etc. La empresa perteneciente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (99.98%) y a otras empresas particulares (Acindar, Bragado, etc. 0.02%), fue vendida en un 80% a la empresa Techint por 420 millones de dólares (La Nación).

El mayor impacto que tuvo esta privatización fue la drástica reducción del personal de 12,000 a aproximadamente 8,000 empleados lo cual impactó de manera notable en la localidad ya que aproximadamente 4,000 familias quedaron sin trabajo. Esta situación definió en un proceso de migración hacia otras áreas ya que la estructura productiva local no permitió absorber a la población cesante local. Por su parte la empresa HIPASAM se encuentra ubicada en la región patagónica, en la provincia de Río Negro en las costas del océano atlántico. Al igual que SOMISA, HIPASAM perteneció a la Dirección General de Fabricaciones Militares (73.14%) y a otras entidades tales como BANADE (26.67%), la Provincia de Río Negro (0.17%) y a Widmark y Platzer (0.003%) (La [end p. 87] Nación). La evolución de esta empresa está directamente ligada a la de SOMISA ya que produce pellets de hierro que se consumen en un homo de dicha empresa. Al apagarse el horno de SOMISA, lo cual sucede en dedio del proceso de privatización de la misma, la empresa HIPASAM no tiene compradores que absorban todo su producción potencial.

La empresa contaba con 1000 empleados 10 que definía una población local de 7,000 habitantes, no existiendo otras actividades ajenas a dicha empresa, ya que anteriormente la localidad era simplemente un poblado dedicado a la cría extensiva del lanar y un parador en la ruta nacional hacia la Patagonia.

La crisis de SOMISA, más la deuda contraida por HIPASAM y la crisis financiera fueron los elementos que definieron su cierre y posterior despido del personal. Posteriormente la misma es traspasada a la provincia de Río Negro en vistas a un posible uso altemativo de las instalaciones. El mayor impacto que generó dicha situación fue la virtual desaparición de una localidad en la región patagónica que de acuerdo a las características naturales son importantes enclaves en el territorio y puntos vitales debido al extremo despoblamiento que existe en el área.

LA DESREGULACION DE LOS MERCADOS
Por decreto presidencial del 31 de octubre de 1991 el gobiemo argentino desreguló la economía nacional. El presidente argentino afirmaba (La Prensa) "A partir de hoy rompemos la telaraña de un estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones." Esta desregulación afecta a muchos ámbitos de la vida económica nacional (Clarln), de la cual se pueden señalar algunos puntos :

Desregulación del comercio interior de bienes y servicios: es posible la libre venta y compra de productos en todo el país, son anuladas las restricciones en dichas operaciones. Se desregulan los transportes de carga y automotores
Desregulación del comercio exterior: se eliminan las cuotas y restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios
Desregulación de los entes reguladores: se disuelven aqueIIos organismos de orden regional y nacional que intervienen en la fijación y control de precios y producción, existe libertad de producir en cualquier parte del país y en las cantidades que los agentes privados lo dispongan. No habrá precios sostén para la producción regional.
Reforma fiscal: se suprimen tasas e impuestos a la producción en diversos órdenes y jerarquías
Mercado de capitales: los aranceles de las comisiones de agentes de bolsa serón fijados libremente
Nosotros vamos a hacer énfasis a dos ejemplos concretos: la desregulación de los organismos de regulación de la producción y el de líneas y rutas de transporte.

DESREGULACION DE ORGANISMOS O ENTES REGULADORES
En muchas regiones de nuestro país existian entes u organismos de regulación de precios que intentaban controlar y asegurar un precio mínimo a la producción regional ligada a un mercado oligopsónico.

El rol que tenían estos organismos era regular y asegurar un precio mínimo a la producción regional frente a un mercado oligopsónico. Esto permitía mantener un tejido productivo de pequeños productores campesinos, lo cual les aseguraba a los mismos una mínima ganancia. A partir de la desregulación y liquidación de dichos organismos los productores quedan frente a los mercados libres con una limitada capacidad de organización y gestión de su producción tanto individual como colectiva y en muchos casos frente a empresas compradoras que fijan sus precios arbitrariamente sin existir otros demandantes. Por otro lado y tal como lo afirma Gatto (1992):

[E]stas instituciones tampoco pudieron solucionar a 10 largo de muchos anos los problemas estructurales que afectaban la producci6n. En segundo lugar, la instrumentaci6n de los subsidios via precios finales al consumidor se desgrana en toda la cadena productiva, llegando sólo una parte de la transferencia de ingresos al supuesto beneficiario ....
El impacto que puede tener la desregulación de dichos mercados puede llegar a ser conflictiva en los estratos de productores mós tradicionales y de menor capacidad financiera y de comercialización ya que no poseen ni los medios ni las posibilidades [end p. 88] de valorizar su producció. Si tenemos en cuenta que en estas áreas la mayor proporción de los productores son campesinos tradicionales de muy bajos recursos podemos inferir que se avecinan tiempos diffciles para las economías regionales y potencialmente grandes transformaciones en el espacio rural por el exodo de aquellos que no pueden competir en un mercado libre.

DES REGULACION DEL TRANSPORTE DE CARGAS Y TRANSPORTE
En el caso de los transportes de cargas la desregulación permitió a las empresas competir sobre algunos corredores de transporte (rutas) donde tenían el monopolio de servicios generando una mayor competencia y un mayor servicio en las mismas, en algunos casos con una disminución de precios en los servicios.

En el caso del transporte automotor este impacto fue mayor aún ya que existían por parte de las empresas mercados cautivos debido al total control y monopolio en ciertas rutas. Esto produjo una creciente competencia entre Iíneas de transporte de pasajeros, una amplia mejoría en la calidad de dichos servicios y por último una disminución de los precios muy importante. Asimismo esto favoreció la conectividad de algunas áreas que estaban controladas por empresas de caracter monopólico.

CONCLUSIONES
No podemos pensar que las respuestas territoriales a este nuevo modelo económico serán lineales o de causa-efecto. Son muchos los elementos que entran en juego y aún más las posibilidades que existen a nivel local. Estos elementos son sólo algunos aspectos que creemos están generando un impacto directo sobre la estructura y organización del territorio nacional.

Una mayor libertad de los factores productivos en una estructura territorial históricamente distorsionada e hiperconcentrada como es la Argentina, donde más del 75 por ciento del capital productivo agrícola e industrial se encuentra en la región metropolitan a y pampeana, y donde se concentra la mayor más a de trabajadores y de capacidad científico-tecnoIógica, nos permite aventurar un futuro de mayores concentraciones y de acentuación de las desigualdades territoriales.

Las políticas aplicadas en este ajuste estructural plantean nuevas posibilidades de desarrollo para el área central del país, ya que allí los costos de factores son sumamente menores que en el resto del territorio nacional: mano de obra abundante y barata (cualificada y no cualificada), energía, insumos industriales y agroindustriales, comunicaciones, bajo costa de transporte, y especialmente cercanía a los centros de consumo y de exportación. A esto se suman las nuevas imposibilidades de las regiones más alejadas, afectadas por el alto costa del transporte y por la escaséz de oferta de bienes y servicios para la producción.

