sábado, 17 de septiembre de 2011
lunes, 29 de agosto de 2011
La agricultura Periurbana en la región Metropolitana
Jornada de discusión sobre políticas públicas del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento
El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento realizó el pasado 8 de Abril una Jornada de discusión sobre “Las políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura periurbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires”.
El Lic. Andres Barsky* expuso un trabajo que le pertenece junto al Ing. Pedro Abitiz* sobre “La agricultura periurbana en la agenda pública. Implementación de políticas municipales provinciales y nacionales para el sostenimiento del cinturón verde en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.”
Expusieron también la Dra. María Carolina Feito, (Conicet/Fauba), la Lic. Julie Le Gall CNRS, Francia) y el Ing. Agr. Matias García (Conicet, F.C.A. UNLP). Finalmente se realizó un Taller y un Plenario de intercambio. Publicamos una breve introducción y las conclusiones del trabajo.
Con 4.400 kilómetros cuadrados de superficie y 13 millones de habitantes, la conurbación Gran Buenos Aires es una de las principales áreas metropolitanas de América Latina. A su vez, su espacio de influencia regional, la denominada Región Metropolitana, abarca unos 15.000 kilómetros cuadrados. En el cinturón hortícola ubicado sobre sus bordes, alrededor de 1.500 empresas se emplazan en unas 16.000 hectáreas, abasteciendo aproximadamente al 30 % de la demanda alimenticia “en fresco” urbana. De esa superficie, 3.000 corresponden a superficie ocupada con invernáculos, que a su vez representan el 40% de la superficie nacional de cultivos bajo cubierta.
En años recientes, la agricultura periurbana como asunto de gestión ha venido incorporándose crecientemente en la política pública. Si bien la “preocupación tecnocrática” de los organismos nacionales de planificación por limitar la expansión física de la ciudad se remite a los años sesenta y setenta (ORDAM, 1969) y desde los años ochenta la creación del Mercado Central de Buenos Aires procuró ordenar la comercialización frutihortícola metropolitana[1], es en la última década cuando desde distintos niveles del Estado Argentino (nacional, provincial, municipal) se promueve con iniciativas concretas la idea de incidir en el desarrollo del cinturón productivo primario-intensivo[2].
El presente trabajo se propone sistematizar las distintas experiencias de implementación de estas nuevas políticas que, desde los niveles municipal, provincial y nacional, han apuntado a intervenir en el espacio rural en la interfase urbano-rural de Buenos Aires. Asimismo, y dado lo reciente de su puesta en funcionamiento, se procurará realizar una primera evaluación acerca de la efectividad de dichas políticas como generadoras de instrumentos de gestión territorial para el sostenimiento de la agricultura periurbana.
Conclusiones
Indudablemente, la agricultura periurbana ha ido ganando un lugar de relevancia en el temario de la agenda pública durante la última década. Debe señalarse que para el tratamiento de este tipo de problemáticas, promovidas desde distintos niveles, no resulta sencillo lograr la conformación de una instancia de coordinación centralizada; por el otro, estamos refiriéndonos a la operatoria estatal sobre un territorio que de por sí presenta alta fragmentación socioespacial, como es el periurbano (Allen, 2003; Capel, 1994; FAO, 1999; Tacoli, 1998). En este sentido, la implementación del Plan Nacional desde el Ministerio constituye un avance muy importante porque puede concentrar la distribución de los fondos y establecer agenda a la hora de “bajarlos” hacia los municipios. Por otra parte, resulta significativo que técnicos que originalmente se desempeñaron en el nivel municipal ascendieran luego a las órbitas provincial y nacional, lo cual demuestra que se produjo una instalación de la temática “desde abajo hacia arriba”.
Sin embargo, cuando comenzó a adquirir mayor dimensión, los objetivos de modernización tecnológica, generación de empleo o generación de ingresos para las familias parecieron alcanzar una relevancia muy
superior sobre otros de gestión territorial. Si bien, como se ha analizado, se registran experiencias a nivel municipal en las que se ha trabajado con objetivos mucho más específicos en lo referido a la necesidad de incidir territorialmente en la protección del borde periurbano (como el caso del IDUAR de Moreno), cuando el abordaje se realiza desde el nivel provincial y/o nacional generalmente se establecen metas generales de fortalecimiento de la actividad económica, con baja o nula enunciación de objetivos explícitos de gestión territorial (como incidir en el uso del suelo, preservar el espacio productivo ante el avance de la urbanización, etc.).
Frecuentemente, a nivel provincial y nacional la temática ha quedado absorbida desde la mirada sectorial (diluyéndose agricultura periurbana con horticultura o fruticultura extensivas), o de la agricultura familiar, o por la lógica provincial, que no discrimina entre cinturones verdes periurbanos, zonas especializadas o extensivas[3]. Dada la matriz constitutiva de los organigramas estatales, resulta dificultoso superar los esquemas sectoriales o sistemáticos a la hora de bajar al territorio. La desactivación de la Dirección de Agricultura Periurbana de la Provincia constituye un ejemplo de ello. Y en el caso del Programa Nacional de Agricultura periurbana, resulta significativa la dilución de la agenda de ordenamiento territorial, máxime si se considera que varios de los funcionarios y técnicos del Ministerio involucrados en la creación del Programa provienen del partido que más avanzó en política de suelos: Moreno.
Vale destacar la trascendencia de la creación de la Agencia INTA AMBA así como del Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura. La inquietud que se señala en el presente trabajo es si, en el marco del complejo mapa del Estado, ambas iniciativas pueden articularse con un mayor nivel de formalidad (sabemos que distintos agentes lo hacen por múltiples vías informales cotidianamente) y conformar un organismo central de coordinación que incluya a la provincia de Buenos Aires (que en la actualidad aparece aparentemente más desdibujada en su rol) y a los municipios del periurbano, a los cuales se les debería exigir, por ejemplo, que cuenten con institutos descentralizados como los de Moreno y Florencio Varela (u organismos similares), a fin de hacer más operativa la “bajada” de éste y otros programas, y a fin de encarar desde un nivel más formal la preservación de sus espacios periurbanos como política de Estado[4].
Para concluir, vale señalar que, considerando la reciente implementación de políticas específicas y la circulación de agentes públicos con importante capacidad de iniciativa y conocimiento, recursos humanos valiosos que están generando un “banco de experiencias” de alto valor, el tratamiento público de la agricultura periurbana, presenta un gran potencial para contribuir a la preservación presente y futura del cinturón verde de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
(*) Área de Ecología Instituto del Conurbano
Universidad Nac.de Gral Sarmiento andresbarsky@yahoo.com.arEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Ing. Pedro Aboitiz Agencia Luján EEA AMBA INTA - peteraboitiz@gmail.com
El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento realizó el pasado 8 de Abril una Jornada de discusión sobre “Las políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura periurbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires”.
El Lic. Andres Barsky* expuso un trabajo que le pertenece junto al Ing. Pedro Abitiz* sobre “La agricultura periurbana en la agenda pública. Implementación de políticas municipales provinciales y nacionales para el sostenimiento del cinturón verde en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.”
