“La agricultura periurbana en la agenda pública."

"Implementación de políticas municipales, provinciales y nacionales para el sostenimiento del cinturón verde en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010)”

Autores
Lic. Andrés Barsky
Área de Ecología
Instituto del Conurbano
Universidad Nacional de General Sarmiento

E-mail: andresbarsky@yahoo.com.ar

Ing. Pedro Aboitiz
Agencia Luján
Estación Experimental AMBA
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Introducción

Con 4.400 kilómetros cuadrados de superficie y 13 millones de habitantes, la conurbación Gran Buenos Aires es una de las principales áreas metropolitanas de América Latina. A su vez, su espacio de influencia regional, la denominada Región Metropolitana, abarca unos 15.000 kilómetros cuadrados. En el cinturón hortícola ubicado sobre sus bordes, alrededor de 1.500 empresas se emplazan en unas 16.000 hectáreas, abasteciendo aproximadamente al 30 % de la demanda alimenticia “en fresco” urbana. De esa superficie, 3.000 corresponden a superficie ocupada con invernáculos, que a su vez representan el 40% de la superficie nacional de cultivos bajo cubierta.

En años recientes, la agricultura periurbana como asunto de gestión ha venido incorporándose crecientemente en la política pública. Si bien la “preocupación tecnocrática” de los organismos nacionales de planificación por limitar la expansión física de la ciudad se remite a los años sesenta y setenta (ORDAM, 1969) y desde los años ochenta la creación del Mercado Central de Buenos Aires procuró ordenar la comercialización frutihortícola metropolitana , es en la última década cuando desde distintos niveles del Estado Argentino (nacional, provincial, municipal) se promueve con iniciativas concretas la idea de incidir en el desarrollo del cinturón productivo primario-intensivo . Las enumeraremos a continuación.

En 1999, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura) estableció, mediante la Resolución 71/99, la necesidad de ir incorporando las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en toda la producción agropecuaria nacional, comenzando por la horticultura. En el año 2000, en la Municipalidad de Moreno -suburbio del oeste bonaerense- se crean el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y el Instituto de Desarrollo Urbano-Regional (IDUAR), dos institutos descentralizados que trabajan con los agricultores de esa jurisdicción y procuran solucionar el problema del acceso a la tierra y la comercialización mediante determinados instrumentos de gestión territorial. En el año 2002, la Municipalidad de Florencio Varela, de la zona sur, genera una iniciativa similar y pone en funcionamiento el Instituto de Desarrollo Local (IDEL), en el cual se incorpora el Programas “Tierras productivas” un año más tarde. Durante 2004, la Municipalidad de Pilar, ubicada en el sector noroeste de la aglomeración y una de las más afectadas por el retroceso del espacio semirural debido a la radicación de inversiones residenciales e industriales de gran magnitud, realiza un convenio con el programa nacional de asociativismo agrícola “Cambio Rural”. Mediante una ordenanza reglamenta un programa llamado “Programa de Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable (PROAAS)” que se aplica en el distrito.

Para el año 2006, el organismo nacional de investigación y extensión del sector agrario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), implementa el Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios (PNTER), que muestra un grado de apertura inédito de la institución hacia las temáticas territoriales. Ese mismo año, financia un proyecto integrado de grandes dimensiones: el PNHFA 3141 “Desarrollo de tecnologías de procesos y gestión para la producción periurbana de hortalizas”, que se centra fundamentalmente en estudiar aspectos tecnológicos y de impacto ambiental de la horticultura en el espacio de influencia metropolitano de Buenos Aires. En el año 2007, la Provincia de Buenos Aires incluye por primera vez en su organigrama una Dirección de Agricultura Periurbana, bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Asimismo, la Secretaría de Agricultura habilita ese año la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Durante el año 2008, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realiza la Apertura del Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENSPA), enfatizando sus primeras acciones en horticultura periurbana. Ese mismo año, Presidencia de la Nación firma un convenio para subsidiar la agricultura periurbana de los partidos del norte y oeste de Buenos Aires fomentando el desarrollo del invernáculo u horticultura bajo cubierta en zonas de bajo desarrollo. Por último, durante 2009 y 2010 se llevan a cabo dos iniciativas trascendentes: a) la puesta en funcionamiento de una nueva Estación Experimental del INTA especializada en Agricultura Urbana y Periurbana para el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires: la originalmente denominada Estación INTA AUPU AMBA –hoy Estación INTA AMBA-, una agencia de importantes dimensiones (pionera en Latinoamérica) destinada a asistir el sector productor de alimentos a nivel metropolitano; y b) la presentación, por parte de Presidencia de la Nación, del Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura, una iniciativa que da continuidad al convenio firmado en 2008 y propone ampliar la oferta de crédito subsidiado de los productores. Las acciones descriptas dan la pauta de que el Estado, desde diferentes niveles de intervención, ha comenzado a trabajar en la última década con mayor especificidad sobre el cinturón productivo rural de Buenos Aires .

El presente trabajo se propone sistematizar las distintas experiencias de implementación de estas nuevas políticas que, desde los niveles municipal, provincial y nacional, han apuntado a intervenir en el espacio rural en la interfase urbano-rural de Buenos Aires. Asimismo, y dado lo reciente de su puesta en funcionamiento, se procurará realizar una primera evaluación acerca de la efectividad de dichas políticas como generadoras de instrumentos de gestión territorial para el sostenimiento de la agricultura periurbana.

Las mismas se agruparán de la siguiente manera: a) las tres iniciativas municipales de la Región Metropolitana de Buenos Aires y su vinculación con el nivel provincial; y b) las iniciativas nacionales recientes referidas a la institucionalización de la agencia INTA AMBA y a la implementación del Plan Nacional de Agricultura Periurbana. En las conclusiones, se procurará realizar una reflexión sobre las posibilidades de gestionar territorialmente la agricultura periurbana de Buenos Aires, en función de las experiencias analizadas y ante la complejidad que muestra el mapa del Estado. Se advierte que las reflexiones aquí vertidas tienen un carácter preliminar.



Las iniciativas municipales y su vinculación con el nivel provincial

En abril del año 2000, en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Moreno estableció mediante Ordenanza Municipal Nº 553/00 la institucionalización de dos entes descentralizados con propósitos de gestión territorial: el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y el Instituto de Desarrollo Urbano-Regional (IDUAR) . Mientras el IMDEL se plantea como metas “lograr un incremento en la productividad por invernáculo y mejorar el nivel tecnológico y productivo del sector primario” (IMDEL, 2001:4), el IDUAR se propone, entre sus objetivos principales, “promover, planificar y ejecutar acciones orientadas al desarrollo urbano, ambiental y regional del distrito (..). Se crea con el objeto fundamental de gestionar grandes proyectos urbanísticos y administrar –a través de sus distintos programas- la tierra pública e ingresar y disponer la tierra privada municipal con fines sociales” (www.moreno.gov.ar; el agregado es nuestro) .





Esquema Nº 1: “Ciclo de la tierra” (IDUAR):
Fuente: www.moreno.gov.ar

Si bien no estamos en condiciones de hacer una evaluación minuciosa del desenvolvimiento de ambas instituciones en la última década –y establecer si operaron por separado o lograron un nivel de articulación adecuado para incidir en la preservación del espacio productivo periurbano del partido-, sí se pueden destacar diversas iniciativas. El IMDEL logró la habilitación de la mayoría de los establecimientos florícolas y hortícolas de Moreno a través del Régimen de Regularización del Sector Primario (ordenanza municipal del año 2000 que exceptuaba de la Tasa de Seguridad e Higiene), logrando la firma de comodatos de uso entre propietarios y arrendatarios de la tierra (pues era un requisito para la regularización) y la implementación de programas como el de de Armado de Bolsones de Verdura, el de Consolidación de la Agricultura Urbana (Pro.Con.AU), el de Consolidación para la Autoproducción de Alimentos (Pro.Con.A.Al.) y el de Servicio y Manejo de Espacios Verdes (Pro.M.E.Ve); la constitución del mercado Norchicha (cooperativa de comercialización hortícola), el establecimiento de la exposición anual “Moreno Florece”, etc. Desde el punto de vista de la gestión territorial se logró la promulgación del Código Rural.

Por la importancia de su trayectoria en asistencia técnica, constituyó la sede donde se firmó en octubre de 2008 el convenio entre Presidencia de la Nación (a través del Consejo Regional Buenos Aires Norte de INTA) y los 8 municipios de la región (Moreno, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Mercedes, Luján, Gral. Rodríguez y Marcos Paz), para subsidiar la horticultura bajo cubierta. Respecto del IDUAR, la relevancia y el alcance de su accionar excede el análisis que aquí podamos realizar. Se apuntó a la consolidación, a través de distintos programas, de un verdadero banco de tierras en el distrito (institucionalizando esta iniciativa a través de la creación del Fondo Municipal de Tierra y Vivienda, el Registro Único de Tierras y la “Casa de Tierras” de Moreno), así como a dando soporte técnico a la conformación del código de zonificación y la formulación del plan urbano-ambiental del partido. El resguardo de suelo rural aparece como un objetivo explícito de varios de estos emprendimientos (Micieli, 2005).