Pero por otro lado y teniendo en cuenta el nuevo tipo de política y la necesaria expansión del sector exportador como generador de divisas, podríamos afirmar que existirían ciertas posibilidades de desarrollo para algunos núcleos territoriales vinculados a los sectores exportadores. Es así que creemos que algunas áreas conectadas territorialmente con espacios de flujos de mercaderías, pueden verse positivamente afectados. Un ejemplo de ello serían las ciudades portuarias como Bahía Blanca, Necochea-Quequén, o las áreas fronterizas entre Brasil y Argentina que tendrían mayores posibilidades de desarrollo a partir de una mayor vinculación comercial y de la necesidad de reducir costos de fletes. Las áreas limítrofes con Chile, especialmente Mendoza y algunos valles del Noroeste Argentino, podrían verse eventualmente favorecidos.

Esta dialéctica territorial entre posibles macroconcentraciones y posibles bolsones de desarrollo marcará la dinámica territorial en los próximos años. Esta dependerá de la capacidad de los agentes provinciales y regionales y de la política macroeconómica global.

Por ello mismo creemos que la cuesti6n territorial en la Argentina es sumamente fecunda ya que permite explicar la dinamica de desarrollo capitalista que se plantea en ella. Es a su vez un inmenso laboratorio para el analisis de transformaciones territoriales dependientes y para el analisis de las reacciones y actitudes de otros agentes regionales.

Hoy más que nunca nuevas políticas de desarrollo local y regional son necesarias. Estas no pueden basarse en la existencia de un estado [end p. 89] asistencialista, sino en las capacidades regionales de generar una dinámica de captación de recursos productivos multiplicadores de empleo. Las provincias y regiones se encuentran solas en su tarea de desarrollarse. No es sólo un deber el generar posibilidades para sus habitantes sino un desafío que las enfrenta con los mercados nacionales y del mundo.

NOTAS
I. En alusión a las iniciales de los dirigentes de la transnacional argentina, Bunge y Born, autores de dicho plan.

2. Cabe señalar aquí que fue el mismo gobierno peronista el que generó todas las conquistas laborales del trabajador, y que ahora intenta cambiar.

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ABSTRACT
Argentine society and territory have not been unaffected by the structural adjustment policies of the 1970s and 80s, indeed it may be argued that they were the most affected both in a direct and indirect manner. The last two decades have witnessed notable socio-economic changes, especially during the last four years when the economic policies of privatization of the national government unintentionally produced a modification of the national space economy, especially as a result of the transference of goods and services and the concomitant restructuring of labor that ensued. The effects of this economic transformation have begun to be noted in a new process of spatial concentration which, unless mediated by short and medium term regional policies, will accentuate preexisting territorial inequalities. [end p. 90]

UN CASO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN EL CINTURÓN VERDE DE BUENOS AIRES ANTE LA NECESIDAD DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO A LA CIUDAD.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA EN PILAR

Andrés Barsky
Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento
abarsky@ungs.edu.ar
Índice de Scripta Nova

Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. XIV, núm. 331 (64), 1 de agosto de 2010
[Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]




Sofía Astelarra
Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento

Luciana Galván
Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento

Un caso de intervención territorial en el cinturón verde de Buenos Aires ante la necesidad del abastecimiento alimentario a la ciudad. Análisis de la experiencia de implementación de un programa de sostenimiento de la agricultura periurbana en Pilar (Resumen)

En el presente trabajo se evalúa la aplicación de un programa de sostenimiento de la horticultura llevado a cabo en los tres últimos años en la jurisdicción del periurbano que más ha sufrido la urbanización en la Región Metropolitana de Buenos Aires: el partido de Pilar. El mismo, auspiciado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Municipalidad, fue implementado con productores de origen boliviano. Se muestran los aspectos positivos y negativos de la experiencia considerando en qué medida los horticultores incorporaron “buenas prácticas agrícolas” a sus procedimientos. Ante la reciente creación de una agencia agrícola nacional especializada en agricultura urbana y periurbana, se señala la necesidad de gestionar el territorio periurbano para proteger el cinturón productivo.

Palabras clave: periurbano, horticultura, Estado, buenas prácticas, quinteros bolivianos, vulnerabilidad.
Implementing a periurban agriculture protection program for food supply to Buenos Aires Metropolitan Area: Experiences in Pilar county (Abstract)

In the last decades, Pilar, a periurban county that belongs to Buenos Aires Metropolitan Region, has been the most affected by accelerated urbanization. This paper tends to analyse a current “good practices” program that has been developed with horticulturalists for the last three years. This initiative, signed by the Municipality of Pilar and the National Institute for Agricultural Technology, was directed to bolivian market gardeners. Considering the recent creation of a new national agency specialized in urban and periurban agriculture, the main objective is to suggest that these experiences could be incorporated in its agenda, to generate effective actions to protect periurban areas.

Key words: periurban, horticulture, state, good practices, bolivian market gardeners, vulnerability.
En la actualidad, la agricultura en áreas urbanas y periurbanas proporciona comida a cerca de 700 millones de residentes en las ciudades, es decir, a un cuarto de la población urbana mundial (FAO, 2002). Buenos Aires, asentamiento humano de 13 millones de habitantes cuyo radio de influencia metropolitano abarca un espacio de 200 kilómetros de largo por 100 de ancho, es abastecida a diario por productos frescos generados desde un cinturón productivo “de cercanías”: el complejo periurbano.

El presente artículo consiste en evaluar de modo preliminar la aplicación de un programa de sostenimiento de la horticultura llevado a cabo en la localidad satélite que ha sufrido el crecimiento urbano relativo más acelerado de toda la región metropolitana durante la última década y media: el partido de Pilar[1]. Es la continuación de trabajos anteriores sobre el tema (Barsky, 2005; Barsky y Vio, 2007; Barsky, 2008; Barsky, Astelarra y Galván, 2009; Barsky, Astelarra y Galván, 2010; Barsky, Astelarra y Galván, 2010 b), cuya lectura se recomienda. Pero tiene la particularidad de que se sitúa temporalmente sobre la finalización del programa (abril de 2010) y en el contexto de la reciente puesta en funcionamiento de una estación experimental especializada en agricultura urbana y periurbana por parte del organismo de ciencia y tecnología estatal que gestiona el complejo agrario en Argentina: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). La importancia de la oportunidad nos lleva a realizar un balance de la experiencia y a generar una serie de recomendaciones para el futuro inmediato, en lo referido a acciones que el Estado puede articular con los actores de la producción a fines de sostener la ruralidad en los bordes de la ciudad.

La estructura del trabajo es la siguiente: en la primera parte, se caracterizarán los núcleos hortícolas localizados en Pilar, jurisdicción perteneciente al periurbano norte de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). En este sentido, se describirán las situaciones de vulnerabilidad a las que están sometidos los actores productivos considerando los niveles de urbanización. En la segunda parte, se realizará una evaluación de los avances del programa. Se hará hincapié especialmente en el grado de adopción de “buenas prácticas agropecuarias” (BPA) por parte de los horticultores. En las conclusiones se establecerá qué aprendizajes ha dejado la experiencia y cómo la nueva unidad experimental del INTA puede capitalizarlos. En definitiva, el organismo debe considerar instrumentos de intervención territorial plausibles de ser aplicados en el universo de la micro producción que responde a la demanda urbana cercana (Abba, 2007).