Expusieron también la Dra. María Carolina Feito, (Conicet/Fauba), la Lic. Julie Le Gall CNRS, Francia) y el Ing. Agr. Matias García (Conicet, F.C.A. UNLP). Finalmente se realizó un Taller y un Plenario de intercambio. Publicamos una breve introducción y las conclusiones del trabajo.
Con 4.400 kilómetros cuadrados de superficie y 13 millones de habitantes, la conurbación Gran Buenos Aires es una de las principales áreas metropolitanas de América Latina. A su vez, su espacio de influencia regional, la denominada Región Metropolitana, abarca unos 15.000 kilómetros cuadrados. En el cinturón hortícola ubicado sobre sus bordes, alrededor de 1.500 empresas se emplazan en unas 16.000 hectáreas, abasteciendo aproximadamente al 30 % de la demanda alimenticia “en fresco” urbana. De esa superficie, 3.000 corresponden a superficie ocupada con invernáculos, que a su vez representan el 40% de la superficie nacional de cultivos bajo cubierta.
En años recientes, la agricultura periurbana como asunto de gestión ha venido incorporándose crecientemente en la política pública. Si bien la “preocupación tecnocrática” de los organismos nacionales de planificación por limitar la expansión física de la ciudad se remite a los años sesenta y setenta (ORDAM, 1969) y desde los años ochenta la creación del Mercado Central de Buenos Aires procuró ordenar la comercialización frutihortícola metropolitana[1], es en la última década cuando desde distintos niveles del Estado Argentino (nacional, provincial, municipal) se promueve con iniciativas concretas la idea de incidir en el desarrollo del cinturón productivo primario-intensivo[2].
El presente trabajo se propone sistematizar las distintas experiencias de implementación de estas nuevas políticas que, desde los niveles municipal, provincial y nacional, han apuntado a intervenir en el espacio rural en la interfase urbano-rural de Buenos Aires. Asimismo, y dado lo reciente de su puesta en funcionamiento, se procurará realizar una primera evaluación acerca de la efectividad de dichas políticas como generadoras de instrumentos de gestión territorial para el sostenimiento de la agricultura periurbana.
Conclusiones
Indudablemente, la agricultura periurbana ha ido ganando un lugar de relevancia en el temario de la agenda pública durante la última década. Debe señalarse que para el tratamiento de este tipo de problemáticas, promovidas desde distintos niveles, no resulta sencillo lograr la conformación de una instancia de coordinación centralizada; por el otro, estamos refiriéndonos a la operatoria estatal sobre un territorio que de por sí presenta alta fragmentación socioespacial, como es el periurbano (Allen, 2003; Capel, 1994; FAO, 1999; Tacoli, 1998). En este sentido, la implementación del Plan Nacional desde el Ministerio constituye un avance muy importante porque puede concentrar la distribución de los fondos y establecer agenda a la hora de “bajarlos” hacia los municipios. Por otra parte, resulta significativo que técnicos que originalmente se desempeñaron en el nivel municipal ascendieran luego a las órbitas provincial y nacional, lo cual demuestra que se produjo una instalación de la temática “desde abajo hacia arriba”.
Sin embargo, cuando comenzó a adquirir mayor dimensión, los objetivos de modernización tecnológica, generación de empleo o generación de ingresos para las familias parecieron alcanzar una relevancia muy
superior sobre otros de gestión territorial. Si bien, como se ha analizado, se registran experiencias a nivel municipal en las que se ha trabajado con objetivos mucho más específicos en lo referido a la necesidad de incidir territorialmente en la protección del borde periurbano (como el caso del IDUAR de Moreno), cuando el abordaje se realiza desde el nivel provincial y/o nacional generalmente se establecen metas generales de fortalecimiento de la actividad económica, con baja o nula enunciación de objetivos explícitos de gestión territorial (como incidir en el uso del suelo, preservar el espacio productivo ante el avance de la urbanización, etc.).
Frecuentemente, a nivel provincial y nacional la temática ha quedado absorbida desde la mirada sectorial (diluyéndose agricultura periurbana con horticultura o fruticultura extensivas), o de la agricultura familiar, o por la lógica provincial, que no discrimina entre cinturones verdes periurbanos, zonas especializadas o extensivas[3]. Dada la matriz constitutiva de los organigramas estatales, resulta dificultoso superar los esquemas sectoriales o sistemáticos a la hora de bajar al territorio. La desactivación de la Dirección de Agricultura Periurbana de la Provincia constituye un ejemplo de ello. Y en el caso del Programa Nacional de Agricultura periurbana, resulta significativa la dilución de la agenda de ordenamiento territorial, máxime si se considera que varios de los funcionarios y técnicos del Ministerio involucrados en la creación del Programa provienen del partido que más avanzó en política de suelos: Moreno.
Vale destacar la trascendencia de la creación de la Agencia INTA AMBA así como del Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura. La inquietud que se señala en el presente trabajo es si, en el marco del complejo mapa del Estado, ambas iniciativas pueden articularse con un mayor nivel de formalidad (sabemos que distintos agentes lo hacen por múltiples vías informales cotidianamente) y conformar un organismo central de coordinación que incluya a la provincia de Buenos Aires (que en la actualidad aparece aparentemente más desdibujada en su rol) y a los municipios del periurbano, a los cuales se les debería exigir, por ejemplo, que cuenten con institutos descentralizados como los de Moreno y Florencio Varela (u organismos similares), a fin de hacer más operativa la “bajada” de éste y otros programas, y a fin de encarar desde un nivel más formal la preservación de sus espacios periurbanos como política de Estado[4].
Para concluir, vale señalar que, considerando la reciente implementación de políticas específicas y la circulación de agentes públicos con importante capacidad de iniciativa y conocimiento, recursos humanos valiosos que están generando un “banco de experiencias” de alto valor, el tratamiento público de la agricultura periurbana, presenta un gran potencial para contribuir a la preservación presente y futura del cinturón verde de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
(*) Área de Ecología Instituto del Conurbano
Universidad Nac.de Gral Sarmiento andresbarsky@yahoo.com.arEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Ing. Pedro Aboitiz Agencia Luján EEA AMBA INTA - peteraboitiz@gmail.com
“Dimensiones sociales, espaciales y ambientales del periurbano de Buenos Aires”
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE TALCA
ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ADNUMA – CHILE)
XIX JORNADAS NACIONALES VII INTERNACIONALES DE
MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA
Y DESASTRES NATURALES
Viernes 27 de Mayo de 2011
María Carolina Feito
Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires)
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina
carofeito@gmail.com
Resumen
Analizamos dimensiones sociales, espaciales y ambientales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, en el partido de Exaltación de la Cruz del periurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores entran en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. Los impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural provocan tensiones y conflictos entre los distintos actores sociales. Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Las distintas percepciones que las personas tienen sobre el medioambiente y los riesgos ambientales que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. En este marco, el municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido. El desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
La expresión “rural” proviene de la palabra latina “rus”, que refiere a grandes espacios abiertos. Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. El boom de la segunda posguerra mundial terminó en los 70 con sucesivas crisis con consecuencias económicas y sociales. Surgen dos grandes tendencias para explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural, y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad. Así como el campo se urbaniza la ciudad también se ruraliza (Ratier, 2001), apareciendo procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios: (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier distingue respecto de nuevos pobladores rurales, tres tipos de situaciones: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. Pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo y suponen la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes-); ruralización urbana: presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes.