El programa “Tierras Productivas” de la Municipalidad de Florencio Varela fue generado en 2002, en el marco de la emergencia económica y alimentaria que afectaba al país. En julio de 2003 fue incorporado al Instituto de Desarrollo Económico Local (IDEL), creado ese año mediante ordenanza municipal 4.238/03 y reglamentada por el Ejecutivo Local bajo el Decreto Municipal Nº 665/03. A diferencia del IMDEL y el IDUAR, cuyas estructuras y ubicación en el organigrama municipal son complejas, El IDEL se compone de una estructura simple, con una dirección ejecutiva y cuatro programas (el mencionado de Tierras Productivas, el Programa de Competitividad, el de Fortalecimiento de Capacidades Locales y “Florencio Varela emprende”). Desde sus orígenes y en el contexto de una profunda crisis económica nacional, Tierras Productivas apuntó al fomento de la economía social (vinculándose con programas como el Pro-Huerta del INTA o Huertas Bonaerenses de la Provincia), pero tomando en consideración el escenario territorial periurbano . El Instituto ha demostrado, a través de una activa agenda, poseer buena operatividad para promover desarrollos sectoriales (horticultura, apicultura, etc.), vincularse con programas del INTA o el Ministerio de Agricultura, con instituciones educativas de enseñanza agropecuaria, promover buenas prácticas en conjunto con el SENASA, etc. . En tanto programa, “Tierras Productivas” se ha propuesto “la consolidación de huertas en el distrito, ofreciendo acompañamiento desde ejes estratégicos como la capacitación, la entrega de semillas e insumos y el seguimiento” (www.idel.gov.ar). Sin embargo, la meta de sostenimiento de un complejo productivo a través de acciones de extensión no es acompañada de la enunciación de una política explícita de gestión del suelo, destinada a preservar los espacios de interfase urbano-rurales. Este es un tema por lo general recurrente en la mayoría de las iniciativas estatales que buscan incidir en el sector productivo periurbano. Volveremos más adelante sobre este punto.
En el caso del partido de Pilar, las iniciativas locales en agricultura periurbana se remontan al año 2002, cuando se logró –en un contexto de crisis- la constitución de la Cooperativa de Provisión de Horticultores “2 de Septiembre” (el mercado frutihortícola de la localidad) gracias al protagonismo de técnicos municipales y dirigentes de la comunidad boliviana. En mayo de 2004, se firma entre el Municipio y el INTA el acuerdo para implementar el Programa de Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable (PROAAS), el cual es reglamentado en 2006 mediante Ordenanza Municipal N° 247/06 y comienza a funcionar en 2007. La importancia de esta experiencia radicó en que Pilar fue el primer partido del periurbano de la Región Metropolitana donde se aplicó Cambio Rural-PROFEDER, un importante programa que desde 1993 promueve el asociativismo entre productores agropecuarios convencionales pampeanos y extrapampeanos, pero que en esa oportunidad “desembarcaba” en el mundo de la agricultura periurbana, con el objetivo de mejorar las prácticas de los horticultores del distrito. Como hemos analizado en otros trabajos (Barsky, 2008), la experiencia tuvo muy buenos resultados en cuanto a lograr una positiva articulación entre técnicos y productores a través de la conformación de grupos, pero altibajos en lo referido a los objetivos finales de asociativismo y BPA. La experiencia sirvió de plataforma para que, cuando desde 2008 Presidencia de la Nación comenzó a remitir los primeros fondos para apoyar la agricultura periurbana, este trabajo de organización se replicara con celeridad en varios partidos del periurbano norte y oeste.
Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, hasta la primera mitad de la década del 2000, la iniciativa más relevante fue “Cambio Rural Bonerense” (CRB), un programa de promoción del asociativismo similar al de Cambio Rural impulsado por el INTA una década antes. Desde 2002, CRB realizó trabajo de asistencia técnica a la horticultura en distintos partidos de la provincia durante los primeros años de la década, incluidos algunos del cinturón verde de la RMBA como La Plata, Pilar y Luján (Feito, 2007). Sin embargo, desde 2007 es Cambio Rural de INTA el que centraliza este tipo de acciones, adoptándose –como ya se mencionó- en Pilar y otros partidos de la interfase urbano-rural. A pesar de su corta duración, indudablemente CRB fue, dentro del período que estamos analizando, la experiencia pionera de articulación entre técnicos provinciales y productores del periurbano.
Con el advenimiento del nuevo gobierno provincial a partir de 2007, resultó novedoso que en el organigrama del Ministerio de Asuntos Agrarios se constituyera una nueva Dirección Provincial de Agricultura Periurbana, probablemente la primera en su tipo a nivel nacional. En el decreto que le da origen, el Nº 232 de febrero de 2008, se establecen metas generales de fortalecimiento de la actividad, aunque sin enunciar objetivos explícitos de gestión territorial en lo referido a política de suelos, preservación del espacio hortícola o avance de la urbanización . La dirección estuvo a cargo de un técnico proveniente del IDEL de Florencio Varela, lo cual constituyó un síntoma de que las iniciativas municipales se proyectaban a nivel provincial.



Esquema Nº 2: Ubicación de la Dirección Provincial de Agricultura Periurbana en el organigrama de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (2008)


Fuente: Decreto N° 232/08.


Esquema N° 3: Direcciones a cargo de la Dirección Provincial de Agricultura Periurbana, según el organigrama de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (2008)



Fuente: Decreto N° 232/08.


En función de lo informado en su página web, el organismo pareció quedar absorbido por temáticas de la horticultura y fruticultura extensiva provincial (por ejemplo, distribución de subsidios CFI ante los eventos meteorológicos desfavorables de 2008). La Dirección tuvo corta vida y funcionó hasta fines de ese mismo año, cuando la ministra de Asuntos Agrarios pasó a revistar como ministra de la Producción a nivel nacional. A partir del nuevo reacomodamiento político quedó desactivada, pasando sus funciones a la Dirección Provincial de Desarrollo Rural, a cargo de un técnico proveniente del IMDEL de Moreno, donde pasaron a funcionar la Dirección de Horticultura, Fruticultura y Floricultura y la Dirección de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. En los objetivos definidos para la Dirección de Horticultura, se hace mención a la seguridad alimentaria, a las Buenas Prácticas Agrícolas, al medio ambiente y a ciertos objetivos sociales (por ejemplo, coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social para promover el Plan Huertas Bonaerenses ), se retoman algunos objetivos de la dirección anterior, pero la temática territorial queda diluida en función de objetivos generales construidos ahora desde una escala provincial .

Esquema N° 4: Ubicación de la Dirección Provincial de Desarrollo Rural en el organigrama de la Subsecretaría de Producción, Economía y Desarrollo Rural de la Provincia de Buenos Aires y direcciones a cargo (2009)


Fuente: http://www.maa.gba.gov.ar/2010/institucional/organigrama.php



Iniciativas nacionales recientes en agricultura periurbana

Durante el año 2006, la Matriz Institucional del INTA -integrada por la Dirección Nacional, los Centros Regionales y de Investigación, los Programas Nacionales y las Areas Estratégicas del organismo- definió como línea prioritaria de gestión a la agricultura urbana y periurbana. Financió, entre otros emprendimientos, el mega proyecto integrado PNHFA 3141 “Desarrollo de tecnologías de procesos y gestión para la producción periurbana de hortalizas”, que tuvo sede en la Estación Experimental San Pedro. Como se ha mencionado al principio de este trabajo, se abocó centralmente a estudiar aspectos tecnológicos y ambientales de la horticultura en áreas periurbanas de Buenos Aires y otras regiones del país. Los resultados del proyecto conformaron un diagnóstico de situación, un insumo, que le permitió al INTA seguir profundizando su reorganización institucional en torno a la temática de la agricultura urbana y periurbana.

A fines de 2008, el INTA se encontraba evaluando la factibilidad de establecer una estación experimental especializada en agricultura urbana y periurbana (AUPU), con radio de acción territorial en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante 2009, dio pasos significativos hacia la puesta en funcionamiento de dicha institución denominada inicialmente INTA AUPU AMBA, bajo la órbita del Consejo Regional Norte de la Provincia de Buenos Aires. El trabajo principal inicial consistió en agrupar las agencias localizadas alrededor de Buenos Aires bajo la órbita de esta nueva estación para posteriormente crear otras nuevas. Se realizó una regionalización dividiendo al periurbano en unidades de coordinación territorial por zonas: norte, oeste y sur (más una unidad en la zona urbana). Todo este trabajo fue respaldado por documentos en los que se detallaron diagnósticos de las zonas y planes estratégicos por región . Si bien lo reciente de su implementación –aún en curso- nos impide realizar una evaluación general de lo realizado, vale señalar que en el proceso de creación de esta agencia se registró una rica discusión intrainstitucional, lo que se refleja en la calidad de los documentos de base que le dieron origen. Asimismo, el INTA AMBA se ha propuesto objetivos y metas muy relevantes con respecto al sostenimiento de la agricultura periurbana, que incluyen el ordenamiento territorial. En estos momentos, se encuentra prestando colaboración al Plan Nacional de Agricultura Periurbana, iniciativa del Ministerio de Agricultura que comentaremos a continuación.


Esquema N° 5: Organigrama del INTA y ubicación de la Agencia AMBA en el Centro Regional Buenos Aires Norte



Fuente: www.inta.gov.ar



Mapa N° 1: Regionalización del INTA AMBA


Fuente: www.inta.gov.ar

La instalación de la agricultura periurbana en el ámbito nacional a partir de 2008 estuvo muy relacionada con la trayectoria y posicionamiento previos de funcionarios y agentes del INTA y el IMDEL de Moreno en cargos estratégicos de la Secretaría de Agricultura (hoy Ministerio). A inicios del 2007, y en función de la preocupación gubernamental por la incidencia del costo de los alimentos en la canasta familiar, y tras un contacto con representantes de la comunidad boliviana, se crea a comienzos del 2007 una instancia de discusión entre la Secretaría, el INTA y los municipios para analizar la producción hortícola y los problemas del sector. En función de tal requerimiento, se realizaron relevamientos de las demandas de subsidios, créditos, asistencia técnica y documentación que se registran en los distintos municipios del periurbano. Se identificaron “los problemas prioritarios a resolver en esta primera etapa para definir de manera conjunta las acciones concretas a ejecutar en el territorio a partir de las herramientas institucionales disponibles para la promoción de la agricultura periurbana y frente a la necesidad de contribuir a la estabilización de lo que se conoce como “continuo rural urbano” de manera razonable. (..) Representantes del INTA y de la Municipalidad de Moreno se ocuparon de obtener y sistematizar la información.” (IMDEL, 2008).

En septiembre de 2007 se logró el compromiso oficial para destinar recursos para subsidiar el desarrollo de la horticultura bajo cubierta en ocho distritos del periurbano norte y oeste que, a diferencia del Gran La Plata, tienen un bajo desarrollo del invernáculo. Se determinó que se lo hiciera “en concepto de fondos no reintegrables a los municipios por un valor de 20 millones de pesos y la asistencia técnica necesaria a través de las herramientas de intervención disponibles por el INTA y las municipalidades” (op.cit.). Ello requirió la firma de convenios marco y específicos entre la Secretaría y cada municipio, acordándose un desembolso de 2,3 millones de pesos a lo largo de tres años para cada distrito, sujeto a un plan de trabajo definido por el INTA. La implementación de esta iniciativa se logró en abril de 2008.

En octubre de 2010, la presidenta de la Nación presentó el Programa Nacional de Agricultura Periurbana, “el cuál apunta a promover el ordenamiento territorial, la producción de alimentos y la generación de puestos de trabajo, en las zonas intermedias entre las ciudades y el campo”. Con un aporte por 43 millones de pesos, el mismo ha sido impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, quedando a cargo de su coordinación el Director de Gestión Territorial que depende de la Dirección Nacional de Desarrollo Territorial Rural, que a su vez reporta a la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales.


Esquema N° 6: Organigrama del Ministerio de Agricultura


Fuente: www.sgp.gov.ar


Esquema N° 7: Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar



Fuente: www.sgp.gov.ar


Ampliando la experiencia de 2008 a otros espacios periurbanos del país, “la propuesta se centra en la entrega de aportes no reintegrables a aquellos productores que deseen ampliar la superficie bajo cubierta deseen agregar tecnología a su producción con el objetivo de producir mas eficientemente, empleen más personal y generar las bases de los procesos de valor agregado, y futura industrialización” (www.idel.gov.ar).

Como ha declarado recientemente su actual coordinador, “el programa apunta a cruzar los tres niveles del estado: nacional, provincial y municipal. Actualmente, tenemos como objetivo fortalecer al municipio porque es quien tiene mayor contacto diario y directo con los productores rurales. Consideramos que el municipio es el primer eslabón del estado que recibe las demandas y debemos fortalecer al grupo técnico que pueda sostener las peticiones de los quinteros”. (www.municipio-recreo.gov.ar, 4/2/11). En este sentido, el Programa tiene aspectos en común con las experiencias previas de Cambio Rural y el subsidio de 2008, pero es el municipio el que define el tipo de asesoramiento técnico y la conformación de grupos o individuos beneficiarios. Pueden ser asesorados por especialistas que provienen del INTA AMBA y conformar grupos CR, pero es optativo: por ejemplo, en Florencio Varela lo hacen los técnicos municipales del IDEL. Asimismo, los productores son orientados en la formulación de sus proyectos tanto de manera grupal como individual, según se evalúe (CR ponía el énfasis en el armado de los grupos). Otra novedad es que se conforma una “mesa de seguimiento” en la que tiene representación el Ministerio de Agricultura, a fines de monitorear desde Nación la utilización de los fondos.