Caracterización de la horticultura en Pilar

La producción de alimentos que se realiza en el denominado cinturón verde bonaerense de las zonas de borde de la ciudad o periurbanas se ha desarrollado a lo largo del siglo XX gracias a la presencia de migrantes de ultramar, españoles e italianos primero y portugueses después. A partir de la década de los sesenta el sector se vio afectado por la falta de mano de obra y por otros factores de índole coyuntural, por lo que la actividad comenzó a ser realizada por horticultores de países limítrofes, principalmente bolivianos de origen andino. En un principio, éstos trabajaron como medieros de los portugueses y de esta manera fueron instalándose en el periurbano de Buenos Aires. De acuerdo a diversos estudios y testimonios orales, llegaron primero al partido de Escobar, estableciendo allí un núcleo a partir del cual se expandieron hacia el resto de la RMBA. En las últimas décadas, este proceso se ha acentuado y consolidado de manera tal que se lo denomina fenómeno de “bolivianización” de la horticultura (Benencia, 2006).

Con respecto al caso de estudio, la mayoría de los horticultores de Pilar proceden del departamento de Potosí. Provienen de la denominada “cabecera de valle” de la provincia sudoriental de Nor Chichas, una región de clima templado con distintos pisos ecológicos, productora de duraznos, uvas, peras, alvarillos (damascos pequeños), también especializada en la ganadería equina (caballos y mulas). Asimismo, se caracteriza por el desarrollo de la actividad textil (son muy importantes los bordados del cantón Calcha). Al provenir de zonas de valle y no del altiplano, los productores son fundamentalmente quechua hablantes. De acuerdo al cónsul adjunto de Bolivia en Argentina, Antonio Abal Oña (27/3/10), la llegada de bolivianos a Buenos Aires constituye la ampliación territorial del conocido ciclo migratorio “golondrina” que se daba a mediados de siglo XX en Salta y Jujuy, cuando los trabajadores migraban a la zafra azucarera del norte argentino. Señala que lo hacían, entre otros motivos, con el fin de acumular recursos económicos para comprar la máquina de coser Singer, un bien de capital muy valorado a la hora de mejorar la calidad de los bordados. En las últimas décadas, esta combinación de conocimientos agrarios y textiles se han desplegado con fuerza en el medio periurbano y urbano de Buenos Aires.




Figura 1. Localización de explotaciones hortícolas manejadas por migrantes bolivianos en partidos de la RMBA.
Fuente: Le Gall y García (2010). Elaborado por Julie Le Gall, en base a datos del Censo Hortiflorícola 2005 de la Provincia de Buenos Aires.


En la actualidad, se estima que en el periurbano norte de la RMBA, 7 de cada 10 explotaciones hortícolas son familiares, es decir, un 70,6 %; mientras que 11,4 % son explotaciones familiares con asalariados; el 14,7 explotaciones familiares con medieros y finalmente encontramos un 3,3 % son empresas familiares con medieros y asalariados. Los establecimientos hortícolas en la categoría de explotación familiar (con y sin medieros, con asalariados) tienen entre 2 y 5 hectáreas, mientras que para la categoría de empresa familiar tienen entre 5 y 19 hectáreas. En relación a la incorporación de tecnología sólo un 18% ha adquirido el invernáculo, el resto continúa realizando la producción a campo (Benencia, Quaranta y Tasara 2009).

Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, en el partido de Pilar se destinan 1.185 hectáreas a la producción agropecuaria, de las cuales 467,9 (40 %) se utilizan para la producción de hortalizas (lo que corresponde a un tercio de la superficie hortícola de la zona norte de la RMBA). Esto marca su nivel de especialización. A su vez, el Censo divide entre 467,9 hectáreas de horticultura a campo y 30.500 metros cuadrados de horticultura bajo invernáculo, mostrando un claro perfil en producción de “hoja verde” y cierta presencia del fenómeno de producción bajo cubierta (Barsky y Vio, 2006).

La estructura agraria de Pilar presenta características que se corresponden con las de la región norte: el 70% de las explotaciones agropecuarias son de tipo familiar, con establecimientos hortícolas de entre 2 y 5 hectáreas, en su mayoría arriendan la tierra y sólo un 18% trabaja el invernáculo. Según datos de la Embajada de Bolivia en Argentina al momento de firmarse el PRO.A.A.S. (año 2007), de las 58.000 familias que viven en Pilar se estimaba que entre 2.000 y 2.500 corresponden a población boliviana, desempeñándose muchos migrantes como jardineros y agricultores. Aquellos que han desarrollado la producción primaria en el partido lo han hecho a partir de un proceso de movilidad social y económica denominado “escalera hortícola boliviana” (Benencia, 2006), es decir, han ocupado distintas posiciones laborales en la actividad empezando como peones, luego medieros, luego arrendatarios, en algunos casos propietarios de la tierra y finalmente puesteros. Tal como hemos señalado, en Pilar se constata un porcentaje mayor de explotaciones familiares bajo arriendo.

Benencia (2006) señala algunos patrones que permiten caracterizar la conducta de los migrantes trasnacionales andinos: combinan un uso fuerte de las redes familiares fundamentales para instalarse en la región; estrategias económicas que favorecen el acceso a la tierra; creación de redes de comercialización propias y un contacto frecuente con las comunidades de origen que les permiten recrear su cultura. De acuerdo al cónsul Antonio Abal Oña, en definitiva se reproduce la lógica del ayllu (comunidad familiar extensa y ampliada). Tales situaciones permiten dar cuenta del potente fenómeno de “bolivianización en red” (Barsky y Vio, 2007).

Un efecto del mismo es la compleja construcción territorial observable en el cinturón verde bonaerense, también caracterizada como archipiélago hortícola (Le Gall, 2008), en el cual -tal como se ha señalado- se establece un primer núcleo en el que se instalan los actores y a partir del cual comienzan a “tejer” esta red persistente y capaz de proveer de alimentos a la región Metropolitana. La metáfora no podía ser menos oportuna, dados los conocimientos sobre bordado que poseen muchos migrantes.

De acuerdo a Manzano Fernandez (2005), es posible pensar esta construcción territorial entendiendo que es la resultante de un proceso de apropiación social del espacio. El mismo contiene todos los tipos de espacios sociales, es transformado por las relaciones sociales que allí se asientan, a la vez que influenciado por procesos naturales que han sido codificados por la cultura. De modo que estas relaciones sociales construyen el espacio social a partir de una “intencionalidad, que es una visión de mundo, una forma, un modo de ser, de existir”. La intencionalidad se materializa en el espacio en un movimiento dinámico de territorialización en el cual se recrea un modo de vida particular, un modo de existencia.

Para el caso que estamos analizando es posible comprender la consolidación de los archipiélagos hortícolas (Le Gall, 2008; Le Gall y García, 2010) en términos de la materialización de una territorialidad particular llevada adelante por los horticultores bolivianos. Como hemos señalado, esto está relacionado a ciertos patrones culturales y sociales. A su vez, un rasgo distintivo de muchos agricultores es su procedencia campesina.