Desde los 90, en Argentina ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires. Estos espacios son `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano, `naturales´, previsibles, en el opuesto de cierta visualización de la ciudad, como caótica, violenta, contaminada (Lacarrieu y Thuillier 2001). Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. Esa ruralidad sui-generis es rechazada por los auténticos habitantes del campo, de clase alta. Se rompe con la concepción tradicional europea de lo urbano como civilización y progreso frente al atraso del campo, agudizada entre nosotros por la oposición civlización-barbarie. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno.
La antigua dicotomía campo-ciudad “se diluye ahora en un continuo que integra y conduce por gradaciones -como una especie de “gran cadena del ser urbano” (Capel. 1994:138, citado en Barsky, 2005) o continuum urbano-rural-, a los espacios circundantes . En este sentido, nuevas posiciones académicas se refieren a la neorruralidad o al neorruralismo para explicar estos fenómenos de penetración de las lógicas urbanas en el medio rural . Barros (1999, citado en Barsky, 2005) sostiene que “la idea de espacio rururbano puede asociarse a la de continuo rural urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyeron a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición campo-ciudad”. García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos Perdices (1995, citado en Barsky, 2005) identifican distintas situaciones (anillos concéntricos) a lo largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de usos), el espacio semirural urbanizado, el espacio rural dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y, por último, el espacio rural "marginal". La perspectiva de la nueva ruralidad enfatiza la revalorización de los espacios rurales, que se transforman en bienes de consumo para los habitantes urbanos, dada la atribución de ciertas características diferenciales: tranquilidad, ambiente menos contaminado, etc. Estos procesos y dinámicas se visualizan mejor en los ámbitos locales, que poseen formas de inserción especificas en el espacio regional históricamente determinadas.
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural, con especificación de los usos permitidos según las zonas; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, con incrementos favorecidos por inversiones especulativas que buscan ganancias a partir de cambios en los usos de la tierra. Estas áreas perimetropolitanas son de tamaño irregular y se encuentran generalmente entre unos 30 y 60 minutos de viaje desde el lìmite de la ciudad.
El estudio del periurbano supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad. De difícil definición conceptual y delimitación, se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad; constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad.
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos. En torno a la Ciudad de Buenos Aires se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005). Así, se destacan los nuevos usos residenciales y recreativos, las producciones intensivas de hortalizas y la floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias de corte extensivo, tradicionalmente pampeanas. Estos procesos, por un lado, reflejan el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana y, por otro, los cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido de Exaltación de la Cruz
El partido analizado se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Metrópoli, conectado por rutas 8 y 9, en tercer lugar del conurbano por importancia de urbanizaciones (destinadas a sectores extralocales y con ingresos elevados) y por extensión ocupada, con superficie total de 63.417 hectáreas, este partido incrementó su población un 40% durante los años 90. La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vìas rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales.
En este contexto, emergen tensiones entre lo residencial y lo productivo. En el partido tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . En los últimos 70 años ocurrieron importantes cambios agroproductivos. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios. El rol decreciente de la actividad agropecuaria ha disminuido su capacidad para retener mano de obra. En este contexto, se incorporan nuevas opciones de desarrollo de los espacios rurales (Craviotti, 2007).
La distribución espacial es la de un típico pueblo del interior: en cuadrícula con plaza central, el cual se desarrolla a orillas y a partir del ferrocarril. Las posteriores extensiones de la cuadrícula, con pequeñas variantes, han permitido que la ciudad conserve un perfil homogéneo. La planta urbana contrasta en cuanto a su inserción en el extenso entorno rural .
En el partido existen 110 granjas avícolas que producen actualmente más de 23 millones de aves para consumo . El avance descontrolado de las urbanizaciones amenaza esta actividad. La distribución de las granjas no es uniforme, se encuentran formando grupos; uno en zona relativamente urbanizada y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor (5.725 habitantes).
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
Murdock et al (1994) proponen cambiar el foco del lugar per se hacia una comprensión conceptual de la vía más apropiada para situar una localidad en su contexto, considerando la localidad como un “lugar de encuentro” (“meeting place”), es decir, lugares particulares vistos como cruzando una variedad de relaciones sociales que se extienden en grados diversos a través de espacio y tiempo. Analizar cómo se conforman las relaciones sociales y mostrar cómo actores en diferentes localidades se introducen en redes de relaciones que determinan o condicionan sus acciones, una especie de geometría de poder (“power geometry”). El concepto de red describe cómo grupos de actores juntan fuerzas para promover o resistir el desarrollo, en pos de encontrar nuevas arenas en las cuales participar. Esto marca un cambio en la compleja red de relaciones alrededor del uso de la tierra, como también otorga un rol crucial al sistema de planeamiento para actuar determinando cuánta tierra puede mantener producción agrícola (Murdock et al, 1994).
El dinamismo selectivo de lo residencial y la reactivación de lo productivo orientado a exportación derivó en paradoja en el partido, que había apostado a promover el asentamiento y expansión de emprendimientos residenciales mediante nuevas reglamentaciones a partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo . Asi, el partido sancionó en 1997 una ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) que favorece desde sus fundamentos ese tipo de asentamientos, llevando a segundo plano las actividades agrarias del medio rural, considerándolas negativas desde el punto de vista del empleo. Esta ordenanza preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. Sin embargo, en lo relativo a actividades agropecuarias intensivas (floricultura, horticultura, silvicultura, vivero, apicultura y criaderos de conejos, cerdos y aves) determina que sòlo pueden instalarse en la zona agropecuaria siempre que estén a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda. De este modo, se restringe el ejercicio de estas actividades en áreas donde existan proyectos habitacionales aprobados por el municipio, aún cuando no se hayan comenzado las obras. Esto provocó un conflicto manifiesto, entre avicultores y municipio . El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos.
Debido a su impacto positivo en la generación de empleo y la posibilidad de ingreso monetario en concepto de impuestos, los municipios del periurbano favorecen y privilegian la instalación de emprendimientos privados residenciales. Los actores locales se manifiestan relativamente débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). En el caso analizado, el nuevo ordenamiento territorial considera a los barrios privados como “industrias sin chimenea” (Craviotti, 2007), fomentando su localización en el partido .
Impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades productivas preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes recién están comenzando a organizarse. La percepción de contaminación ambiental por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (si cría pollos o produce huevos); el origen y ocupación de los vecinos (de qué zonas provienen y en qué trabajan). Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad: los recién llegados tienen una idea romántica del campo es visualizado como un ambiente relajador, prístino, no contaminado y bucólico, muy alejado del caos de la gran ciudad de la cual provienen. Por ello, al encontrarse que en los patios de sus nuevas casas “de campo” hay moscas, malos olores, bichos, pretenden que esto desaparezca porque no concuerda con la realidad que tenían pensada y les quita el relax y el disfrute. Es decir que esa percepción positiva del campo se va transformando en negativa. En cambio, para los productores agropecuarios instalados hace años en el partido, lo rural representa una forma de vida, la posibilidad de recibir ingresos para alimentar a sus familias, su lugar en el mundo. Lejos de la visión de los citadinos que se vienen a instalar en el partido, para ellos, su mundo rural no está contaminado. Algunos de ellos plantean que, frente a la amenaza de cierre de sus establecimientos por las acusaciones de contaminación de los nuevos vecinos, lo ideal es transladar la actividad a otro lado, pero, ¿a dónde ir?