Conclusiones

Indudablemente, la agricultura periurbana ha ido ganando un lugar de relevancia en el temario de la agenda pública durante la última década. Debe señalarse que para el tratamiento de este tipo de problemáticas, promovidas desde distintos niveles, no resulta sencillo lograr la conformación de una instancia de coordinación centralizada; por el otro, estamos refiriéndonos a la operatoria estatal sobre un territorio que de por sí presenta alta fragmentación socioespacial, como es el periurbano (Allen, 2003; Capel, 1994; FAO, 1999; Tacoli, 1998). En este sentido, la implementación del Plan Nacional desde el Ministerio constituye un avance muy importante porque puede concentrar la distribución de los fondos y establecer agenda a la hora de “bajarlos” hacia los municipios. Por otra parte, resulta significativo que técnicos que originalmente se desempeñaron en el nivel municipal ascendieran luego a las órbitas provincial y nacional, lo cual demuestra que se produjo una instalación de la temática “desde abajo hacia arriba”.

Sin embargo, cuando comenzó a adquirir mayor dimensión, los objetivos de modernización tecnológica, generación de empleo o generación de ingresos para las familias parecieron alcanzar una relevancia muy superior sobre otros de gestión territorial. Si bien, como se ha analizado, se registran experiencias a nivel municipal en las que se ha trabajado con objetivos mucho más específicos en lo referido a la necesidad de incidir territorialmente en la protección del borde periurbano (como el caso del IDUAR de Moreno), cuando el abordaje se realiza desde el nivel provincial y/o nacional generalmente se establecen metas generales de fortalecimiento de la actividad económica, con baja o nula enunciación de objetivos explícitos de gestión territorial (como incidir en el uso del suelo, preservar el espacio productivo ante el avance de la urbanización, etc.).

A nivel provincial y nacional, la temática ha quedado absorbida desde la mirada sectorial (diluyéndose agricultura periurbana con horticultura o fruticultura extensivas), o de la agricultura familiar, o por la lógica provincial, que no discrimina entre cinturones verdes periurbanos, zonas especializadas o extensivas . Dada la matriz constitutiva de los organigramas estatales, resulta dificultoso superar los esquemas sectoriales o sistemáticos a la hora de bajar al territorio. La desactivación de la Dirección de Agricultura Periurbana de la Provincia constituye un ejemplo de ello. Y en el caso del Programa Nacional de Agricultura periurbana, resulta significativa la dilución de la agenda de ordenamiento territorial, máxime si se considera que los funcionarios y técnicos del Ministerio involucrados en la creación del Programa provienen del partido que más avanzó en política de suelos: Moreno.

Vale destacar la trascendencia de la creación de la Agencia INTA AMBA así como del Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura. La inquietud que se señala en el presente trabajo es si, en el marco del complejo mapa del Estado, ambas iniciativas pueden articularse con un mayor nivel de formalidad (sabemos que distintos agentes lo hacen por múltiples vías informales cotidianamente) y conformar un organismo central de coordinación que incluya a la provincia de Buenos Aires (que en la actualidad aparece jugando un rol menor) y a los municipios del periurbano, a los cuales se les debería exigir, por ejemplo, que cuenten con institutos descentralizados como los de Moreno y Florencio Varela (u organismos similares), a fin de hacer más operativa la “bajada” de éste y otros programas, y a fin de encarar desde un nivel más formal la preservación de sus espacios periurbanos como política de Estado .

Para concluir, vale señalar que, considerando la reciente implementación de políticas específicas y la circulación de agentes públicos con importante capacidad de iniciativa y conocimiento, recursos humanos valiosos que están generando un “banco de experiencias” de alto valor, el tratamiento público de la agricultura periurbana, presenta un gran potencial para contribuir a la preservación presente y futura del cinturón verde de la Región Metropolitana de Buenos Aires.




Bibliografía citada:

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Reportaje de la Fundacion Metropolitana al Arq Raul Fernandez Wagner

*“No se explican la toma de Soldati sin entender el fenómeno de los barrios
cerrados” *

La toma de un predio en Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires, seguida
por otras en el Gran Buenos Aires, puso en agenda el tema de la ocupación
del espacio metropolitano. En esta entrevista Raúl Fernández Wagner,
urbanista y miembro del Comité de Expertos de Fundación Metropolitana, suma
al debate desde la dimensión territorial: qué ciudad se construye y cómo se
accede al suelo en la metrópolis Buenos Aires.


*Id Metropolitano:* una primera reflexión sobre lo que esta ocurriendo en
la ocupacion de tierras en Villa Soldati…
*Raúl Fernández Wagner:*. El fenómeno de ocupación de tierras se repite,
hubo otros casos, para quienes investigamos el tema era previsible, lo
veníamos anunciando, y creo que resume lo que es una ciudad injusta. Esto
toma una escala que es histórica en la Argentina como fue hace 103 años la
huelga de los inquilinos a principios del siglo XX, con la novedad de la
ocupación de tierras de los inquilinos de las villas, a la que después se
agregan actores, pero esa es la válvula que se abrió y estalló.

*IDM:* ¿hay tierras para satisfacer la demanda en la región metropolitana
Buenos Aires?
*RFW:* esta situación se ha presentado muchas veces como un tema de
vivienda. Pero no es así, *es un tema de tierra*, los urbanistas
consideramos que es un tema de suelo urbano. Hay que preguntarse qué ocurre.
Lo que tenemos es una demanda impresionante, contenida. En 2007 nos daba que
de cada 100 nuevos habitantes de la metrópolis, 60 accedían de forma
informal. Es decir, 6 de cada 10 no van y alquilan en una inmobiliaria o
compran una casa o un departamento de modo formal si no que ocupan terrenos
o viviendas que no son de ellos.

*IDM:* ¿lo que ocurrió en Villa Soldati es la norma?
*RFW:* claro, así se accede al suelo en la Argentina, consiguiéndolo de
manera informal. Es un fenómeno que se da en todo el país, que en todo caso
estalló en la región metropolitana. Pero tenemos casos así todo el tiempo.
Hay una toma importante por semana. Hace poco se dio un caso en Moreno de
800 familias.* Era un tema que estaba invisibilizado. *

*IDM: *¿se puede hablar de un proceso que se viene profundizando?
*RFW:* lo que *hay es una tremenda escasez de suelo*, lo que es una
paradoja, obviamente. ¿Por qué? Hace 30, 40 años atrás, los sectores
populares compraban un lote y hacían su casa. Había un buen sistema de
ferrocarriles. Muchos de los que ocupan ahora son nietos de aquellos
propietarios. Del 40 al 80 fue así, e incluyó a 5 millones de nuevos
habitantes en la región metropolitana sin mayores problemas. Primero
llegaban a las villas porteñas, o estaban en una pensión, hasta que formaban
la familia y se iban a vivir en una casa propia en la periferia. Así se
formó el primer, el segundo y parte del tercer cordón del Conurbano. Eso se
terminó hace 20 años. *Y en paralelo se fue dando un fenómeno en la
periferia que encareció el suelo urbano, los barrios cerrados*.* Hoy los
barrios cerrados ocupan el doble de la Ciudad de Buenos Aires. No se
explican las tomas sin entender ese fenómeno. Los barrios cerrados ocupan 40
mil hectáreas y Capital Federal, 20 mil. *

*IDM: *¿cuánta gente vive en los barrios cerrados y cuánta en Capital?
*RFW:* en los barrios cerrados, se calculan 200 mil personas. En Capital,
tres millones. En los barrios cerrados, con la densidad de Buenos Aires,
podrían vivir allí seis millones de personas. Son tres casas por hectárea,
esa situación marca el consumo diferencial de suelo urbano. *Y los barrios
cerrados también elevan el precio del suelo,* lo que expulsa a la gente.

*IDM:* ¿tiene solución?
*RFW:* La solución es reforma urbana. Tierras hay. Hay que disciplinar a los
desarrolladores urbanos. *Los desarrolladores no pueden hacer lo que
quieren. Tiene un costo social lo que hacen. Incluso los barrios cerrados
son la mayoria ilegales, no hay norma que los ampare, incluso los títulos
de propiedad no son perfectos. También los barrios cerrados son un circuito
informal. Hay que disciplinar a los inversores, no se puede seguir
construyendo torres. *Nosotros decimos por tantos metros que construyen que
hagan viviendas sociales. Otra cuestión es que se producen valorizaciones
extraordinarias del suelo que no se recuperan. Lo que se llama participación
en plusvalía. La Ciudad lo usa con el subte, en valores ínfimos. Con toda la
obra pública que se hace, todo el tiempo se valoriza. En Ciudad se necesita
un alquiler social.

*IDM: *¿por qué le parece que el Gobierno Nacional no ha sido permeable a
los debates urbanísticos que Usted comenta?
*RFW:* me parece que hay una vieja idea que persiste, que es propia del
peronismo, y es la idea de que el problema se resuelve construyendo
viviendas. En 2004-2007 se hicieron en la región 27 mil viviendas, hacía 26
años que no pasaba. Buena parte de las viviendas que se construyendo
tuvieron problemas de suelo. Se construyeron alejadas. Se dio una vivienda
pero peor calidad de ciudad. Es un tema imperdonable para un Estado. Deben
implementarse políticas de suelo. Hay una iniciativa fuerte del Gobierno
Nacional. Pero no se termina de entender que hay que aplicar políticas de
suelo que regulen el mercado.

*IDM:* ¿*la actual discusión que está planteada en el Congreso Nacional, en
torno a una ley de ordenamiento territorial, va en ese camino?*
*RFW:** esperamos que sí, que el Estado tenga herramientas. Pensamos que no
alcanza que el Estado regule al mercado, debe producir suelo. *

MERCADOS POPULARES PROGRAMA URBANISMO SOCIAL ARQTA MARCELA VIO

PROGRAMA URBANISMO SOCIAL

Objetivo:
A través del desarrollo de la urbanización el programa apunta mejorar la seguridad individual y colectiva y la calidad de vida de los habitantes de la provincia.
La implementación
En su primera etapa de implementación contempla el desarrollo de acciones públicas en 100 villas y asentamientos precarios del AMBA (cabe recordar que en todo el conurbano hay alrededor de 1000 villas y asentamientos y mas de 100 barrios con inicio de obras financiadas por el Estado nacional en forma directa a los Municipios), las que tendrán impacto directo en la vida cotidiana de más de 1 millones de habitantes de la Provincia. Se priorizarán aquellos que presenten las condiciones urbano- ambientales más críticas, los que mayoritariamente se localizan en la gran cuenca del Río Matanza- Riachuelo.
Las acciones previstas:
Se llevarán a cabo obras de infraestructura para dotar de servicios básicos a estos barrios: luz, agua, y saneamiento. También se extenderá la superficie pavimentada para garantizar mejores condiciones de accesibilidad a la población afectada, contribuyendo directamente al objetivo en torno al incremento de las condiciones de seguridad.
Articulará principalmente con los recursos previstos del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, dispuesto por el Gobierno Nacional, el PROMEBA y otros. Se desarrollarán soluciones habitacionales para familias que habitan viviendas precarias y para aquellas que sufren condiciones de hacinamiento. De este modo, se particularizarán las respuestas según las necesidades presentes en cada barrio, las que incluirán la construcción de viviendas nuevas de interés social así como la incorporación de mejoras en el parque habitacional existente.
Trabajo multidisciplinario, se suman otros programas de inclusión social (niñez, jóvenes y adolescentes –ENVION-, desarrollo local, economía social, fortalecimiento a organizaciones e instituciones, pensiones, de género, manzaneras)
Modalidad de Gestión:
Esta iniciativa del Gobierno Provincial se constituye como articulador entre el Gobierno Nacional y los Municipios, a través de la coordinación interministerial para el desarrollo y ejecución de proyectos de urbanización de villas y asentamientos precarios. La Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social asume la coordinación del Programa garantizando la adecuación del mismo a la diferentes circunstancias y problemáticas urbano- ambientales vigentes en los distritos. Desde esta perspectiva, el rol de los gobiernos municipales es clave para definir las prioridades locales y potenciar sus recursos disponibles con la cooperación técnica del Gobierno provincial. Desde la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social brindará a los municipios todas las herramientas necesarias de planificación y desarrollo del proyecto de urbanización. De este programa también participan el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y el Programa Soluciones Ya.
En esta primera etapa, la Provincia buscará acuerdos con las Universidades Nacionales en territorio bonaerense, para la conformación de equipos técnicos que contarán con profesionales de distintas carreras: arquitectos, ingenieros, agrimensores, ambientalistas, abogados, trabajadores sociales, etc. Su misión incluirá:
1- El relevamiento de datos censales y la confección de diagnósticos que den cuenta de la situación social, urbana y ambiental de cada uno de los barrios;
2- Deberán además evaluar la viabilidad de las obras en cada lugar;
3- Resolver las cuestiones relativas a la regularización dominial; así como la identificación de tierras vacantes que satisfagan las necesidades de suelo para aquellas familias que requieran ser relocalizadas.