En términos de Sevilla Guzmán y González de Molina (2004), el campesinado se caracteriza por “una forma de manejo de los recursos naturales vinculada a los agroecosistemas específicos de cada zona, utilizando un conocimiento sobre el entorno condicionado por el nivel tecnológico de cada momento histórico y el grado de apropiación de tal tecnología, generándose así distintos grados de campesinidad.”. De modo que en la territorialidad construida es posible encontrar rasgos que remiten a grados de campesinidad relacionados con la historia social y cultural de los migrantes bolivianos. La quinta funciona como un espacio de producción y reproducción de la vida. En ella desarrollan tanto sus actividades de subsistencia (cultivo de plantas aromáticas, cría de animales de granja) como aquellas referidas a los cultivos de renta (producción de hortalizas, frutillas). Podría decirse que si bien estos horticultores se insertan en la lógica monetaria, no prima una racionalidad totalmente capitalista en su comportamiento. Poseen un saber práctico de manejo de los recursos bióticos de la quinta relacionado con la cultura de sus lugares de procedencia[2]. Por otra parte, en su adaptación a la producción de hortalizas en las pampas han incorporado las prácticas productivas y de manejo de agroquímicos previamente existentes en la región.

Conformación de núcleos hortícolas de Pilar: Situaciones de vulnerabilidad

En el partido de Pilar, el archipiélago se desarrolla en tres espacios productivos: Almirante Irízar, Ruta 25 y Zelaya. Estas tres zonas pueden ser consideradas núcleos hortícolas; cada uno de ellos tiene características particulares de acuerdo a: conectividad con centros urbanos, procedencia de la migración andina y tipo de territorialidad construida, estos últimos fuertemente relacionados entre sí.




Figura 2. Localización de zonas hortícolas productivas en el partido de Pilar.
Fuente: Barsky (2008), en base a mapa de la Municipalidad de Pilar.


Tal como hemos señalado en trabajos anteriores (Barsky y Vio, 2007), en Pilar se ha generado en la última década y media un acelerado proceso de reconfiguración territorial como consecuencia del desembarco de inversiones inmobiliarias e industriales, con su correlato en el crecimiento de la población y la expansión del tejido urbano. De modo que estas dinámicas, accionadas por distintos actores sociales que motorizan la urbanización, tienden a amenazar la persistencia de la producción hortícola en el partido, ya que la competencia por el suelo es una característica esencial del complejo periurbano. Estas situaciones de vulnerabilidad adquieren rasgos diferentes en cada agrupamiento. Las mismas se detallan a continuación.

Almirante Irízar (Fátima)

Este núcleo es el más importante. Se encuentra lindando con el Parque Industrial Pilar (PIP) y con un área de bajo poblamiento que constituye uno de los sectores rurales más definidos del partido, con explotaciones agropecuarias de menor tamaño que producen commodities de exportación (tales como soja, trigo y maíz), cascos de estancia en proceso de fraccionamiento, etc. El Parque Industrial Pilar está ubicado a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 8 (Acceso Norte, ramal Pilar), con la que se comunica a través de dos accesos. Los horticultores bolivianos aprovechan inteligentemente esta situación y también los utilizan. Esto les proporciona mayor conectividad con los centros urbanos y los mercados.

En esta zona se está produciendo un fraccionamiento de la tierra a causa de la presión ejercida para realizar emprendimientos industriales y la reciente conversión de la ruta 6 en autopista, que se encuentra unos 5 kilómetros al oeste. También se registran cambios en el uso del suelo debido a la expansión de la frontera agrícola. De manera que este tipo de presiones sobre la tierra constituyen las principales amenazas a la persistencia de la actividad hortícola.




Figura 3. Pequeño productor cultiva hoja verde en la zona de Almirante Irízar.


Sin embargo, debido a su lejanía relativa respecto de zonas urbanas, urbanizaciones cerradas y rutas principales, en este núcleo encontramos productores más favorecidos en términos de tenencia de la tierra (arrendamiento asegurado). A su vez, en lo que respecta a la producción están presentes ambas dinámicas: cultivos a campo e incorporación incipiente del invernáculo. En este grupo, compuesto por unos 50 productores, 35 productores familiares que manejan menores extensiones (hasta 2 hectáreas) se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que no han podido capitalizarse, están más expuestos frente a las inestabilidades climáticas que afectan a la producción y no cuentan con mano de obra extrafamiliar debido a la competencia de los salarios de la ciudad (sector de la construcción). Entre los productores medianos (3 a 5 hectáreas), alrededor de 10, y los más grandes (más de 5 hectáreas), aproximadamente 5, se registra una mayor capacidad para invertir en cultivos rentables como la frutilla (que requieren riego por goteo y lomos con cobertura plástica), mayor presencia de la mediería y comienzan a trabajar el invernáculo. En definitiva, la persistencia de esta zona productiva se sostiene en el mediano plazo, en la medida en que la expectativa de valorización de esta tierra periurbana, aún zonificada como de “uso agropecuario intensivo”, no se concrete. Pero su problema principal es la falta de mano de obra[3].

Ruta 25 (sur)

En esta zona productiva, unas 25 quintas se localizan a lo largo de la ruta o sus alrededores, por lo que tienen una conectividad fluida y rápida con los centros urbanos y con el mercado de Pilar (Cooperativa “2 de septiembre”, creada en 2002), que está sobre la misma vía de comunicación. Su vinculación funcional es con el partido de Moreno, pues se nuclean con otros productores de esa jurisdicción, siendo muy importante en la zona el trabajo de los técnicos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), creado por ese municipio en el año 2000.

En este espacio se registra una situación paradójica: hay determinados productores, unos 10, que han accedido a la propiedad del suelo y manejan el invernáculo. Sin embargo, la valorización de estas tierras es muy veloz y la horticultura compite con urbanizaciones cerradas, galpones logísticos, industrias, etc. El municipio tiene intenciones de desarrollar allí un corredor industrial. De modo que el establecimiento de esta política de ordenamiento territorial pone en situación de alta vulnerabilidad a la actividad, ya que comienza a estimularse la radicación de industrias en lotes que hoy en día se destinan la producción hortícola o son contiguos a la misma. Por otro lado, esta zona está muy valorizada debido a su conectividad con el centro de Pilar, por lo que también podría atraer el establecimiento de nuevos emprendimientos residenciales privados.

Tal como hemos constatado en las entrevistas a los productores y a informantes clave, la conformación de los núcleos productivos está influenciada por la procedencia de la migración. Mientras en Irízar son mayoritariamente de Potosí, en ruta 25 además de potosinos encontramos migración de distintas regiones del departamento de Sucre. Las prácticas productivas en la región de Potosí tienen más que ver con la producción para autoconsumo con una venta del excedente en el mercado. De acuerdo a los testimonios orales, la organización social es más aproximada a la del tipo campesino. Respecto de Sucre, algunos productores también informan tener procedencia campesina, pero otros afirman haberse dedicado en su lugar de origen a la comercialización tanto de productos agropecuarios como de otros bienes.