Los estudios sociales de percepción de riesgo ambiental
Las distintas percepciones que las personas tienen acerca de los riesgos que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. Estas percepciones dependen de: la experiencia que la sociedad tiene de estos peligros (si ha pasado por situaciones de peligro o no); su cultura de la seguridad (la manera en que actuaron en el pasado si se presentó algún peligro) (Danklmaier et al, 2001). El marco teórico que sustenta este enfoque, se basa en dos componentes principales: por un lado, la actualización de lo que hoy se conoce respecto a planificación del desarrollo con participación social y por otro lado, el reconocimiento y la identificación de cuáles son las perspectivas que enfrentan las poblaciones estudiadas (Feito, 2000). Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Por lo tanto, resulta insuficiente el abordaje que considera estas problemáticas como una situación en la cual hay que intervenir de emergencia (ecología restaurativa). Esta concepción proviene de las ciencias "duras" y de un modelo político a partir del cual se interviene desde las estructuras de seguridad, a través de organizaciones definidas por el Estado como especializadas (Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, etc.) sin habilitar otras formas de intervención. Este enfoque considera sólo el evento y sus consecuencias: una situación de emergencia en la que hay que actuar, atender su impacto, reconstruyendo o compensando los daños producidos al medioambiente.
La teoría social del riesgo concibe a éste como proceso, como construcción histórica: se trata de situaciones complejas que se materializan en un territorio. La gestión de riesgo se ve como un continuo, diferenciando analíticamente cuatro dimensiones irreductibles: peligrosidad (aspectos físico naturales, físico químicos, vinculados al fenómeno desencadenante); exposición (aquello materialmente expuesto al peligro); vulnerabilidad (aspectos territoriales y poblacionales, como esa sociedad preparada para ese peligro o amenaza); e incertidumbre (aspectos del conocimiento, políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados; valores e intereses en juego; presiones políticas que afectan decisiones que se toman tanto en planificación de riesgo como en emergencia) (Barrenechea, 2001).
Es necesario buscar opciones diversas en torno a la gestión del riesgo y no sobre su producto (el desastre) o los problemas ambientales en general. Las decisiones a tomar para reducir el riesgo en medio de la incertidumbre deberían ser resultado de una combinación articulada de todos los sectores sociales, así como de todos los saberes, y no sólo el "científico"” (Feito, 2005). Para configurar esas decisiones, es requisito indispensable un diálogo que combine un intercambio de saberes (científico, popular, de sentido común, etc.). Es por ello que se otorga vital importancia a la perspectiva de los actores sociales, privilegiada en el análisis antropológico, es decir, reconocer, identificar, relevar e interpretar la voz de los sujetos sociales estudiados.
Si se reducen los riesgos, se tendrá como consecuencia que la importancia del evento, los daños que produzca, el impacto y los costos de reconstrucción serán significativamente menores. El riesgo y la vulnerabilidad podrían concebirse como resultado de un proceso precedente que ha producido consecuencias ambientales negativas, relacionado a su vez con un modelo de desarrollo que menospreció tanto la equidad social, como el debate entre los grupos sociales y las organizaciones.
Los problemas ambientales forman parte de la vida cotidiana de los habitantes locales. Para prevenirlos y reconocerlos es necesario tener en cuenta tanto la vulnerabilidad como la resistencia de los pobladores como de los ecosistemas, porque actuar sobre la vulnerabilidad significa actuar sobre el riesgo. ¿Cómo puede realizarse esto? Buscando opciones diversas en torno a la gestión de los problemas ambientales. Para reducir el riesgo se deben tomar decisiones entre todos los actores sociales involucrados, intercambiando distintos "saberes": el científico, el popular, el de "sentido común", etc.
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por las reglamentaciones vigentes siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización. Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
A nivel del municipio, el desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas. En este sentido, las ciencias sociales proveen modelos para resolver problemas con actores diversos, como es el caso de la planificación participativa, referida a la interacción entre sectores, que supone reglas por las cuales se establezca el intercambio entre este tipo de actores.
Sin una articulación práctica de estas distintas formas de pensar, saberes y percepciones y de interrelación entre actores diversos, la complejidad es inabordable. Este tema debería estar colocado en la agenda pública como un asunto fundamental y permanente de las políticas públicas, superando el modelo tradicional de planificación y gestión, que lo incorpora sólo en los momentos en que ocurre algún problema ambiental determinado (Feito, 2009).
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
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ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ADNUMA – CHILE)
XIX JORNADAS NACIONALES VII INTERNACIONALES DE
MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA
Y DESASTRES NATURALES
Viernes 27 de Mayo de 2011
María Carolina Feito
Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires)
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina
carofeito@gmail.com
Resumen
Analizamos dimensiones sociales, espaciales y ambientales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, en el partido de Exaltación de la Cruz del periurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores entran en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. Los impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural provocan tensiones y conflictos entre los distintos actores sociales. Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Las distintas percepciones que las personas tienen sobre el medioambiente y los riesgos ambientales que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. En este marco, el municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido. El desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
La expresión “rural” proviene de la palabra latina “rus”, que refiere a grandes espacios abiertos. Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. El boom de la segunda posguerra mundial terminó en los 70 con sucesivas crisis con consecuencias económicas y sociales. Surgen dos grandes tendencias para explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural, y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad. Así como el campo se urbaniza la ciudad también se ruraliza (Ratier, 2001), apareciendo procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios: (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier distingue respecto de nuevos pobladores rurales, tres tipos de situaciones: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. Pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo y suponen la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes-); ruralización urbana: presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes.
Desde los 90, en Argentina ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires. Estos espacios son `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano, `naturales´, previsibles, en el opuesto de cierta visualización de la ciudad, como caótica, violenta, contaminada (Lacarrieu y Thuillier 2001). Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. Esa ruralidad sui-generis es rechazada por los auténticos habitantes del campo, de clase alta. Se rompe con la concepción tradicional europea de lo urbano como civilización y progreso frente al atraso del campo, agudizada entre nosotros por la oposición civlización-barbarie. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno.
La antigua dicotomía campo-ciudad “se diluye ahora en un continuo que integra y conduce por gradaciones -como una especie de “gran cadena del ser urbano” (Capel. 1994:138, citado en Barsky, 2005) o continuum urbano-rural-, a los espacios circundantes . En este sentido, nuevas posiciones académicas se refieren a la neorruralidad o al neorruralismo para explicar estos fenómenos de penetración de las lógicas urbanas en el medio rural . Barros (1999, citado en Barsky, 2005) sostiene que “la idea de espacio rururbano puede asociarse a la de continuo rural urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyeron a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición campo-ciudad”. García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos Perdices (1995, citado en Barsky, 2005) identifican distintas situaciones (anillos concéntricos) a lo largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de usos), el espacio semirural urbanizado, el espacio rural dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y, por último, el espacio rural "marginal". La perspectiva de la nueva ruralidad enfatiza la revalorización de los espacios rurales, que se transforman en bienes de consumo para los habitantes urbanos, dada la atribución de ciertas características diferenciales: tranquilidad, ambiente menos contaminado, etc. Estos procesos y dinámicas se visualizan mejor en los ámbitos locales, que poseen formas de inserción especificas en el espacio regional históricamente determinadas.