PROYECTO: MERCADOS POPULARES LOCALES en Villas y Asentamientos del AMBA

Introducción:
Este proyecto integra las acciones que se inscriben en el componente: Fortalecimiento de la Economía popular y promoción de la economía local del Programa Urbanismo Social que implementa el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires a través de su Subsecretaría de Inclusión.
Dicho programa contempla un conjunto de acciones públicas dirigidas a mejorar las condiciones sociales y materiales de vida de los hogares pobres residentes en villas y asentamientos en partidos del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
El componente citado prevé la ejecución de proyectos orientados, especialmente, al fortalecimiento y mejora de las condiciones de producción y consumo de estos hogares, a la vez que puedan promover la articulación de los diferentes sectores que componen la economía local para mejorar y aumentar las oportunidades de desarrollo del sector de economía popular .

Objetivo General: Mejorar los niveles accesibilidad a los alimentos y de seguridad alimentaria local a partir de la creación de mercados populares en villas y asentamientos del AMBA.

2. Objetivo Específicos:

1. Mejorar las condiciones de consumo en general y de alimentos, en particular, de los hogares de villas y asentamientos;
2. Promover y apoyar la creación de mercados populares en villas y asentamientos en partidos del AMBA;
3. Generar espacios de comercialización directa de alimentos frescos entre productores familiares organizados y consumidores reduciendo la intermediación y mejorando los precios al consumidor;
4. Mejorar las condiciones de consumo, en general, y en particular de alimentos frescos de los hogares a los que se orientan las acciones del programa Urbanismo Social;
5. Promover el consumo asociativo, responsable y crítico y la formación de precio justo a nivel local;
6. Fortalecimiento socioproductivo de la red de productores organizados (familiares) a partir de la integración en una cadena productiva que permita nuevas oportunidades de negocio con mejoras en sus condiciones de venta.
7. Fortalecer las capacidades locales, en particular las del gobierno local para el sostenimiento de estas estrategias de consumo y comercialización en el tiempo
8. Integración territorial entre zonas productoras de alimentos y zonas de consumo desde un enfoque de soberanía alimentaria regional.

3. Justificación del Proyecto:

Este proyecto tiene su fundamento en la recuperación de prácticas de consumo y comercialización que hoy llevan adelante los hogares consumidores y productores de sectores populares, las que requieren del apoyo del Estado para mejorar sus posibilidades de desarrollo.
En este sentido desde la Dirección Provincial de Economía social y Desarrollo Local se persiguen como objetivos de gestión la concreción de proyectos que impliquen la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento del sector de economía popular, que puedan traducirse en mejoras de las condiciones de consumo, producción y de amplificación de posibilidades de trabajo e ingreso para los hogares que la integran.
Bajo esta hipótesis la estrategia de promoción de mercados populares actúa integrando los varios distintos objetivos de gestión trazados por la Dirección, en tanto aborda la integralidad del proceso de en el que se inscribe el desarrollo de la economía popular, abarcando todas sus etapas: producción, circulación, comercialización y consumo; y a la vez porque promueve la organización social, condición ineludible para su desarrollo.

4. Contexto de implementación
El proyecto prevé su implementación en el territorio del Area Metropolitana de Buenos Aires, en una primera etapa abarcando a un grupo de partidos que integran el primero y segundo cordón. Los registros disponibles señalan que el mapa del Conurbano, cuenta con más de 800 barrios populares, entre villas y asentamientos, los que alojan un total de población que supera el millón de habitantes, en condiciones de vulnerabilidad social y de déficit urbano-ambiental que obstaculizan el despliegue de sus vidas cotidianas.
En el marco del proyecto nacional, una parte significativa de esta población son actualmente sujetos de política social de los diversos programas que viene implementando el Gobierno Nacional y Provincial. Sin dudas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), constituye actualmente la acción pública más potente en su capacidad de transformación de las condiciones de vida de estos hogares, lo que configura para el proyecto de Mercados Populares un contexto propicio sin precedentes. Según datos publicados la AUH distribuye un ingreso anual del orden de los 7mil millones de pesos alcanzando a 1.650.000 familias de todo el país, con lo que suponemos que una parte importante de este ingreso llega bajo esta modalidad a los hogares a los que se dirige el proyecto de mercados populares.

5. Modalidad de Ejecución
El proyecto prevé la constitución de mercados populares en villas y asentamientos de partidos del AMBA. En su primera etapa estipula la incorporación de dos distritos llegando al 2011 a la mitad de los distritos del conurbano.
Desde la DPESDL se articularán las acciones con los Gobiernos Municipales, los que tendrán bajo su órbita de decisión, la definición del área geográfica de cobertura del presente proyecto.
Se establece una primera fase de implementación, en barrios que por sus características sociales y materiales hagan viable su implementación.
Desde la misma Dirección se asistirá técnicamente a los Municipios trabajando directamente con los hogares consumidores en los barrios, fortaleciendo los procesos organizativos que puedan sustentar en el tiempo esta iniciativa de “mercado popular” a la vez que trabajando sobre cuestiones referidas a la soberanía alimentaria, y la concientización sobre la importancia del consumo de alimentos frescos, y los beneficios de la compra directa.
El trabajo con los productores estará mediado por las organizaciones sociales que nuclean a los productores familiares. La producción se concentrará en puntos determinados del tercer cordón denominados centros de concentración situados en la zona periurbana del tercer cordón del Area Metropolitana. La comunicación entre los productores organizados en estos centros y los consumidores organizados en barrios será sostenida por el “coordinados de abastecimiento”. Esta figura deberá tener un perfil territorial y deberá coordinar todas las condiciones relativas al abastecimiento desde el punto de concentración hasta el barrio destino. Con los productores se abordarán cuestiones que hacen a la organización y asociatividad entre ellos necesarias para el sostenimiento de la oferta en estos mercados. Asimismo, se trabajará en la definición de estrategias que permitan la autonomización de los productores para el sostenimiento de la comercialización, en el marco de estos mercados populares locales.
Asimismo, se prevé asistencia financiera para el costeo de los gastos derivados de la logística para la concreción de los mercados populares locales, los que en principio presentan dos grandes divisiones: transporte y dispositivos de exposición para la comercialización.

Las siguientes acciones de intervención barrial del programa de mercados populares itinerantes podrán ser llevadas adelante por equipos técnicos conducidos por municipios y conformados por organizaciones barriales, manzaneras u otros referentes barriales que se manifiesten preocupados por la nutrición de los habitantes del barrio.




Objetivos del equipo de intervención


1. Generar un proceso de gestión asociada entre el municipio y las organizaciones barriales.
2. Generar un proceso de integración social entre productores y consumidores.
3. Generar el cambio de hábitos adecuado a la seguridad y la soberanía alimentaria

Acciones de nivel socioeconómico:

1. Crear una mesa de gestión barrial entre el municipio y los referentes barriales con capacidad para decidir en todo lo referente a la feria. (gobierno de la feria)
2. Supervisar la logística necesaria para llevar a cabo la feria.
3. Supervisar la relación productores-consumidores, el proceso de formación del precio justo y la adecuación oferta-demanda.
4. Organizar a los consumidores y propender a sostener a la feria como espacio de diálogo entre consumidores y con los productores a los efectos de concertar los aspectos críticos como precios justos, espacios disponibles, periodicidad del mercado, seguridad, etc.
5. Elegir en el marco de los talleres una comisión de mercados populares conformada por dos referentes de comercialización (un titular y un suplente) encargados de coordinar con los productores todo lo referente a la implementación del mercado y un responsable del armado del taller especial.
6. La convocatoria local puede incluir a los verduleros del barrio para comercializar el excedente de la feria a lo largo de la semana.
7. Revisar periódicamente los niveles de precios y la correcta formación del precio justo entre productor y consumidor.
8. Realizar un registro de ventas de cada producto y detectar productos que no se venden o se venden poco para su posterior problematización.

Acciones socioculturales:

1. Planificar participativamente con los referentes barriales una serie de talleres donde trabajar:
• la necesidad de compras por bultos (cajones, bolsas grandes, etc) ensayando estrategias asociativas entre los vecinos. Trabajar sobre la base del conocimiento existente entre ellos y la experiencia exponiendo las mejores prácticas.
• la problemática emergente en el campo de la nutrición: selección balanceada de alimentos (nutrición), elaboración de alimentos (cocina),
• una intervención en los hábitos relativos al consumo, la nutrición y culinarios referidos a los productos que se proveen en la feria, promoviendo la toma de conciencia respecto al consumo asociativo, responsable y crítico y la formación de precio justo a nivel local;
2. Para momentos especiales (fiestas) armar talleres especiales con la participación de cocineras/os reconocidos con la finalidad de obtener el impacto social necesario para incidir en pautas alimentarias de gran raigambre cultural como lo son el poco consumo de verdura de hoja, la falta de conocimiento sobre la carne de conejo, el balanceo necesario a nivel nutricional de las comidas, etc. Las cocineras a convocar deberán hacer una propuesta adecuada a las condiciones económicas y culturales problematizadas en el barrio.