Figura 4. Las quintas hortícolas de Ruta 25 son contiguas a urbanizaciones cerradas.


Independientemente de que en este espacio productivo se registra una mayor diversidad cultural y un mayor perfil capitalista en determinados agentes, los productores arrendatarios están expuestos a situaciones de máxima vulnerabilidad mientras que los productores propietarios podrían subsistir en la medida en que continúen con la intensificación de la producción a través del invernáculo. Sin embargo, el alto valor de la tierra puede incentivar la venta de esos lotes.

Zelaya

Ubicada al noroeste del partido de Pilar, es una zona más alejada de las vías de rápida conectividad (rutas, autopistas, etc.). Está en el área de influencia de Escobar y se comunica con ese partido a través de la localidad de Matheu. En este núcleo, aproximadamente 80 hectáreas están destinadas a la producción de hortalizas. Unos 20 productores familiares arriendan la tierra al mismo propietario. Aquí se genera una situación de vulnerabilidad extrema, ya que es una zona muy cotizada para la construcción de countries por su alto valor paisajístico (los cotizados entornos “verdes” o “naturales” buscados por la población de altos ingresos de la ciudad). Sin embargo, debido a problemas judiciales en la sucesión de la herencia, la misma aún no ha podido ser vendida. Es decir, son tierras que aguardan a la resolución legal de esta situación para ser comercializadas, mientras la arriendan a productores hortícolas que las mantienen en producción.

En este núcleo, los horticultores pertenecen a un grupo religioso evangélico, lo cual genera mayor cohesión social y fortalecimiento de la red social y comunitaria. Resulta muy significativo que en el medio de este gran lote se emplazan el templo y una cancha de fútbol: representan los espacios de la sociabilidad (Le Gall, 2008). Por otra parte, la procedencia de los quinteros es en su mayoría de la región de Potosí, Bolivia. De origen católico y campesino, fueron convertidos al protestantismo en Argentina. El cónsul Antonio Abal Oña (18/3/10) sostiene que las iglesias evangélicas han penetrado fuertemente en la comunidad boliviana de Escobar debido a que la estructura orgánica del ayllu representada en su autoridad mayor, el jilacata, ha sido alterada al producirse la migración. Por lo tanto, estas iglesias ocupan el vacío que deja la transformación del ayllu original.




Figura 5. El templo evangélico y la cancha de fútbol nuclean a los productores de Zelaya.


De modo que, dadas sus características, se trata de grupos muy sinérgicos. Sin embargo, esta situación se produce en la zona de mayor vulnerabilidad. Una vez resuelta la situación legal, las tierras serán vendidas a algún desarrollador inmobiliario y estos grupos migrarán hacia otras zonas del periurbano. Probablemente lo harán a Exaltación de la Cruz o Campana, donde también se asientan otros grupos evangélicos y la urbanización del campo es muy incipiente.

La implementación del programa de sostenimiento de la horticultura periurbana

El programa de Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable (PRO.A.A.S.) ha sido reglamentado por la Municipalidad de Pilar en 2006 a los fines de incorporar a los productores hortícolas a una iniciativa más amplia: el Programa Federal de Renconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria “Cambio Rural” (C.R.), generado desde la Secretaría de Agricultura de la Nación y coordinado por el INTA. Se puso en funcionamiento en 2007 y en abril de 2010 el Programa estará concluyendo su tercer y último año de funcionamiento.

De acuerdo a la ordenanza municipal que lo enmarca, el Programa tiene como objetivo principal compatibilizar la actividad agropecuaria con el crecimiento urbano que viene registrándose en el partido. Se plantea como una herramienta de regularización de la actividad, señalándose la necesidad de establecer un ordenamiento ambiental y territorial (PRO.A.A.S., 2007).

En trabajos anteriores (Barsky, 2008), se especifican los aspectos operativos del programa y se señala que el mismo ha generado un capital social valioso en el territorio, logrando un importante grado de articulación entre la Municipalidad de Pilar, el INTA y las comunidades de productores bolivianos. Sin embargo, a días de finalizar la experiencia también se detecta cierto agotamiento por parte de los actores involucrados, a tal punto que todo indica que PRO.A.A.S.-C.R. no será prorrogado por un año más (opción que el programa habilita). Más adelante volveremos sobre este punto.

El presente artículo es la continuación de otros (Barsky, Astelarra y Galván, 2009; Barsky, Astelarra y Galván, 2010; Barsky, Astelarra y Galván, 2010 b), en los que se realiza una evaluación de los avances y retrocesos que registró PRO.A.A.S.-C.R respecto de en qué medida los horticultores han ido incorporando las recomendaciones de los técnicos para mejorar sus prácticas productivas, a fines de incorporar en el mediano plazo las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). En definitiva, el programa promueve la adecuación de las actividades primarias a las BPA establecidas por los manuales (Gómez Riera, P. y Hübbes, S. 2001; Curcio, 2006, en base a Feldman et.al., 1999), a fin de disminuir su impacto en el ambiente.

A lo largo de la aplicación de PRO.A.A.S.-C.R. se llevaron a cabo diversas iniciativas tendientes a que los productores vayan incorporando las BPA. Es oportuno mencionarlas:

1) Durante 2007 se conformaron los grupos de horticultores de CR definiendo ocho áreas territoriales dentro de los tres espacios identificados como núcleos hortícolas de Pilar: Almirante Irízar, Ruta 25 y Zelaya.

2) Durante 2008, en tres grupos seleccionados se realizó la experiencia piloto de implementar el denominado “Libro de Campo”, un cuadernillo acompañado de fichas técnicas donde los productores debían registrar todas sus actividades.

3) En el mismo año se montaron nueve invernáculos a los fines de que sirvan de centros de capacitación para los productores, ya que la mayoría de los productores de Pilar no cuenta con este tipo de estructuras ni posee experiencia previa en el manejo de cultivos bajo cubierta.

4) Posteriormente se construyeron 54 depósitos de agroquímicos. Para hacerlo, el municipio de Pilar, que contó con un subsidio para el estímulo del invernáculo en el periurbano norte y oeste otorgado por Presidencia de la Nación, entregó de forma gratuita materiales para su construcción. Previo a la entrega de los mismos, los técnicos del programa debieron presentar un plano de la quinta indicando el lugar más adecuado para cada emplazamiento, teniendo en cuenta la pendiente del terreno, la distancia a la casa familiar, a los cultivos y a los pozos de captación de agua. En forma simultánea, capacitaron a los horticultores respecto del orden y mantenimiento del depósito. Por su parte, los productores debían construir el piso según las indicaciones del municipio. Luego, una empresa constructora se encargaría de construir el depósito propiamente dicho.

5) De manera simultánea se realizaron jornadas de capacitación para técnicos y productores sobre temas específicos como: comercialización, seguridad e higiene, manejo de agroquímicos, manejo de platines y cultivo de frutilla, entre otros.

Evaluación de PRO.A.A.S.-C.R[4]

Como se ha mencionado, actualmente el Programa está concluyendo su tercer año de funcionamiento. Los logros alcanzados hasta el momento aún son incipientes. Sin embargo, representan un avance importante en relación a las condiciones de producción que se registraban previamente a su puesta en funcionamiento.