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural, con especificación de los usos permitidos según las zonas; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, con incrementos favorecidos por inversiones especulativas que buscan ganancias a partir de cambios en los usos de la tierra. Estas áreas perimetropolitanas son de tamaño irregular y se encuentran generalmente entre unos 30 y 60 minutos de viaje desde el lìmite de la ciudad.
El estudio del periurbano supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad. De difícil definición conceptual y delimitación, se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad; constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad.
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos. En torno a la Ciudad de Buenos Aires se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005). Así, se destacan los nuevos usos residenciales y recreativos, las producciones intensivas de hortalizas y la floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias de corte extensivo, tradicionalmente pampeanas. Estos procesos, por un lado, reflejan el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana y, por otro, los cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido de Exaltación de la Cruz
El partido analizado se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Metrópoli, conectado por rutas 8 y 9, en tercer lugar del conurbano por importancia de urbanizaciones (destinadas a sectores extralocales y con ingresos elevados) y por extensión ocupada, con superficie total de 63.417 hectáreas, este partido incrementó su población un 40% durante los años 90. La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vìas rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales.
En este contexto, emergen tensiones entre lo residencial y lo productivo. En el partido tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . En los últimos 70 años ocurrieron importantes cambios agroproductivos. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios. El rol decreciente de la actividad agropecuaria ha disminuido su capacidad para retener mano de obra. En este contexto, se incorporan nuevas opciones de desarrollo de los espacios rurales (Craviotti, 2007).
La distribución espacial es la de un típico pueblo del interior: en cuadrícula con plaza central, el cual se desarrolla a orillas y a partir del ferrocarril. Las posteriores extensiones de la cuadrícula, con pequeñas variantes, han permitido que la ciudad conserve un perfil homogéneo. La planta urbana contrasta en cuanto a su inserción en el extenso entorno rural .
En el partido existen 110 granjas avícolas que producen actualmente más de 23 millones de aves para consumo . El avance descontrolado de las urbanizaciones amenaza esta actividad. La distribución de las granjas no es uniforme, se encuentran formando grupos; uno en zona relativamente urbanizada y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor (5.725 habitantes).
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
Murdock et al (1994) proponen cambiar el foco del lugar per se hacia una comprensión conceptual de la vía más apropiada para situar una localidad en su contexto, considerando la localidad como un “lugar de encuentro” (“meeting place”), es decir, lugares particulares vistos como cruzando una variedad de relaciones sociales que se extienden en grados diversos a través de espacio y tiempo. Analizar cómo se conforman las relaciones sociales y mostrar cómo actores en diferentes localidades se introducen en redes de relaciones que determinan o condicionan sus acciones, una especie de geometría de poder (“power geometry”). El concepto de red describe cómo grupos de actores juntan fuerzas para promover o resistir el desarrollo, en pos de encontrar nuevas arenas en las cuales participar. Esto marca un cambio en la compleja red de relaciones alrededor del uso de la tierra, como también otorga un rol crucial al sistema de planeamiento para actuar determinando cuánta tierra puede mantener producción agrícola (Murdock et al, 1994).
El dinamismo selectivo de lo residencial y la reactivación de lo productivo orientado a exportación derivó en paradoja en el partido, que había apostado a promover el asentamiento y expansión de emprendimientos residenciales mediante nuevas reglamentaciones a partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo . Asi, el partido sancionó en 1997 una ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) que favorece desde sus fundamentos ese tipo de asentamientos, llevando a segundo plano las actividades agrarias del medio rural, considerándolas negativas desde el punto de vista del empleo. Esta ordenanza preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. Sin embargo, en lo relativo a actividades agropecuarias intensivas (floricultura, horticultura, silvicultura, vivero, apicultura y criaderos de conejos, cerdos y aves) determina que sòlo pueden instalarse en la zona agropecuaria siempre que estén a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda. De este modo, se restringe el ejercicio de estas actividades en áreas donde existan proyectos habitacionales aprobados por el municipio, aún cuando no se hayan comenzado las obras. Esto provocó un conflicto manifiesto, entre avicultores y municipio . El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos.
Debido a su impacto positivo en la generación de empleo y la posibilidad de ingreso monetario en concepto de impuestos, los municipios del periurbano favorecen y privilegian la instalación de emprendimientos privados residenciales. Los actores locales se manifiestan relativamente débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). En el caso analizado, el nuevo ordenamiento territorial considera a los barrios privados como “industrias sin chimenea” (Craviotti, 2007), fomentando su localización en el partido .
Impactos socioambientales de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades productivas preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes recién están comenzando a organizarse. La percepción de contaminación ambiental por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (si cría pollos o produce huevos); el origen y ocupación de los vecinos (de qué zonas provienen y en qué trabajan). Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad: los recién llegados tienen una idea romántica del campo es visualizado como un ambiente relajador, prístino, no contaminado y bucólico, muy alejado del caos de la gran ciudad de la cual provienen. Por ello, al encontrarse que en los patios de sus nuevas casas “de campo” hay moscas, malos olores, bichos, pretenden que esto desaparezca porque no concuerda con la realidad que tenían pensada y les quita el relax y el disfrute. Es decir que esa percepción positiva del campo se va transformando en negativa. En cambio, para los productores agropecuarios instalados hace años en el partido, lo rural representa una forma de vida, la posibilidad de recibir ingresos para alimentar a sus familias, su lugar en el mundo. Lejos de la visión de los citadinos que se vienen a instalar en el partido, para ellos, su mundo rural no está contaminado. Algunos de ellos plantean que, frente a la amenaza de cierre de sus establecimientos por las acusaciones de contaminación de los nuevos vecinos, lo ideal es transladar la actividad a otro lado, pero, ¿a dónde ir?
Los estudios sociales de percepción de riesgo ambiental
Las distintas percepciones que las personas tienen acerca de los riesgos que corren, varían según los contextos culturales en donde los peligros percibidos tienen lugar. Estas percepciones dependen de: la experiencia que la sociedad tiene de estos peligros (si ha pasado por situaciones de peligro o no); su cultura de la seguridad (la manera en que actuaron en el pasado si se presentó algún peligro) (Danklmaier et al, 2001). El marco teórico que sustenta este enfoque, se basa en dos componentes principales: por un lado, la actualización de lo que hoy se conoce respecto a planificación del desarrollo con participación social y por otro lado, el reconocimiento y la identificación de cuáles son las perspectivas que enfrentan las poblaciones estudiadas (Feito, 2000). Los problemas ambientales no son "naturales" sino que se originan en fenómenos de distintos tipos: naturales (medio físico); sociales (relaciones entre los hombres); antrópicos (actividad humana). Por lo tanto, resulta insuficiente el abordaje que considera estas problemáticas como una situación en la cual hay que intervenir de emergencia (ecología restaurativa). Esta concepción proviene de las ciencias "duras" y de un modelo político a partir del cual se interviene desde las estructuras de seguridad, a través de organizaciones definidas por el Estado como especializadas (Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, etc.) sin habilitar otras formas de intervención. Este enfoque considera sólo el evento y sus consecuencias: una situación de emergencia en la que hay que actuar, atender su impacto, reconstruyendo o compensando los daños producidos al medioambiente.