6. Productos, cronograma de implementación y resultados esperados

EJE TRABAJO ACCIONES PRODUCTO ACTORES RESULTADOS ESP
Gestión Mercados Populares Conformación mesa de gestión con municipio Selección de 5-6 barrios para la implementación de la propuesta DPESDL, Municipio, Organización de productores Mercado Popular local en Barrios 588seleccionados
Fortalecimiento de la organización para el consumo Talleres en los Barrios seleccionados para trabajo con hogares consumidores Realización de por lo menos 2 talleres en cada barrio DPESDL, Municipio, Organizaciones del Barrio Que los hogares consumidores conozcan la inciativa y generen disposición para el sostenimiento de la propuesta
Fortalecimiento de la organización de productores Mesa con Organizaciones de productores para analizar estrategias de implementación de la propuesta Esquema y planificación de implementación de la propuesta de mercado popular DPESDL, Organizaciones de productores
Coordinador de abastecimiento Itinerario, frecuencia y esquema logístico para concreción de la propuesta
Realización Mercados Populares puesta en marcha de los mercados en los Barrios seleccionados Mercados populares locales operativos DPESDL, Municipio y organizaciones barriales y de productores
Coordinador de abastecimiento Realización de los mercados según frecuencia planificada

las políticas macroeconómicas de ajuste estructural y su impacto territorial en la Argentina de los 90 Marcelo Sili

Departamento de Geografía
Universidad Nacional del Sur
12 de Octubre y San Juan 8000
Bahía Blanca, Argentina
RESUMEN
Las políticas de ajuste estructural de los años 70 y 80 no son independientes del territorio y la sociedad; es más, ellos son 1o mas afectados por dichas políticas, en forma directa o indirecta. En la Argentina de las últimas dos décadas, los cambios socio-económicos han sido notables, y el espacio como producto social se ha visto involucrado en dichos cambios, especialmente en los últimos cuatro años donde una serie de políticas económicas derivadas del gobierno nacional tiende sin proponérselo a modificar la organización del territorio, especialmente a través de la trasferencia de bienes y servicios y la consiguiente re-estructuración laboral que ello ha producido. Los efectos de esta transformación económica comienzan a manifestarse, en especial un nuevo proceso de concentración territorial, el cual, de no mediar políticas territoriales explícitas y de caracter regional en el corto o mediano plaza, tenderán a acentuar las ya consolidadas desigualdades territoriales.
INTRODUCCION
Las políticas de ajuste estructural que se pusieron en práctica en America Latina durante las décadas del 70 y 80 han tenido y siguen teniendo grandes repercusiones territoriales. EI territorio como instancia social ha sufrido dichas políticas y en much os casos ha sido también un mecanismo de ajuste a través de políticas puntuales. En este artículo intentaremos mostrar globalmente la reestructuración económica que se produjo en las últimas dos décadas en Argentina y que han dado como resultado las políticas imperantes hoy día. Posteriormente políticas económicas sobre el territorio, tomando ejemplos concretos.

CRISIS Y AJUSTE ESTRUCTURAL EN LAS DECADAS DEL 70 Y 80
La larga fase expansiva del capitalismo occidental de posguerra tiende a culminar a comienzos de los setenta. La explicitación de esta caída de la expansión económica estuvo dada por la disminución de la tasa de ganancia o la disminución de la rentabilidad en sectores productivos, lo cual hizo que el capital se refugiase en el sector financiero, donde las tasas de interés ofrecían una tasa de ganancia mayor que en la actividad productiva. Esta fase es crucial en la Argentina, especialmente en la etapa de la "patria financiera" que se generó en el país durante la dictadura militar y gran parte del primer gobierno democrático. Esta etapa llamada "patria financiera" se caracteriza por la alta rentabilidad del sector financiero, la cual fue mucho mayor que la del sector industrial y agropecuario.

Desde otro punto de vista, esta época y esta crísis económica ponen fin a los estados populistas en Argentina. La baja sustancial en la tasa de ganancia en la actividad productiva a nivel internacional fue acompafñada necesariamente de una reestructuración laboral en las economías internacionales. Esta reestructuración laboral trajo aparejado dos procesos para los países centrales. Por un lado, una reducción [end p. 77] consiguientes conflictos sociales que desencadenó, o en otros casos el desplazamiento de la actividad productiva hacia la periferia donde se goza de un costa salarial sumamente menor. A ello hay que agregar la instauración de un nuevo modelo de regulación laboral propio del régimen de acumulación pos-fordista.

A la par de este proceso que vivían los países centrales (en donde las tasas de inversión eran historicamente bajas) otras naciones se vieron "beneficiadas" par dicha crísis productiva: se trata de aquellos países que se beneficiaron can el traslado de actividades productivas debido a su menor costa salarial.

En tanto, en otros países periféricos se aprovechó la oportunidad para captar los créditos--existía un exceso de liquidez monetaria a nivel internacional--- que la banca internacional no podía colocar en los países centrales par lo cual crecen de esta manera (y a ritmos logarítmicos) las deudas externas de los paíes periféricos.

Entrada la década de los ochenta la actividad productiva en los países centrales se recupera en forma notable obteniéndose tasas de rentabilidad por encima de las financieras. Esto se debió a la reconversión de la actividad productiva. Pasamos así a nuevas modelos productivos: el taylorismo--- también denominado fordismo---da lugar a la producción flexible, neofordismo o posfordismo. Se trata no sólo de nuevas formas de acumulación sino también de nuevas formas de regulació de la economía capitalista mundial. Se acentúan en esta nueva etapa la diversificación productiva, las nuevas formas de producción operadas bajo la robótica o sistemas sumamente complejos, y la generalización en la utilización de tecnologías de punta que vienen de la mana de la electrónica y la informática.

En esta nueva fase económica internacional, aquellos países que no se reconvierten, se cualifican y se tornan mós competitivos, quedan fuera del mercado, y en un contexto de globalización económica capitalista esto significa no tener posibilidades de desarrollo económico.

En tanto, en la Argentina la historia tiene otros matices. La vida económica de las varias décadas de gobiernos constitucionales y dictatoriales a partir del ano 1930, tuvo fases de un mayor a menor intervencionismo estatal, pero dichas políticas económlcas nunca estuvieron desvinculadas de la división intemacional del trabajo y de las relaciones internas del poder en torno al control del poder hegemónico dentro del país.

Históricamente, estos conflictos giraron alrededor del sector agropecuario oligárquico y de los exportadores vinculados al mismo. Ya en las décadas del cincuenta y sesenta empiezan a cobrar importancia los sectores industriales, los cuales much as veces tenían relaciones directas con el sector agropecuario tradicional. Estos conflictos entre bloques productivos en gran parte eran mediados par los gobiernos dictatoriales o por gobiernos democráticos con un fuerte poder presidencial.

Es decir que en los casas en que estos conflictos internos (que emergen par la imposición de diferentes modelos de desarrollo nacional) fuesen muy graves solo los militares a los gobiernos presidencialistas muy rígidos eran capaces de arbitrarlos a través de medidas de control social más a menos rígidas. Estas décadas de gobiernos populistas si bien trajeron aparejada la generación de una estructura industrial incipiente y un ascenso rápido de los sectores obreros, también contribuyó a convalidar la puja entre bloques económicos y el status-quo empresarial contribuyendo de esta manera a enviciar ademas el aparato productivo que no tenía por si mismo capacidad para competir internacionalmente, sino fuera par las ventajas comparativas de la producción agropecuaria y par los subsidios históricos que recibió la industria por parte de la agricultura.

Tal como lo señala Nogues (1988, 163) "Ia protección que brindó el estado a los sectores empresariales nacionales provocó una falta de competencia que dañó la economía nacional en diversos aspectos: aumentaron las estructuras oligopólicas del mercado, se redujeron los incentivos para mejorar su eficiencia y calidad y ampliaron la brecha tecnológica can los países centrales generando diferencias competitivas sustanciales entre dichos países y la Argentina."

Esta escasa capacidad de innovación, cualificación y aumento de la productividad --repetimos---se debe en parte al viciamiento que existía en algunas grandes empresas nacionales en conjunto can la escasa competencia generada par el caracter oligopólico de la misma. Esta estructura de [end p. 78] grandes empresas oligopólicas (o grandes bloques económicos) que basaban su ganancia en subsidios del estado o en contratos directos con él, sumado a la escasa capacidad de competir internacionalmente, trajo aparejado indirectamente (por las presiones que ejercieron sobre el estado) un proteccionismo que paulatinamente fue desmantelado.

Es por ello que la estructura productiva se vió enfrentada a la reconversión, la cual era imprescindible si se pretendía jugar en el escenario económico mundial. Los primeros pasos en el ajuste económico y la reconversión están dados por el gobiemo peronista de los años 1973-76. Pero no sólo se produjo un cambio en la política económica global, sino que ante todo como afirmamos anteriormente se produce la finalización del estado populista, ya que dicha forma estatal era incapaz de mantener y acrecentar Ias posibilidades de acumulación capitalista. De esta manera, como afirma Tarcus (1992, 43) "comienza a configurarse una nueva totalidad social y una nueva forma de dominación estatal a medida que se va desarticulando la anterior."

Dicho de otra manera el estado populista se vuelve muy costoso para las clases dominantes y no permite mantener regímenes de acumulación importantes. Este encarecimiento del estado populista más las necesidades de reestructuración para hacer frente a las nuevas fases del capitalismo internacional determinan su transformación, la cual se realiza paulatinamente hasta la actualidad. Se trata aquí de la adaptación a las nuevas formas de acumulación imperantes a nivel mundial.

Los problemas internos que se suscitaron en el interior del mismo partido político peronista y en los sectores externos por una mayor cuota de poder generó una violencia social que generó un gobierno militar que se había transformado en el árbitro de los sectores económicos argentinos. EI próximo gobierno militar permanecería en el poder desde el golpe de estado del afño 1976 hasta diciembre de 1983.

La política económica de este gobierno militar --tal como estaba establecido en su programa político--terminó con la industria orientada al sector interno; intento además concentrar la actividad manufacturera en sectores ya industrializados, y principalmente buscó reducir los salarios para crear nuevas posibilidades de acumulación. A la par. se intentaba generar nuevas oportunidades en el sector agropecuario tradicional para de tal manera obtener divisas a partir de las exportaciones.

Solo resistió la apertura el sector manufacturero capaz de insertarse en forma competitiva dentro del mercado mundial, es decir el sector agroindustrial, químico y de industrias básicas. Tal como lo señala Abalo (1991,5) "se estaban creando los fundamentos de un orden que trataría de reconvertir al sector industrial, pero de tal manera que pudiera coexistir con la antigua estructura agroexportadora. Por lo tanto coexistían dos grandes protagonistas: los industriales y los ruralistas."

La "patria financiera" de fines de los setenta y principios de los ochenta se establece en Argentina en una fase recesiva de la economía mundial. En ese entonces la tasa de ganancia de las actividades productivas cae a nivel mundial pero sube en la Argentina la tasa de interés financiera; las rentas generadas dentro de dicho circuito se asientan sobre el deficit fiscal y la baja generalizada de los salarios. Desde una perspectiva social esto se pudo lograr debido a la generación de un terrorismo de estado que permitió actuar a los grupos económicos y al estado propiamente dicho sin conflictos marcados debido al amplio control social existente. Superado el conflicto de las Islas Malvinas la Argentina entra en un nuevo periodo democrático en el cual el modelo ideológicamente dominante intenta asemejarse a las social-democracias europeas, especialmente Alemania y Francia.

En el campo económico se legitima la política de ajuste estructural, la deuda extern a y las privatizaciones. La política de este ajuste repercute sobre los niveles salariales (ya que la deuda se paga con la reducción salarial y con el aumento de los tributos sobre el consumo). A diferencia con el anterior gobierno militar en este se realiza una política de subsidios y de apoyo económico al sector industrial en detrimento del sector agropecuario, anteriormente privilegiado.