A continuación se analiza en qué medida estas iniciativas fueron (o no) exitosas durante su implementación. Asimismo, se discuten otros aspectos que las BPA tienen previsto incorporar en la horticultura y determinadas limitaciones que las mismas presentan en sus presupuestos teóricos.

El Programa tuvo una amplia llegada a los horticultores, alcanzando a 74 (65 %) de las 117 explotaciones hortícolas del partido, de las cuales aproximadamente el 90% son de carácter familiar. Durante sus tres años de implementación no se registraron deserciones significativas. Aquellos productores que se han retirado del PRO.A.A.S.-C.R. lo han hecho debido a la necesidad de mudarse a otros sitios, pues sus contratos (formales y/o informales) habían concluido. En tal sentido, el Programa se ha enfrentado permanentemente con la dificultad de la precariedad en la tenencia de la tierra. Los productores son desplazados por los emprendimientos urbanos e industriales y se encuentran en una situación de inestabilidad debido a los contratos de corta duración que celebran con los dueños de la tierra (contratos de palabra, por comodato de uso o típico de arrendamiento en el mejor de los casos).

En cuanto al Libro de Campo, se comenzó por pedir a los productores que registren los datos relacionados a la aplicación de plaguicidas: fecha de fumigación, producto utilizado, cantidad aplicada, cultivo fumigado, condiciones ambientales y resultados obtenidos. Pese a la insistencia de los técnicos y sus recomendaciones en cuanto a la utilidad de anotar estos datos, no se han tenido resultados positivos. Salvo pocas excepciones, los productores no han llevado registro de sus actividades. Por el contrario, fueron los técnicos quienes hicieron uso de los libros. Algunos de los motivos por los cuales esta iniciativa fracasó radican en el hecho de que los productores no disponen del tiempo requerido o bien porque su grado de alfabetización no es el adecuado. Vale mencionar que el problema de la insuficiente mano de obra en las quintas le resta tiempo a los horticultores para incorporar nuevas actividades. En este sentido, el involucramiento de los hijos en estas tareas constituye una oportunidad, ya que pueden mostrar mayor predisposición y cuentan con mayor formación educativa.

En relación a la construcción de invernáculos, un aspecto positivo consistió en que se construyeron unidades experimentales en las quintas de aquellos horticultores que ya tenían experiencia en la producción bajo cubierta. Por ello, algunos invernáculos pasaron a producir exitosamente. Sin embargo, en el caso de quienes presentaban poca práctica en este particular tipo de producción no fue así. Más allá de este inconveniente, resulta importante tener en cuenta la percepción de los horticultores. Muchos de ellos no presentaron interés en la producción bajo cubierta, pues tenían otras prioridades (invertir en herramientas e insumos). Debe considerarse que su situación en relación a la tenencia de la tierra es muy inestable y no tienen seguridad de cuánto tiempo podrán permanecer en las quintas.

La decisión de construir los depósitos de agroquímicos surgió de las observaciones realizadas por los técnicos, quienes advirtieron la precariedad de las instalaciones utilizadas para tal fin (habitaciones rudimentarias, galpones abiertos, sin estantería, piso de tierra, etc.). Esta iniciativa se considera muy importante si se tiene en cuenta que, además de la precariedad de los depósitos preexistentes, los productores tienen un gran desconocimiento de los efectos de los plaguicidas en su salud. Ello provoca una excesiva confianza en sus técnicas de manipulación, lo que pone en peligro a ellos y a sus familias. Sin embargo, se registraron dos inconvenientes durante la implementación de esta iniciativa. El primero tiene que ver con la manera en que se tomó la decisión de la construcción y el segundo con los procedimientos. La construcción de los depósitos fue una decisión que se “bajó” verticalmente, no hubo una instancia de consulta con los productores para conocer sus necesidades y buscar un consenso respecto de cuáles son sus prioridades. En segundo lugar, los materiales y la estructura con que fueron construidos no fueron las adecuadas. Los productores no sentían seguridad ante robos, accidentes o inclemencias meteorológicas. De manera que no están dispuestos guardar allí elementos de valor (económico y de uso) como son los agroquímicos. A su vez, al ser ellos quienes debían construir la base para la estructura, argumentaron no disponer del tiempo necesario para hacerlo (a causa de la falta de mano de obra). Por otra parte, existen situaciones en las que una quinta es subdividida y trabajada por varias familias de medieros, pero sólo uno de los productores se encuentra inscripto en el Programa. Por lo tanto, en ese caso sólo un horticultor recibió el depósito. De esta manera, se generan conflictos en torno al uso del mismo, pues cada familia compra sus propios agroquímicos y pueden sentir desconfianza de guardarlos todos juntos. Un manejo adecuado de los agroquímicos implica considerar todos estos factores.

En cuanto a las capacitaciones, las mismas resultan fundamentales pues son el punto de partida para cualquier cambio que se quiera realizar. Inicialmente, la asistencia a las mismas fue baja, pese a que las temáticas elegidas muchas veces fueron propuestas por los propios horticultores. Para solucionar este inconveniente, se adoptó la estrategia –acertada- de entrega de certificados de asistencia, los que luego sería necesario poseer para acceder a ciertos beneficios del Programa. Vale mencionar que no todos los aspectos implicados en las BPA fueron incluidos en las jornadas de capacitación, sino que se consideraron aquellos más importantes de acuerdo a las características de los grupos de productores. Entre las temáticas se destacan: primeros auxilios en caso de accidentes (derrames, incendios, etc.) o de intoxicaciones con plaguicidas, manipulación de agroquímicos y disposición de sus envases. Los tres aspectos son relevantes puesto que los horticultores no suelen utilizar elementos de seguridad personal, exponiéndose a riesgos de intoxicación; no suelen leer las etiquetas de los productos que indican su grado de peligrosidad y las medidas de precaución y, por último, tanto los envases de agroquímicos como los films de polietileno -que se utilizan como cobertura de suelo o para la construcción de invernáculos y túneles- son quemados, enterrados o dispuestos en basurales improvisados.

En este sentido, se considera que programas como P.R.O.A.A.S.-C.R. necesitan ser acompañados de un sistema de recolección y recupero de los residuos con un tratamiento adecuado, de lo contrario se generarán efectos negativos en el ambiente contrastando con lo dispuesto por las BPA: asegurar condiciones de calidad del suelo y del agua. Éstas establecen explícitamente que son fuentes de contaminación “la proximidad de áreas de compostado de residuos vegetales o áreas de almacenamiento de desechos fecales, la presencia de ganado o cría de aves, la cercanía de zonas municipales de acumulación de aguas residuales o sólidos orgánicos, la proximidad a plantas de tratamiento o áreas de evacuación de desechos”. Es decir, se establece con precisión que no deben realizarse actividades productivas en espacios que presentan las características típicas del periurbano, donde la contaminación es una de las principales externalidades negativas que se registran como resultado de la influencia que la ciudad ejerce sobre él. Surge entonces la pregunta acerca de si es posible garantizar las condiciones de producción requeridas por las BPA dada la diversidad de actividades y situaciones que se observan en el periurbano. Y en consecuencia, de qué manera mejorar dichas condiciones y las condiciones de vida de los horticultores.