La teoría social del riesgo concibe a éste como proceso, como construcción histórica: se trata de situaciones complejas que se materializan en un territorio. La gestión de riesgo se ve como un continuo, diferenciando analíticamente cuatro dimensiones irreductibles: peligrosidad (aspectos físico naturales, físico químicos, vinculados al fenómeno desencadenante); exposición (aquello materialmente expuesto al peligro); vulnerabilidad (aspectos territoriales y poblacionales, como esa sociedad preparada para ese peligro o amenaza); e incertidumbre (aspectos del conocimiento, políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados; valores e intereses en juego; presiones políticas que afectan decisiones que se toman tanto en planificación de riesgo como en emergencia) (Barrenechea, 2001).
Es necesario buscar opciones diversas en torno a la gestión del riesgo y no sobre su producto (el desastre) o los problemas ambientales en general. Las decisiones a tomar para reducir el riesgo en medio de la incertidumbre deberían ser resultado de una combinación articulada de todos los sectores sociales, así como de todos los saberes, y no sólo el "científico"” (Feito, 2005). Para configurar esas decisiones, es requisito indispensable un diálogo que combine un intercambio de saberes (científico, popular, de sentido común, etc.). Es por ello que se otorga vital importancia a la perspectiva de los actores sociales, privilegiada en el análisis antropológico, es decir, reconocer, identificar, relevar e interpretar la voz de los sujetos sociales estudiados.
Si se reducen los riesgos, se tendrá como consecuencia que la importancia del evento, los daños que produzca, el impacto y los costos de reconstrucción serán significativamente menores. El riesgo y la vulnerabilidad podrían concebirse como resultado de un proceso precedente que ha producido consecuencias ambientales negativas, relacionado a su vez con un modelo de desarrollo que menospreció tanto la equidad social, como el debate entre los grupos sociales y las organizaciones.
Los problemas ambientales forman parte de la vida cotidiana de los habitantes locales. Para prevenirlos y reconocerlos es necesario tener en cuenta tanto la vulnerabilidad como la resistencia de los pobladores como de los ecosistemas, porque actuar sobre la vulnerabilidad significa actuar sobre el riesgo. ¿Cómo puede realizarse esto? Buscando opciones diversas en torno a la gestión de los problemas ambientales. Para reducir el riesgo se deben tomar decisiones entre todos los actores sociales involucrados, intercambiando distintos "saberes": el científico, el popular, el de "sentido común", etc.
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por las reglamentaciones vigentes siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización. Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
A nivel del municipio, el desarrollo local puede articular la reconstrucción y compensación de los daños con el debate acerca de la gestión ambiental y la toma de decisiones participativas. En este sentido, las ciencias sociales proveen modelos para resolver problemas con actores diversos, como es el caso de la planificación participativa, referida a la interacción entre sectores, que supone reglas por las cuales se establezca el intercambio entre este tipo de actores.
Sin una articulación práctica de estas distintas formas de pensar, saberes y percepciones y de interrelación entre actores diversos, la complejidad es inabordable. Este tema debería estar colocado en la agenda pública como un asunto fundamental y permanente de las políticas públicas, superando el modelo tradicional de planificación y gestión, que lo incorpora sólo en los momentos en que ocurre algún problema ambiental determinado (Feito, 2009).
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
Bibliografía citada
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BARRENECHEA, J. "Herramientas metodológicas para gestión integral de riesgos ambientales", PIRNA (Programa de Investigación en Recursos Naturales), Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.2001.
Barsky, A (2005) “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires”. En: Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. IX, núm. 194 (36), Barcelona.
Benencia, R. y Quaranta, G. (2005) “Transformaciones en la estructura, la producción y la mano de obra en la actividad agropecuaria en torno a la Ciudad de Buenos Aires”, Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Pcia de Bs As.
Bozzano, Horacio (2000) “Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles. Aportes para una teoría territorial del ambiente”, Espacio Editorial, Buenos Aires
Craviotti, C(2007a) “Tensiones entre una ruralidad productiva y otra residencial: el caso del partido Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, Argentina”. Economía, Sociedad y Territorio, vol VI, n 23, 2007, Toluca, Mexico.
Craviotti, C (2007b) “Articulación público–privada y desarrollo local de los espacios rurales”. Perfiles latinoamericanos, v.16 n.32 México
Craviotti, C; Bardomas, S; Jiménez, D y Neiman, G (2005) “Cambios ocupacionales y demográficos asociados a situaciones de nueva ruralidad: el caso de Exaltaciòn de la Cruz, provincia de Buenos Aires”, IV Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Econòmicas, UBA.
DANKLMAIER, Christine; FEITO, María Carolina; FIHMAN, Iris: "Estudio antropológico sobre sondeo de opinión para relevamiento de percepción de riesgo en la población de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires", Mimeo.2001
Feito, M. C. (2001): "Notas sobre el Primer Foro Interdisciplinario sobre Migraciones Internas y su Impacto Social para una Toma de Conciencia por un Justo Medio", Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, N° 47.
FEITO, M.C. (2005) “Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense”. Ed La Colmena, Bs As.
Feito, M.C. (2009) El enfoque antropológico para las políticas ambientales locales. En: Revista Electrónica Ambiente Total. Ecología, Geografía, Urbanismo y Paisaje. Volumen 1, N2, Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos. Universidad Central de Chile; Santiago, Chile- ISSN 0717.9839.
Feito, M. C. (2010): “Dimensiones sociales y espaciales del periurbano de Buenos Aires. El caso del partido de Exaltación de la Cruz”. En: NADIR Revista Electrónica de Geografìa Austral, Universidad Autónoma de Chile, Talca. Año 2, N2, julio-dic 2010. disponible en Internet: http://www.revistanadir.cl/
Gutman, P.; Gutman, G., y Dascal, G. (1987)”El campo en la ciudad: la producción agrícola en el Gran Buenos Aires”, CEUR, Buenos Aires.
JEAN, B.(1989)“La question rurale: la ruralité et sa sociologie”. Ren: Recherches sociologiques. Vol. 20, Nº 3.
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Silla, R (2000): "Instalación de countries, barrios cerrados, clubes de campo y chacras en la provincia de Buenos Aires: la importancia de los estudios antropológicos" (mimeo).
miércoles, 20 de julio de 2011
DIAGNOSTICO DE PRODUCCIONES REGIONALES INTENSIVAS . POR FEBA
PRODUCCIONES REGIONALES INTENSIVAS (PRI).
El presente documento es fruto del taller de trabajo realizado el día 8/7/2011 en la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora. El objetivo fue realizar un diagnóstico que posibilite una futura elaboración de propuestas para el sector de producciones regionales intensivas.