Tal como lo señala Abalo (1991, 10) "la suma de subsidios del estado al sector privado y el pago parcial de la deuda, más el continuo reciclaje de las acreencias precipitaron la quiebra del estado y la hiperinflación." Esta crísis que vivió el país con picos hiperinflacionarios implicó el fin del primer gobiemo democráico y acelero la toma del poder por un segundo gobierno.[end p. 79]

EI Dr. C. Menem asume el poder en medio de una crísis inflacionaria. Para superarla el gobierno pasó por tres tipos de planes económicos; el último, actualmente en vigencia, es él que más nos importa para describir la situación nacional. Sin embargo, es necesario hacer referencia a las fuerzas que actuaron en la gestación de los otros dos anteriores para comprender la dinámica del poder en Argentina.

EI primer plan, denominado BB, 1intentaba recomponer la estructura productiva sobre la base de un aumento exportador agroindustrial y petroquímico. Además intentaba fortalecer el papel del estado como regulador de la economía. Este plan no dió resultado debido a que no se priorizaba el pago de la deuda por lo cual la banca acreedora lo desestabilizó. Por otra parte, nuevamente las pujas internas por el control del poder económico impidió el acompañamiento al plan económico del gobierno.

En la segunda etapa, que podemos considerar como de transición entre el plan BB y el plan de convertibilidad, se Iiberalizó aún más la economía, de manera que el gobierno pudiera absorber las divisas necesarias para poner en marcha el futuro plan de convertibilidad.

Este último tiene como eje central asegurar la estabilidad de los precios tomando como patrón de valores al dólar estadounidense dentro de un mercado Iibre: ello plantea la necesidad de asegurar la estabilidad macroeconómica fiscal, monetaria y externa. Una de las maneras más directas de asegurar dicha estabilidad es a partir del control del equilíbrio del precio del dólar. Para ello el estado debe recurrir al mercado cambiario actuando en la compra y venta de dó1ares de manera tal de poder mantener dicha moneda estable en relación ala moneda nacional, el peso.

Esta estabilidad depende de dos grandes variables: el aumento de la productividad y el ingreso de divisas al país. Esto generó una caída en la tasa de interés financiero lo que permitió que los capitales se dirigieran al sector productivo generando así una mayor dinámica productiva.

Pero por otro lado much de los capitales internacionales fluyeron a la Argentina debido a que la tasa de interés era mayor en comparación con las del resto del mundo. La paradoja de este proceso es que la Argentina deja de ser una "patria financiera" nacional, para transformarse en una "patria financiera" internacional, donde capitales "golondrinas" realizan sustanciosas ganancias en pocos meses.

Para poder lIevar a cabo dicha política de convertibilidad se necesita por lo tanto un sustancial aumento de productividad que no se puede lograr en una estructura productiva viciada históricamente y no competitiva. Es necesario aclarar que esto se produjo por el tipo de control y manejo de la economíaó que hicieron los diferentes gobiernos en conjunto con los grupos económicos dominantes agroindustriales, industriales y financieros. Para lograr esta competitividad y este disciplinamiento fiscal que permita obtener los recursos para el pago de la deuda, se establecen distintos tipos de relaciones entre sectores.

EI sector agro-exportador, si bien se ve perjudicado por el dólar bajo (especialmente los pequeños productores agropecuarios) es beneficiado por una tributación comparativamente menor que otros sectores de la economía. Pero aparte de ello a partir de las privatizaciones controlara los sectores de transporte, de comercialización y porturario por lo que podrán operar en forma más independiente del estado, flexibilizando asi su capacidad operatoria. Cuando hablamos de sector agro-exportador no nos referimos a los productores rurales, sino a aquellos que controlan la cadena, acopio, transporte y exportación. El productor agropecuario entra entonces en una grave crisis que reestructura el sector. 2

El sector industrial, que también sufre por la baja del dólar, lo acepta en la medida que se ponga en marcha la flexibilización laboral---aumento de horas de trabajo y reducción de salarios---- de manera tal de poder aumentar la rentabilidad via disminución salarial. Por otro lado la banca internacional obtiene posibilidades de ganancia a partir de su participación en las privatizaciones de los bienes y servicios del estado.

Si bien se ha elevado la productividad en algunos sectores económicos especialmente en aquellos ligados al sector exportador de bienes agroindustriales y petroquímicos y algunas ramas industriales, ello se hizo en forma corporativa, es decir dentro de la esfera de los grandes capitales nacionales e internacionales que participan en forma directa e indirecta en el plan de convertibilidad. Ello significa que este nuevo aumento en la productividad es logrado sin un aumento en el empleo; es más, el [end p. 80] número de desocupados tiende a disminuir progresivamente debido a las despidos masivos en las empresas y en el sector estatal en su conjunto.

Es decir que se va conformando tal como lo señala Tarcus (1992, 64) "una sociedad dual que busca dividir al sector obrero en dos grupos antagónicos: los que continuan insertos en el proceso productivo (can reducciones salariales y flexibilización laboral) y aquellos que estan excluídos del proceso y que sobreviven en el trabajo informal a son directamente marginados y desocupados."

Esta desarticulación y confrontación social que conduce a caídas salariales (hay que tamar en cuenta la nula capacidad del movimiento sindical) también está fomentada par la desarticulación y agravación de los sistemas de salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos. Todo ello contribuye no sólo a polarizar a la sociedad en pobres y ricos, sino también a las pobres entre sí para evitar perder las pocas posibilidades que el sistema les está ofreciendo a un sector de ellos. Esta desarticulación está atentando can lo má característico de los movimientos obreros: la solidaridad, lo cual implica la inutilidad de los sindicatos organizados dentro de un esquema de política económica como el vigente.

Toda esta política ha repercutido sin duda en la economía doméstica ya que se produjo una estabilización económica can una drástica reducción de la inflación después de más de veinte años de estampidas inflacionarias. Esto posibilitó la existencia del crédito (herramienta perdida después de muchos años por el habitante común) generó un mayor consumo en las capas medias y altas de la sociedad y permitió la expansión de algunos sectores industriales (especialmente el sector automotor y é de bienes suntuarios).

En síntesis, si bien esta política ha dado resultado en los aspectos señalados, lo ha hecho en función de una mayor retracción salarial y de un alto número de desempleados, de una dependencia de los sectores externos a su economía---es decir la banca internacional, y del aperturismo que la hace más dependiente de un mercado global cada vez mas competitivo.

De este modo, manteniéndose una política de desarrollo económico de esta índole podemos afirmar que para obtener el resultado esperado ---generar un aumento de productividad y una reestructuración económica interna--- se deberá poner énfasis en las posibilidades de competitividad internacional y en el desarrollo científico-tecnológico que permitan a la economía argentina operar en nichos de mercado en los que pueden existir posibilidades de crecimiento a mediano y largo plaza.

Todo esto debe ser analizado en función de la cambiante economía mundial, en este nuevo e inacabado proceso de reconversión y de transformación de un modelo productivo fordista a un nuevo modelo productivo posfordista, y para el cual la Argentina no se encuentra todavía preparada.

MECANISMOS DE TRANSFORMACION TERRITORIAL DERIVADAS DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA ARGENTINA
El territorio como parte sustancial y constituyente de la sociedad humana se transforma en la medida que se transforma su sociedad. Nadie duda que la sociedad argentina ha pasado en los ultimos cuatro años, por cambios estructurales que tienen repercusiones territoriales de envergadura aunque en estos momentos sólo podamos observar algunos indicios.

Tal como lo señala Milton Santos (1982, 55):

[U]n espacio puede cambiar su sistema político económico e iniciar cambios sociales de envergadura, sin embargo el espacio puede permanecer respondiendo al antiguo sistema político-económico. Posteriormente ese espacio se va articulando con ese sistema político-económico hasta ser funcionales el uno con el otro, territorio con sistema político-económico y viceversa.
Es por ello que no se puede entender el cambio territorial en la Argentina si no se entienden los procesos globales de la economía y la sociedad y especialmente los procesos puntuales que transfieren los mecanismos globales a los mecanismos territoriales que generan dichos cambios.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el estado nacional a través de una serie de herramientas y mecanismos político-económicos está generando una nueva e incipiente organización territorial nacional, pero lo está hacienda a partir de una política de transformación económica y no directamente a partir de intervenciones puntuales en el territorio. Existen por lo tanto evidencias de que estos mecanismos están generando nuevas concentraciones territoriales sobre la base de áreas ya históricamente concentradas (áreas metropolitana), en detrimento de áreas que [end p. 81] estaban históricamente apoyadas por el estado nacional.

La distribución de la densidad poblacional en la República Argentina tiende a concentrarse en la zona central y metropolitana donde se localiza mas del 50 porciento de la población del país, y de su fuerza productiva (Figura 1). En esta parte no nos vamos a detener en el análisis de las transformaciones territoriales en sí mismas (aunque existirían algunos elementos para poder anunciar nuevas concentraciones en el área de vieja industrialización, es decir el área metropolitana de Buenos Aires) sino que intentaremos definir los mecanismos de política económica que operan sobre los cambios territoriales. Los mecanismos que se detectan como fundamentales de la actual política económica que tienen incidencia sobre el territorio y la dinámica regional son los siguientes:


EI ajuste fiscal provincial y el ajuste de precios en bienes y servicios anteriormente subsidiados
La descentralización de bienes y servicios nacionales hacia las provincias
La privatización de bienes y servicios a cargo del estado
La desregulación del mercado y de ciertos tipos de servicios
EL AJUSTE FISCAL PROVINCIAL Y EL AJUSTE DE PRECIOS EN BIENES Y SERVICIOS ANTERIORMENTE SUBSIDIADOS
Una de las herramientas que impactan de manera decisiva en en territorio nacional es el ajuste fiscal y de precios de las provincias (Gatto, 1992). La política de ajuste ha generado o intenta generar una drástica reducción del gasto público nacional como provincial. Es por ello que con la nueva ley de convertibilidad se suspendieron en un principio todos los programas de desgravación impositiva y de apoyo a las áreas má retrasadas o con menores posibilidades de desarrollo del interior del país y los precios diferenciales de transporte y energía.

Es decir que las ventajas que antes tenían algunos sectores industriales en el interior del país por reducción impositiva o de precios relativos ha finalizado: el nuevo mapa impositivo nacional es ahora uniforme. Así a las empresas no les afecta impositivamente tal o cual porción del espacio nacional, sino que las decisiones de localización pasan a depender de otras variables económicas más relacionadas con el mercado de bienes y servicios, además de las posibilidades de mano de obra barata y acceso a información y mercados. Por otro lado se termina con los precios subsidiados de algunos bienes y servicios, por ejemplo el del combustible, el gas o la energía eléctrica, ya que ahora se trata de servicios privados sin discriminación tarifaria territorial. De esta manera se genera un sobrecosto del nivel de vida en aquellas provincias donde las distancias son muy grandes (por ejemplo, región patagónica) y donde el precio de los bienes y servicios obedece al precio de mercado ---que termina siendo más elevado debido a los altos costos de flete. [end p. 82]

Desde otro punto de vista el estado nacional reduce drásticamente su financiamiento a las provincias para solventar sus déficits internos, ejerciendo a su vez presiones para disminuir los gastos públicos provinciales. Esta situación en las provincias genera un círculo vicioso de empobrecimiento. Con la desaparición de las desgravaciones impositivas, las empresas tenderían a irse de dichas provincias hacia áreas de menores costos relativos; a ello se suma por un lado, que el costo de vida es allí mucho más elevado que en las zonas centrales del país y por otro que el estado provincial tiene menos posibilidades de inversión y de generar políticas públicas de desarrollo. Así se produce el empobrecimiento progresivo de dichas regiones. Cabe entonces la pregunta sobre el destino del capital invertido en dichas áreas durante los años anteriores si no existen posibilidades reales de inversión y de generación productiva con capacidad competitiva.