Siguiendo con las exigencias de las BPA, se destaca por su importancia la del conocimiento por parte de los productores de la reglamentación existente relacionada con los procedimientos productivos. La capacitación que estos actores implica un importante esfuerzo por parte de los técnicos. En primer lugar, para despertar el interés de los horticultores en la temática y, en segundo, a la necesidad de gestionar y brindar información específica. Tareas que se suman a la larga lista de obligaciones que tienen asignadas.

Por otra parte, las BPA son extensivas a la etapa del transporte de las mercaderías, la que no se encuentra exenta de obstáculos para su cumplimiento. En tal sentido, dado el bajo grado de capitalización que presenta una gran parte de los productores, muchos de ellos se ven en la obligación de contratar fletes, con lo cual no tienen el control total sobre las condiciones sanitarias del camión, y en general no es éste el criterio que guía la elección del servicio sino su costo. A su vez, los que sí pueden solventar un vehículo desconocen los procedimientos de transporte de la mercadería establecidos por las BPA. Por lo tanto, este aspecto también debe ser incluido en las capacitaciones.

Como fuera mencionado, las BPA exigen asegurar las condiciones de calidad del suelo productivo. Para asegurar dicha calidad y no contaminar los productos, es necesario realizar rotaciones de cultivo y dejar los lotes en barbecho durante tiempos específicos. Condiciones similares se requieren cuando se aplican enmiendas orgánicas en lotes donde se cultivarán productos con su parte comestible en contacto con el suelo (se requiere esperar 6 meses). Dado que la horticultura periurbana es una actividad que se desarrolla en espacios parcelados de menores extensiones, la rotación de cultivos es constante al tiempo que el uso del suelo es intensivo. Por ello, los productores no están en condiciones de cumplir con períodos prolongados de descanso de la tierra, ya que al disponer de espacios reducidos necesitan tenerlos bajo producción la mayor parte del año, ya que su subsistencia depende de ello.

Otras exigencias de las BPA se refieren a los sistemas de riego y las instalaciones existentes en las quintas. En este sentido, se plantea que se debe utilizar el sistema de riego más efectivo y en el cual el contacto del agua con la parte comestible de la planta sea mínimo (el recomendado es riego por goteo). A su vez, exigen que las instalaciones presentes en las quintas cumplan con una serie de condiciones: piso de cemento, construcción de estructuras durables -como son los tinglados-, estructuras de desagüe y tratamiento de efluentes. Si bien estos no fueron aspectos centrales durante las capacitaciones, es oportuno mencionar que exigir su cumplimiento implicaría para los productores determinadas erogaciones monetarias que en su mayoría no están en condiciones de afrontar. Por su parte, los técnicos manifiestan que es necesario esperar que las BPA se vayan incorporando gradualmente a las lógicas productivas de los actores, pues implementarlas implica cambiar modalidades utilizadas por años[5].

Dado que la aplicación de PRO.A.A.S.-C.R. implica la adopción de las BPA, puede decirse que el programa también presenta como objetivos asegurar productos de calidad para los consumidores y mejorar las condiciones de producción de los alimentos (objetivos explícitos en los manuales publicados por el INTA). Para ello, las BPA suponen el cumplimiento de una serie de metas: mayor eficiencia productiva, diferenciación en la oferta, homogeneización, volumen y posicionamiento del producto; menores costos de producción en el marco de alta calidad; posibilidad de comercializar en los mercados; higiene y seguridad laboral; y menor impacto ambiental e inocuidad. Como se ha descripto, muchos de estos requerimientos suponen un grado de inversión que los productores no están en condiciones de realizar. En tal sentido, debe recordarse que la horticultura forma parte de la llamada economía popular (Coraggio, 1997)[6], donde la capacidad de inversión de los actores es limitada. Es aquí, donde debe verse el accionar del Estado, brindando oportunidades que permitan acceder a créditos o subsidios, en particular destinados a los productores más vulnerables.

Por otro lado, tanto el programa PRO.A.A.S.-C.R. como las BPA focalizan la mirada sobre la actividad agrícola y las prácticas productivas sin tener en cuenta que el impacto ambiental puede ser efecto de una multiplicad de causas, donde lo agrícola constituye una actividad en un espacio complejo donde coexisten diversas producciones. En tal sentido, mejorar los procedimientos no depende sólo de las técnicas empleadas sino de que los resultados están condicionados por el complejo contexto en el que se desarrolla la horticultura periurbana. Por ejemplo, la disponibilidad de agua de calidad (concepto de “agua segura” establecido por los manuales) dependerá de que las actividades contiguas no la estén afectando, como podrían hacerlo la existencia de basurales a cielo abierto, urbanizaciones sin redes cloacales o actividades industriales contaminantes. Nuevamente es el Estado quién debe controlar la situación a través de instrumentos de gestión territorial que regulen el mercado de suelos y las localizaciones, mediante la elaboración de un plan estratégico para el corto, mediano y largo plazo. El mismo debe prever un ordenamiento que tenga en cuenta las incompatibilidades de usos de suelo que existen y otras que podrían generarse en el futuro. Para ello es necesario partir de un diagnóstico de la situación de la horticultura. El nivel de gobierno más apropiado para este fin es el municipal, pues es quien está en mayor contacto con los productores y, por ello, quien debería conocer mejor la realidad local. Por este motivo, se destaca la iniciativa del PRO.A.A.S. como programa municipal.

Por otra parte, deben señalarse aspectos relacionados con el funcionamiento del mercado, tales como la inexistencia de algún tipo de regulación de los precios (especialmente “precios sostén” en momentos de ciclos negativos), ya que es sabido éstos presentan grandes fluctuaciones[7]. En otro sentido, la apertura de mercados alternativos al Mercado Central ha permitido que en los últimos años se comercialicen productos con mínimos o inexistentes controles bromatológicos, lo cual desincentiva la implementación de las BPA en los distintos eslabones de la cadena productiva y comercial.

En definitiva, la evaluación de PRO.A.A.S.-C.R. registra puntos altos y bajos que muestran la complejidad del interrelacionamiento entre los técnicos y los horticultores bolivianos, sumado a las particularidades que presenta el territorio periurbano. Todas estas experiencias deben ser consideradas por los funcionarios de la nueva estación experimental del INTA especializada en agricultura urbana y periurbana (INTA AUPU-AMBA).