A partir de lo discutido en el mencionado taller, a continuación se exponen sintéticamente los principales ejes y temas concretos tratados:
Eje 1: Problemáticas de los sectores y demandas de los productores:
1) La mayoría de los productos elaborados por los sectores generan poco Valor Agregado. Para superar dicho condicionante estructural, es necesaria una visión estratégica que dote de mayor complejidad a la cadena de valor para lograr más y mejor calidad en el empleo, a través de un marco donde mediante una articulación pública-privada se defienda los intereses de las economías regionales.
2) Existen diferenciales de poder en la cadena de valor que se traducen en abusos. Muchos mercados (en la reunión se mencionó a los apicultores) presentan una fuerte concentración en su etapa de comercialización, donde unas pocas empresas son las que se encargan de exportar a los mercados extranjeros, de esta forma atomizan el mercado y fijan precios bajos a los productores pequeños. Estos últimos constituyen el extremo más débil y, por lo tanto, el de mayor subordinación dentro de la cadena. La característica común predominante de estos actores es que producen recurriendo a mano de obra familiar, con muy escaso capital y con pocas superficies de tierra.
3) Otra hecho común en todos los sectores es la escasa asociatividad entre productores. Es muy difícil mantener la unión (por ejemplo se citó el caso de Apicultores, y el de los pescadores).
En todas las actividades existen barreras culturales difíciles de romper. Tal vez las tradiciones y los malos entendidos que han generado siempre los mecanismos de intermediación implantados por la políticas públicas atentan contra las propuestas modernizadoras.
4) Existe una alta informalidad en todos los sectores que impide un tratamiento igualitario y provoca diferenciales de competitividad entre productores. Adicionalmente conlleva a una desprotección en los actores más vulnerables dentro de la cadena de valor, ya que al ser actividades con alta dispersión hay un vacio muy importante de representatividad.
5) En la comercialización del sector hortícola, existen problemas de fijación de precios. Los productores de mayor tamaño venden directamente a los supermercados, mientras que muchos pequeños venden directamente a las verdulerías. Esto lleva a que en el mercado regional se fijen precios bajos debido a que la referencia son productos de segunda calidad.
Muchos productores se encuentran asediados por compromisos financieros y consiguientemente se ven obligados a realizar operaciones a precios extremadamente bajos.
El gran perjuicio de esas ventas no termina en una mala transacción sino que arrastra a un precio de referencia ficticio y bajo que arrastra de ahí en más a las restantes operaciones.
6) Hay deficiencias en el control bromatológico estatal, lo cual trae varios problemas subsidiarios:
- Uso de agroquímicos en exceso que redunda en productos de baja calidad con perjuicio para los consumidores y la salud de los trabajadores.
- Impedimento de acceder a los grandes mercados externos en el futuro, ya que se generarían inconvenientes en el cumplimiento de estándares de calidad internacionales.
- Contaminación ambiental (suelos, ríos, lagunas, etc.)
Un factor adicional que impide el uso de mejores prácticas aparte del escaso control, es la existencia de un mercado interno muy reducido para los productos orgánicos.
7) Se identifica la falta de crédito e instrumentos financieros adecuados para los productores, los cuales no se hallan preparados para cumplir exigencias bancarias actuales.
8) Ausencia de un mapeo mediante el cual se releve la cantidad de productores en muchas actividades. Esto dificulta la elaboración de un diagnóstico adecuado que permita elaborar políticas adecuadas.
Eje 2: Fortalezas, oportunidades reveladas y acciones realizadas hasta el momento para el sector:
1) Se cuenta con el apoyo del gobierno nacional y provincial en lo referente a la lucha contra la informalidad, como así también de los Consulados de los países vecinos.
2) Hay consenso en que se debe apuntar al fortalecimiento del mercado interno. En cuanto al sector externo los referentes opinan que en una primera instancia debe apuntarse a la penetración de las exportaciones en los mercados pequeños, ya que requieren menores exigencias que los grandes.
3) En la actualidad existe una reafirmación del vínculo con universidades, organismos expertos (SENASA, INTA, etc.) a través de encuentros donde se discuten diversos temas referentes al sector.
Próximamente se llevara a cabo el cuarto encuentro.
4) Se tiene presente que en la discusión sobre elaboración y puesta en práctica de las políticas se deben tener en cuenta factores de relevancia como la multiculturalidad y multidimensionalidad de las relaciones económicas de los actores, en las cuales se entrelazan dimensiones materiales, sociales, simbólicas y afectivas.
5) Existe un espacio para nuclear a los pequeños productores y lograr a través de FEBA y cámaras comerciales una fuerte presencia en aspectos productivos y comerciales de los productos regionales, en la difusión de la diversificación de actividades en los productores y cursos de formación para los trabajadores.
El presente documento es fruto del taller de trabajo realizado el día 8/7/2011 en la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora. El objetivo fue realizar un diagnóstico que posibilite una futura elaboración de propuestas para el sector de producciones regionales intensivas.
A partir de lo discutido en el mencionado taller, a continuación se exponen sintéticamente los principales ejes y temas concretos tratados:
Eje 1: Problemáticas de los sectores y demandas de los productores:
1) La mayoría de los productos elaborados por los sectores generan poco Valor Agregado. Para superar dicho condicionante estructural, es necesaria una visión estratégica que dote de mayor complejidad a la cadena de valor para lograr más y mejor calidad en el empleo, a través de un marco donde mediante una articulación pública-privada se defienda los intereses de las economías regionales.
2) Existen diferenciales de poder en la cadena de valor que se traducen en abusos. Muchos mercados (en la reunión se mencionó a los apicultores) presentan una fuerte concentración en su etapa de comercialización, donde unas pocas empresas son las que se encargan de exportar a los mercados extranjeros, de esta forma atomizan el mercado y fijan precios bajos a los productores pequeños. Estos últimos constituyen el extremo más débil y, por lo tanto, el de mayor subordinación dentro de la cadena. La característica común predominante de estos actores es que producen recurriendo a mano de obra familiar, con muy escaso capital y con pocas superficies de tierra.
3) Otra hecho común en todos los sectores es la escasa asociatividad entre productores. Es muy difícil mantener la unión (por ejemplo se citó el caso de Apicultores, y el de los pescadores).
En todas las actividades existen barreras culturales difíciles de romper. Tal vez las tradiciones y los malos entendidos que han generado siempre los mecanismos de intermediación implantados por la políticas públicas atentan contra las propuestas modernizadoras.
4) Existe una alta informalidad en todos los sectores que impide un tratamiento igualitario y provoca diferenciales de competitividad entre productores. Adicionalmente conlleva a una desprotección en los actores más vulnerables dentro de la cadena de valor, ya que al ser actividades con alta dispersión hay un vacio muy importante de representatividad.
5) En la comercialización del sector hortícola, existen problemas de fijación de precios. Los productores de mayor tamaño venden directamente a los supermercados, mientras que muchos pequeños venden directamente a las verdulerías. Esto lleva a que en el mercado regional se fijen precios bajos debido a que la referencia son productos de segunda calidad.
Muchos productores se encuentran asediados por compromisos financieros y consiguientemente se ven obligados a realizar operaciones a precios extremadamente bajos.
El gran perjuicio de esas ventas no termina en una mala transacción sino que arrastra a un precio de referencia ficticio y bajo que arrastra de ahí en más a las restantes operaciones.