LA DESCENTRALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES HACIA LAS PROVINCIAS
La política implementada por el gobierno nacional contempla el traspaso de bienes y servicios desde el gobierno central hacia los gobiernos provinciales, de manera tal de sanear y desligarse de servicios que requerían una estructura burocrática considerable y que no permitía brindar un servicio eficiente. EI fundamento del gobierno nacional al respecto es que estando estos servicios en mano de las provincias se puede brindar un servicio mucho más eficiente y adecuado a las problemáticas provinciales en lugar de las imposiciones globales desde el gobierno nacional. Por otro lado muchas provincias critican esta descentralización pues alegan que esta transferencia es ante todo una transferencia del ajuste des de la nación a las provincias ya que las mismas suman a la crisis económica actual la obligación de hacerse cargo de servicios que demandan un gasto que muchas veces exceden las posibilidades reales de financiamiento provincial. Estas transferencias han sido fuente de conflictos entre las provincias y el gobierno central ya que si bien se han otorgado los bienes y servicios no se han transferido según las provincias la totalidad de los recursos para hacer frente a los mismos.


A ello se añade la falta de conocimiento y experiencia técnica y de gestión en la prestación de muchos de los servicios transferidos por lo cual el proceso de aprendizaje es lento y requiere de un apoyo financiero extra al cual las provincias no tienen acceso.

El ejemplo más concreto de estos procesos de descentralización está dado por los servicios educativos que se han transferido a las provincias. En este caso se definen normas generales de funcionamiento para todo el sistema educativo ya que debe existir un minimo de coordinación en el sistema educativo aunque su funcionamiento pase a [end p. 83] depender enteramente de las provincias. La mayor cantidad de escuelas que han sido transferidas hacia las provincias y de las cuales los gobiernos provinciales se deben hacer cargo, se localizan en la zona central del país correspondiendo a la misma distribución que el mapa de densidad de población (Figura 2).

PRIVATIZACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA PRODUCCION
Tal como lo manifestamos anteriormente en los ultimos cuatro años se produjo una intensa política de privatizaciones que afectó a todas las empresas del estado. Dicha transferencia hacia el sector privado afecta los puertos, los ferrocarriles, las concesiones de rutas nacionales, las telecomunicaciones, las fábricas anteriormente pertenecientes al estado, etc. Dichas transferencias se han operado en todo el territorio nacional. Dicho proceso de privatización fue acelerado produciéndose en dos etapas y en forma gradual, la primera de ellas (1990-1991) afectó a las siguientes empresas y organismos del estado en forma diferente (La Nueva Provincia, 2 de noviembre de 1990):

Gas del estado: Explotación y provisión de gas natural
SEGBA: Producción y provisi6n de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires
OSN: Obras Sanitarias de la Nación-provisión de agua potable
Puertos: Organismo administrador de puertos
ELMA: Empresa marítima argentina
ENCOTEL: Empresa de correos y telégrafos
Subterráneos: subterráneos de Buenos Aires
Junta Nacional de Granos: Organismo contralor y administrador de exportaciones de cereales y oleaginosas
Casa de la MonedaOrganismo emisor de moeda
Ferrocarrilles Argentinos: Organismo emisor de moneda Ferrocarriles Argentinos: Ferrocarriles nacionales de Argentina
Caminos: Peaje en las distintas rutas nacionales y provinciales
Venta de bienes publicos e inmuebles
En la segunda etapa de privatizaciones (1992-) se procedió a la venta y consignación de las siguientes empresas y organismos estatales, finalizando o profundizando lo realizado en la primera etapa de privatización:

Vialidad Nacional: organismo administrador y responsable de las rutas nacionales
Ferrocarriles Argentinos: concesión integral de 10,000 kilómetros de líneas férreas
Puertos: concesión de obras y servicios portuarios en distintos puertos del país
Gas del estado: comercialización integral de la red de distribución y comercialización de gas
SEGBA (Servicios Electricos del Gran Buenos Aires): concesión integral de la comercialización y distribución de energía eléctrica
OSN (Obras Sanitarios de la Nación): concesión total de los servicios de obras sanitarias
ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas): privatización total
YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales): privatización parcial
ENCOTEL: ampliación de la concesión
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales): nueva etapa de concesión de áreas petroleras y futura privatización total de la empresa
Complejo Petroquímico Bahía Blanca
Petroqíimica Río Tercero: Situada en la localidad de Río Tercero, Provincia de Córdoba
Petroquímica General Mosconi: Situada en el Gran Buenos Aires
Altos Hornos Zapla: Situada en la localidad de Zapla, Provincia de Jujuy
SOMISA (Sociedad Mixta Siderúgica Argentina): situada en la ciudad de San Nicolás a 250 kms. de Buenos Aires sobre el Río Paraná
AFNE (Astilleros del estado argentino)
Agua y energía electrica: Empresa de construcción, mantenimiento y provisión de energía eléctrica
Hidronor: Empresa constructora, de mantenimiento y provisión de energía eléctrica proveniente de represas hidraúlicas de la Argentina con jurisdicción en la Patagonia
Además de todas estas privatizaciones se afectaron a veintisiete empresas y organismos estatales que estaban bajo el control del ministerio de defensa y que son consideradas estratégicas en relación a la seguridad nacional. Esta política de privatizaciones fue llevada a cabo en función de alivianar la carga fiscal que pesaba sobre el estado, producto de la falta de eficiencia de las distintas empresas subvencionadas por el estado y por otro lado como medida tendiente a generar ingresos genuinos de manera tal de poder mantener un equilíbrio entre recursos extemos disponibles y base monetaria; además claro está de generar los súperavit necesarios para hacer frente al pago de la deuda extema. [end p. 84]

De esta manera y producto de la política de privatización y del plan de convertibilidad se observa que la reducción de personal en diversos organismos y empresas en Argentina aumentó en forma vertiginosa (Cuadro 1).


Es decir que en los primeros 29 meses del plan de convertibilidad 410 trabajadores por día quedaban sin su trabajo. En la mayor parte de los casos estos procesos de privatización han generado graves conflictos sociales derivados de la reestructuración que implicó despidos masivos. En algunos casos estos conflictos se han agravado ya que dichas empresas privatizadas eran estratégicas en la generación de empleo y en la consolidación de la estructura económica local/regional, tal es el caso de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Mixta) en Sierra Grande, o el de SOMISA en San Nicolás.

Desde otra perspectiva las distorsiones territoriales y los problemas sociales que dichos procesos de privatización pueden provocar son notables ya que existen gran cantidad de servicios privatizados en muchas áreas que no son económicamente rentables para las empresas privadas pero que requieren indudablemente de dichos servicios ya que en muchos casos (por ejemplo el caso de los ferrocarriles) no existen otros servicios que los puedan suplantar. Como ejemplos de estas privatizaciones analizaremos la situación de ferrocarriles, la concesión de rutas nacionales y la producción de hierro y acero.

PRIVATIZACION DE FERROCARRILES ARGENTINOS
Los inicios de la privatización de los ferrocarriles argentinos se remonta al año 1991 con la venta del corredor Rosario-Bahía Blanca a la empresa multinacional TECHINT; esta privatización afecto 5,200 kilómetros de vías férreas en el corazón agrícola de la región pampeana, dedicándose dicha empresa exclusivamente al transporte de cargas. Posteriormente se licitaron las restantes líneas ferroviarias. Todas las privatizaciones que se hicieron sólo fueron para operar en el rubro transporte de mercaderías ya que es el sector de mayor rentabilidad. Este transporte aumento su capacidad y eficiencia de carga de manera notable a partir de su privatización ---permitiendo una transferencia de la carga desde los camiones (utilizados mós frecuentemente en los últimos veinte años) al tren, con la consecuente disminución de costos.

En lo que respecta al transporte de pasajeros en julio de 1992 el gobiemo decidió cerrar las líneas que no se privatizaran, salvo que estuvieran tornados por las provincias. En muchos casos las provincias accedieron en mayor o menor medida a tomar algunas líneas (con déficit en sus balances de explotación) de manera tal de no perjudicar innumerables poblaciones que quedarían virtualmente incomunicadas.

Esta situación produjo un notable impacto en las poblaciones rurales en donde en muchos casos la dinámica del pueblo dependía del ferrocarril, al desaparecer el tren de pasajeros la necesidad de mano de obra descendía a los niveles mínimos de mantenimiento. En otras ocasiones en estaciones de menor tamano las estaciones han sido directamente cerradas debido a que no se requiere personal para el control de los trenes de carga ya [end p. 85] que el mismo se hace en forma más flexible debido a las nuevas posibilidades tecnológicas. De esta manera muchos pueblos que subsistían pues existía movimiento alrededor de la estacion de tren tienden a desaparecer.

Esta privatización de las líneas férreas afectó hasta el mes de septiembre de 1993 a 70,000 trabajadores que quedaron sin trabajo, los 25,000 restantes (ya que la cantidad total de empleados antes de su privatización era de 95,000 empleados!) fueron absorbidos por las distintas empresas privadas (Fundación Sindical, noviembre, 1993). La alta densidad en vías férreas en el área central del país obedece a la necesidad original de los primeros inversores ingleses de llegar a zonas agrícolas más ricas de manera de poder sacar rápidamente el cereal rumbo a los puertos de ultramar y de alIí a Europa (Figura 3).


PRIVATIZACION Y CONCESION DE LAS RUTAS VIALES
Aproximadamente 10,000 kilómetros de rutas viales han sido privatizadas en los últimos cuatro años, de manera tal que para circular por las mismas es necesario pagar un peaje. Dicha cifra no incluye a las rutas provinciales aunque muchas de ellas han sido concesionadas a través de acuerdos entre las provincias y los consignatarios.

El origen de las privatizaciones de la red vial se debe a la imposibilidad del gobierno central de realizar un correcto mantenimiento de las mismas a través de los correspondientes organismos (Vialidad Nacional, la cual también fue privatizada!). Los contratos de concesion fijan como responsabilidades el mantenimiento, la conservación y la mejora de las rutas concesionadas, asícomo su señalización e implementación de servicios anexos. Dicha privatización establece la obligación de inversión en la red vial de 1,200 millones de dólares durante 12 años, siendo el costa establecido de 0.015 dólares por kilómetro recorrido.

Esta privatización fue duramente criticada pues en todos los casos no existen vías alternativas razonables para la circulación por lo cual dichas empresas concesionarias poseen un monopolio sobre las posibilidades de movilidad en el territorio. Si a ello se agrega que los principales ejes viales confluyen en el área de Rosario y de Buenos Aires donde la intensidad del uso es el doble que en cualquier otra ruta del país se puede inferir que existen tasas de ganancias considerables.