Conclusiones

Como se ha mencionado, la implementación de PRO.A.A.S.-C.R. está finalizando en Pilar y lo más probable es que no se solicite la prórroga por un año más para que el programa le de un cierre a varios de los aspectos recién descriptos. En este sentido, debe considerarse que se ha registrado un desgaste entre los actores intervinientes que responde a diversos motivos. Por una parte, la problemática implementación de los depósitos de agroquímicos –motivada en una preocupación muy bien intencionada- generó agotamiento y pérdida de expectativas en los productores. Por otra parte, los técnicos han sentido en exceso las diversas demandas del Programa (Pizarro y Aboitiz, 2008), registrándose cambios en la composición los grupos. A su vez, el personal de las agencias INTA de los alrededores de Buenos Aires ha estado expectante ante la creación de la nueva estación AUPU-AMBA y, a otro nivel, del nuevo Ministerio de Agricultura, lo que también implica que hubo elementos de contexto que alteraron el funcionamiento institucional. Por otra parte, la Municipalidad de Pilar fue afectada por diversas reestructuraciones de organigrama y cambios en su funcionariado político durante el año 2008. Todos estos factores han determinado que desde ninguno de los grupos involucrados (INTA, Municipalidad, productores) surja la iniciativa de solicitar su continuidad[8].

La unidad experimental INTA AUPU-AMBA se encuentra actualmente en plena tarea de organización territorial de sus sedes[9]. Por otra parte, a partir de 2008 C.R. se implementó por convenio en Escobar, Moreno, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz y Mercedes (Campana también lo ha hecho recientemente, pero sin convenio). Todas estas iniciativas son de muy alto valor en el sentido de conformar un “banco de experiencias” que debe nutrir a la nueva gestión del INTA AUPU-AMBA a los fines de pensar en instrumentos de intervención técnica y territorial para sostener a la agricultura periurbana. PRO.A.A.S.-C.R, que comenzó a gestarse en Pilar en mayo de 2004, fue un emprendimiento pionero y se ha replicado posteriormente en otros territorios[10]. Tal como hemos analizado, las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchos productores hortícolas tienen que ver con las amenazas presentes en el territorio, tanto como la ausencia de mecanismos de ordenamiento que garanticen la persistencia de la actividad. La nueva estación tiene la oportunidad de incorporar estos saberes y transformarse en un actor que tenga capacidad de influencia sobre los niveles provincial y municipal, a fines de proteger el cinturón verde productivo y los pulmones periurbanos.



Notas

[1] El programa de Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable (PRO.A.A.S.). Acerca de su implementación, ver: Barsky (2008) y Feito (2009).

[2] En este sentido, el cónsul Antonio Abal Oña (18/3/10), prefiere hacer referencia a “grupos con arraigo a la tierra” antes que a campesinos propiamente dichos.

[3] Desde la recuperación económica del país (2002 en adelante), se viene registrando una aguda escasez de mano de obra en las quintas debido al aumento de los salarios urbanos, especialmente en el sector de la construcción (Barsky, 2008). Pedro Aboitiz, agente de proyecto de la Agencia INTA Escobar, nos informa que durante el verano de 2010 las granizadas y el alto precio de la electricidad afectaron notablemente a los quinteros. El fenómeno fue de tal gravedad que muchos patrones negociaron con los medieros un manejo compartido de la quinta (“semi-patronazgo”) a cambio de que no abandonen la explotación.

[4] Muchas de estas ideas están desarrolladas en un trabajo anterior (Barsky, Astelarra y Galván, 2009).

[5] La cuestión de las BPA no puede estar al margen de las estrategias de reproducción económica de los productores. Por ejemplo, como consecuencia del fenómeno de El Niño en los meses de verano de 2010 se han registrado precipitaciones muy copiosas en Buenos Aires, lo cual ha impactado fuertemente en las quintas periurbanas que producen a campo (ello se reflejó en los muy altos precios de la lechuga en los supermercados y verdulerías, entre otros productos). En estos casos, la utilización de plaguicidas ha sido intensa por parte de los horticultores a fines de “salvar” lo cosechado.

[6] Entendiéndose a la economía popular como “un subsistema que vincula y potencia (mediante relaciones políticas y económicas desarrolladas sobre un sustrato de relaciones de parentesco, vecinales, étnicas, y otras relaciones de afinidad) las unidades domésticas populares (unipersonales, familiares, comunitarias, cooperativas) y sus organizaciones particulares y sociales relativamente autónomas. Su sentido está dado por la reproducción transgeneracional ampliada de la vida (biológica y cultural) de los sectores populares” (Coraggio, 1997: 62).

[7] Este tipo de regulaciones son de difícil aplicación en un mercado donde la alta perecibilidad de los productos y el individualismo de los agentes hacen que el mismo funcione de manera transparente en un sentido clásico, es decir, de acuerdo a la oferta y la demanda. Ello perjudica notablemente a los quinteros, pues cuando se produce a irrupción masiva de un producto cosechado en el mercado los precios caen a niveles mínimos.

[8] En el caso de los productores, no hay un liderazgo que los nuclee y un conocimiento estratégico de la situación que los lleve a movilizarse en torno a esta demanda. A ellos “les llega” como un hecho consumado la finalización del Programa.

[9] En el periurbano Norte y Oeste, tiene una de las cabeceras en Escobar y agencias en Luján, Marcos Paz y Moreno. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de abrir una oficina técnica en Capilla del Señor (Exaltación de la Cruz).

[10] Considerando las experiencias de implementación de ferias francas llevadas a cabo en el norte del país (Misiones y otras), las ferias agroecológicas “verdes” como la de Mar del Plata o las ferias realizadas por el programa nacional Pro-Huerta en zonas urbanas (generalmente ferias de semillas, producto de huertas de traspatio), en la actualidad los agentes de proyecto y técnicos C.R. están procurando implementar ferias francas en el periurbano (Aboitiz, 27/3/10). Estas iniciativas pueden resultar significativas para que los municipios, que tienen que reglamentarlas, comiencen a apropiarse de la idea de conservar los espacios buffer del periurbano. Asimismo, pueden estimular la adopción de mejores prácticas agroecológicas por parte de los productores, pues la demanda en este sentido provendría del nivel local. Como señala el cónsul Antonio Abal Oña (27/3/10), debe considerarse que las ferias (qatus) son las articuladoras centrales de la vida social en Bolivia –no necesariamente mercados monetizados-: son, en esencia, ámbitos de sociabilidad e intercambio de información. Sugiere tener en cuenta la experiencia boliviana de la implementación de ferias surgidas en el contexto de la post-descentralización, de la municipalización del territorio considerando las comunidades, hecho acaecido a partir de 1994. Por otra parte, la cuestión central es que los horticultores son quienes deben advertir la conveniencia de incorporarse a este tipo de iniciativas y requisitos excesivos, así como una exigencia de regularización compulsiva (facturación formal), pueden resultar contraproducentes con este objetivo.


Entrevistas realizadas

Lic. Antonio Abal Oña, cónsul adjunto de la República de Bolivia en Argentina, 18/3/10 y 27/3/10.

Ing. Pedro Aboitiz, agente de proyecto a cargo de grupos C.R., Estación Experimental INTA Escobar, 13/3/10 y 27/3/10.



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© Copyright Andrés Barsky, Sofía Astelarra y Luciana Galván, 2010.
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Ficha bibliográfica:

BARSKY, Andrés; Sofía ASTELARRA y Luciana GALVÁN. Un caso de intervención territorial en el cinturón verde de Buenos Aires ante la necesidad del abastecimiento alimentario a la ciudad. Análisis de la experiencia de implementación de un programa de sostenimiento de la agricultura periurbana en Pilar. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 (64). . [ISSN: 1138-9788].