Mientras que los niveles de tasas de ganancia que aparecen como mas representativo son los que se ubican alrededor del 40% anual sobre capital propio invertido los valores extremos de tasa de ganancia, para los distintos corredores de Argentina, oscilan entre 300% y 2,400% superiores a los valores internacionales ... al mercado cautivo (monopolio de acuerdo a la inexistencia de vías alternativas) se Ie suma la baja inversión, brindando como resultado la seguridad de un negocio altamente rentable. (Rima, et al.)
Desde una perspectiva territorial esta situación puede traer aparejado cambios en los mapas industriales en las distintas zonas del país afectadas [end p. 86] por el peaje, ya que algunas localizaciones dejarán de ser rentables debido al exceso de costa del transporte, máxime teniendo en cuenta algunos productos de bajo valor unitario y de elevado peso y volumen (por ejemplo cereales y oleaginosas). De esta manera las unidades productivas o industrias que producen bienes de bajo valor unitario (cereales y oleaginosas) tenderían a localizarse en aquellas áreas de consumo (ciudades o puertos para la exportación) mientras que las posibilidades de localización de las unidades de producción de productos de alto valor unitario podría ser mucho más flexible. Es decir que la elasticidad del producto con respecto al costa de desplazamiento va a variar según el valor unitario del producto.

De un total de 40,000 kilómetros que posee la República Argentina, 10,000 kilómetros han sido privatizados (Figura 4). Si se compara esta Figura con la Figura 1, se puede observar la correlación que existe entre la red vial y la alta densidad de población, lo que corresponde a la zona central y metropolitana del país.


PRIVATIZACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS: EL CASO DE SOMISA E HIPASAM (HIERRO PATAGONICO SOCIEDAD MIXTA)
Entre las privatizaciones que se realizaron en los últimos años es interesante señalar el caso de SOMISA e HIPASAM, no solamente por ser empresas importantes sino porque demuestra la capacidad que tiene el plan de convertibilidad y las privatizaciones para lograr transformaciones sustanciales en el territorio aun sin existir propuestas territoriales específicas.

La empresa SOMISA se encuentra ubicada en los margenes del Río Parana en la ciudad de San Nicolás, a sólo 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. SOMISA constituye la mayor fábrica de acero de la Argentina siendo su producción de arrabio, acero, palanquillas, rieles, perfiles, etc. La empresa perteneciente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (99.98%) y a otras empresas particulares (Acindar, Bragado, etc. 0.02%), fue vendida en un 80% a la empresa Techint por 420 millones de dólares (La Nación).

El mayor impacto que tuvo esta privatización fue la drástica reducción del personal de 12,000 a aproximadamente 8,000 empleados lo cual impactó de manera notable en la localidad ya que aproximadamente 4,000 familias quedaron sin trabajo. Esta situación definió en un proceso de migración hacia otras áreas ya que la estructura productiva local no permitió absorber a la población cesante local. Por su parte la empresa HIPASAM se encuentra ubicada en la región patagónica, en la provincia de Río Negro en las costas del océano atlántico. Al igual que SOMISA, HIPASAM perteneció a la Dirección General de Fabricaciones Militares (73.14%) y a otras entidades tales como BANADE (26.67%), la Provincia de Río Negro (0.17%) y a Widmark y Platzer (0.003%) (La [end p. 87] Nación). La evolución de esta empresa está directamente ligada a la de SOMISA ya que produce pellets de hierro que se consumen en un homo de dicha empresa. Al apagarse el horno de SOMISA, lo cual sucede en dedio del proceso de privatización de la misma, la empresa HIPASAM no tiene compradores que absorban todo su producción potencial.

La empresa contaba con 1000 empleados 10 que definía una población local de 7,000 habitantes, no existiendo otras actividades ajenas a dicha empresa, ya que anteriormente la localidad era simplemente un poblado dedicado a la cría extensiva del lanar y un parador en la ruta nacional hacia la Patagonia.

La crisis de SOMISA, más la deuda contraida por HIPASAM y la crisis financiera fueron los elementos que definieron su cierre y posterior despido del personal. Posteriormente la misma es traspasada a la provincia de Río Negro en vistas a un posible uso altemativo de las instalaciones. El mayor impacto que generó dicha situación fue la virtual desaparición de una localidad en la región patagónica que de acuerdo a las características naturales son importantes enclaves en el territorio y puntos vitales debido al extremo despoblamiento que existe en el área.

LA DESREGULACION DE LOS MERCADOS
Por decreto presidencial del 31 de octubre de 1991 el gobiemo argentino desreguló la economía nacional. El presidente argentino afirmaba (La Prensa) "A partir de hoy rompemos la telaraña de un estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones." Esta desregulación afecta a muchos ámbitos de la vida económica nacional (Clarln), de la cual se pueden señalar algunos puntos :

Desregulación del comercio interior de bienes y servicios: es posible la libre venta y compra de productos en todo el país, son anuladas las restricciones en dichas operaciones. Se desregulan los transportes de carga y automotores
Desregulación del comercio exterior: se eliminan las cuotas y restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios
Desregulación de los entes reguladores: se disuelven aqueIIos organismos de orden regional y nacional que intervienen en la fijación y control de precios y producción, existe libertad de producir en cualquier parte del país y en las cantidades que los agentes privados lo dispongan. No habrá precios sostén para la producción regional.
Reforma fiscal: se suprimen tasas e impuestos a la producción en diversos órdenes y jerarquías
Mercado de capitales: los aranceles de las comisiones de agentes de bolsa serón fijados libremente
Nosotros vamos a hacer énfasis a dos ejemplos concretos: la desregulación de los organismos de regulación de la producción y el de líneas y rutas de transporte.

DESREGULACION DE ORGANISMOS O ENTES REGULADORES
En muchas regiones de nuestro país existian entes u organismos de regulación de precios que intentaban controlar y asegurar un precio mínimo a la producción regional ligada a un mercado oligopsónico.

El rol que tenían estos organismos era regular y asegurar un precio mínimo a la producción regional frente a un mercado oligopsónico. Esto permitía mantener un tejido productivo de pequeños productores campesinos, lo cual les aseguraba a los mismos una mínima ganancia. A partir de la desregulación y liquidación de dichos organismos los productores quedan frente a los mercados libres con una limitada capacidad de organización y gestión de su producción tanto individual como colectiva y en muchos casos frente a empresas compradoras que fijan sus precios arbitrariamente sin existir otros demandantes. Por otro lado y tal como lo afirma Gatto (1992):

[E]stas instituciones tampoco pudieron solucionar a 10 largo de muchos anos los problemas estructurales que afectaban la producci6n. En segundo lugar, la instrumentaci6n de los subsidios via precios finales al consumidor se desgrana en toda la cadena productiva, llegando sólo una parte de la transferencia de ingresos al supuesto beneficiario ....
El impacto que puede tener la desregulación de dichos mercados puede llegar a ser conflictiva en los estratos de productores mós tradicionales y de menor capacidad financiera y de comercialización ya que no poseen ni los medios ni las posibilidades [end p. 88] de valorizar su producció. Si tenemos en cuenta que en estas áreas la mayor proporción de los productores son campesinos tradicionales de muy bajos recursos podemos inferir que se avecinan tiempos diffciles para las economías regionales y potencialmente grandes transformaciones en el espacio rural por el exodo de aquellos que no pueden competir en un mercado libre.

DES REGULACION DEL TRANSPORTE DE CARGAS Y TRANSPORTE
En el caso de los transportes de cargas la desregulación permitió a las empresas competir sobre algunos corredores de transporte (rutas) donde tenían el monopolio de servicios generando una mayor competencia y un mayor servicio en las mismas, en algunos casos con una disminución de precios en los servicios.

En el caso del transporte automotor este impacto fue mayor aún ya que existían por parte de las empresas mercados cautivos debido al total control y monopolio en ciertas rutas. Esto produjo una creciente competencia entre Iíneas de transporte de pasajeros, una amplia mejoría en la calidad de dichos servicios y por último una disminución de los precios muy importante. Asimismo esto favoreció la conectividad de algunas áreas que estaban controladas por empresas de caracter monopólico.

CONCLUSIONES
No podemos pensar que las respuestas territoriales a este nuevo modelo económico serán lineales o de causa-efecto. Son muchos los elementos que entran en juego y aún más las posibilidades que existen a nivel local. Estos elementos son sólo algunos aspectos que creemos están generando un impacto directo sobre la estructura y organización del territorio nacional.

Una mayor libertad de los factores productivos en una estructura territorial históricamente distorsionada e hiperconcentrada como es la Argentina, donde más del 75 por ciento del capital productivo agrícola e industrial se encuentra en la región metropolitan a y pampeana, y donde se concentra la mayor más a de trabajadores y de capacidad científico-tecnoIógica, nos permite aventurar un futuro de mayores concentraciones y de acentuación de las desigualdades territoriales.

Las políticas aplicadas en este ajuste estructural plantean nuevas posibilidades de desarrollo para el área central del país, ya que allí los costos de factores son sumamente menores que en el resto del territorio nacional: mano de obra abundante y barata (cualificada y no cualificada), energía, insumos industriales y agroindustriales, comunicaciones, bajo costa de transporte, y especialmente cercanía a los centros de consumo y de exportación. A esto se suman las nuevas imposibilidades de las regiones más alejadas, afectadas por el alto costa del transporte y por la escaséz de oferta de bienes y servicios para la producción.

Pero por otro lado y teniendo en cuenta el nuevo tipo de política y la necesaria expansión del sector exportador como generador de divisas, podríamos afirmar que existirían ciertas posibilidades de desarrollo para algunos núcleos territoriales vinculados a los sectores exportadores. Es así que creemos que algunas áreas conectadas territorialmente con espacios de flujos de mercaderías, pueden verse positivamente afectados. Un ejemplo de ello serían las ciudades portuarias como Bahía Blanca, Necochea-Quequén, o las áreas fronterizas entre Brasil y Argentina que tendrían mayores posibilidades de desarrollo a partir de una mayor vinculación comercial y de la necesidad de reducir costos de fletes. Las áreas limítrofes con Chile, especialmente Mendoza y algunos valles del Noroeste Argentino, podrían verse eventualmente favorecidos.

Esta dialéctica territorial entre posibles macroconcentraciones y posibles bolsones de desarrollo marcará la dinámica territorial en los próximos años. Esta dependerá de la capacidad de los agentes provinciales y regionales y de la política macroeconómica global.

Por ello mismo creemos que la cuesti6n territorial en la Argentina es sumamente fecunda ya que permite explicar la dinamica de desarrollo capitalista que se plantea en ella. Es a su vez un inmenso laboratorio para el analisis de transformaciones territoriales dependientes y para el analisis de las reacciones y actitudes de otros agentes regionales.

Hoy más que nunca nuevas políticas de desarrollo local y regional son necesarias. Estas no pueden basarse en la existencia de un estado [end p. 89] asistencialista, sino en las capacidades regionales de generar una dinámica de captación de recursos productivos multiplicadores de empleo. Las provincias y regiones se encuentran solas en su tarea de desarrollarse. No es sólo un deber el generar posibilidades para sus habitantes sino un desafío que las enfrenta con los mercados nacionales y del mundo.

NOTAS
I. En alusión a las iniciales de los dirigentes de la transnacional argentina, Bunge y Born, autores de dicho plan.

2. Cabe señalar aquí que fue el mismo gobierno peronista el que generó todas las conquistas laborales del trabajador, y que ahora intenta cambiar.

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ABSTRACT
Argentine society and territory have not been unaffected by the structural adjustment policies of the 1970s and 80s, indeed it may be argued that they were the most affected both in a direct and indirect manner. The last two decades have witnessed notable socio-economic changes, especially during the last four years when the economic policies of privatization of the national government unintentionally produced a modification of the national space economy, especially as a result of the transference of goods and services and the concomitant restructuring of labor that ensued. The effects of this economic transformation have begun to be noted in a new process of spatial concentration which, unless mediated by short and medium term regional policies, will accentuate preexisting territorial inequalities. [end p. 90]