6) Hay deficiencias en el control bromatológico estatal, lo cual trae varios problemas subsidiarios:
- Uso de agroquímicos en exceso que redunda en productos de baja calidad con perjuicio para los consumidores y la salud de los trabajadores.
- Impedimento de acceder a los grandes mercados externos en el futuro, ya que se generarían inconvenientes en el cumplimiento de estándares de calidad internacionales.
- Contaminación ambiental (suelos, ríos, lagunas, etc.)
Un factor adicional que impide el uso de mejores prácticas aparte del escaso control, es la existencia de un mercado interno muy reducido para los productos orgánicos.
7) Se identifica la falta de crédito e instrumentos financieros adecuados para los productores, los cuales no se hallan preparados para cumplir exigencias bancarias actuales.
8) Ausencia de un mapeo mediante el cual se releve la cantidad de productores en muchas actividades. Esto dificulta la elaboración de un diagnóstico adecuado que permita elaborar políticas adecuadas.
Eje 2: Fortalezas, oportunidades reveladas y acciones realizadas hasta el momento para el sector:
1) Se cuenta con el apoyo del gobierno nacional y provincial en lo referente a la lucha contra la informalidad, como así también de los Consulados de los países vecinos.
2) Hay consenso en que se debe apuntar al fortalecimiento del mercado interno. En cuanto al sector externo los referentes opinan que en una primera instancia debe apuntarse a la penetración de las exportaciones en los mercados pequeños, ya que requieren menores exigencias que los grandes.
3) En la actualidad existe una reafirmación del vínculo con universidades, organismos expertos (SENASA, INTA, etc.) a través de encuentros donde se discuten diversos temas referentes al sector.
Próximamente se llevara a cabo el cuarto encuentro.
4) Se tiene presente que en la discusión sobre elaboración y puesta en práctica de las políticas se deben tener en cuenta factores de relevancia como la multiculturalidad y multidimensionalidad de las relaciones económicas de los actores, en las cuales se entrelazan dimensiones materiales, sociales, simbólicas y afectivas.
5) Existe un espacio para nuclear a los pequeños productores y lograr a través de FEBA y cámaras comerciales una fuerte presencia en aspectos productivos y comerciales de los productos regionales, en la difusión de la diversificación de actividades en los productores y cursos de formación para los trabajadores.
viernes, 15 de julio de 2011
“Tensiones y conflictos en la convivencia de ruralidades heterogéneas. El caso del partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.”
VII Jornadas de Investigación y Debate
“Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario.
Significados, alcances y proyecciones.”
19, 20 y 21 de mayo de 2010
Universidad Nacional de Quilmes
“Tensiones y conflictos en la convivencia de ruralidades heterogéneas.
El caso del partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.”
Autora: María Carolina Feito
Institución: CONICET/FAUBA
Email: mcfeito@ciudad.com.ar
Eje temático 8.
Estado, actores políticos e instituciones en contextos de conflictividad rural.
Introducción
Analizamos dimensiones sociales y espaciales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, con referencia empírica en el partido de Exaltación de la Cruz del conurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. Utilizando metodología cualitativa con realización de trabajo de campo etnográfico, intentamos comprender situaciones sociales endógenas locales, mostrando elementos como: historia y caracterización territorial local; distintos actores en juego; políticas locales; asociativismo; situación de exclusión y conflictos; formas de participación y construcción de consensos.
El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores intentan resistir embates del contexto macroeconómico que disminuye la rentabilidad de la producción, entrando en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. El municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. Dos grandes tendencias intentan explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural (Mardsen et al, 1990), y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad (Whatmore, 1994), en la diversidad de transformaciones ocurridas en el agro latinoamericano, consecuencia de adopción del nuevo modelo aperturista de desarrollo (Murmis, 1993; Kay, 1994). Aparecerían procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios (Ratier, 2001): (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier (op cit) distingue en la bibliografía tres tipos de situaciones, siempre con bases más fuertes en Europa y el norte de nuestro continente, pero con expresiones en América Latina: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial; pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo -); ruralización urbana (presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes).
Desde los 90, ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires, espacios `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano. Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno. (Lacarrieu y Thuillier 2001), distinguiéndose esta corriente de la de personas que migran hacia el campo por falta de trabajo (Giuliani 1990).
Llambí (1994) relaciona la nueva ruralidad con la globalización, porque ambos tipos de procesos forman parte de un amplio conjunto de reestructuraciones neoeconómicas y reacomodos geopolíticos que tienen lugar a diferentes niveles (global, nacional, local) pero que en cada país o localidad del planeta, asumen sus propias peculiaridades . Se reestructuran espacios en función de intereses turísticos y ambientales; se diversifica el empleo y surgen redes de relaciones sociales no basadas fundamentalmente en el eje de relaciones agrarias. Trabajos más recientes analizan las representaciones de lo rural por parte de los actores de diferentes orígenes e intereses, y las tensionesoriginadas por ello (p ej, las personas que migran al medio rural con objetivos exclusivamente residenciales pueden cuestionar aspectos de la actividad agropecuaria -ruidos, olores percibidos como desagradables-).
Coincidimos con Ratier en cuestionar si estos fenómenos responden a nuevas realidades, o si habían sido dejados de lado en análisis previos, así como en su propuesta de afinar conceptualmente las categorías rural y ruralidad, superar antiguas dicotomías y relativizarlas para enriquecer su potencial analítico.¿Qué sentido tiene designar como nueva una ruralidad que resulta del proceso de globalización? Por otra parte, una nueva ruralidad que debería surgir para desplazar aquella otra nueva (que entonces se convertiría en vieja), tampoco cierra. Adherimos a su propuesta de ubicarnos en un punto de vista más sociológico y cercano a los actores: “el uso de nueva ruralidad para calificar novedades de otro tipo, como el traslado de pobladores urbanos a las áreas rurales, con su correlato ideológico de la reivindicación de valores campesinos, es más promisorio.” (Ratier, 2001:11, cursiva en el original).
El periurbano de la ciudad de Buenos Aires
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, áreas de tamaño irregular ubicadas entre 30 y 60 minutos de viaje desde el límite de la ciudad, así como actividades vinculadas con la demanda inmediata metropolitana . Se distingue diversidad de actores sociales intervinientes: locales, neolocales (instalados recientemente) o extralocales (capaces de influir en los ámbitos rurales en cuestión). La ocupación del suelo en las áreas periféricas generalmente se realiza de una manera no planificada, constituyendo un espacio de gran heterogeneidad y crecimiento acelerado, donde pueden registrarse problemáticas sociales y ambientales agudas, un mercado del suelo poco transparente, proximidades conflictivas (Barsky, 2005).
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos:; aparición de nuevas zonas hortícolas especializadas en otras zonas del país; evolución del mercado y del sistema de comercialización, etc. Se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005), destacándose nuevos usos residenciales y recreativos, producciones intensivas de hortalizas y floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias extensivas, reflejando el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana, así como cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido analizado
El partido de Exaltación de la Cruz se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, se conecta de manera directa a través de las rutas 8 y 9 y está en tercer lugar en cuanto a importancia de las urbanizaciones y la extensión ocupada . La cercanía a la autopista panamericana define la localización (Barsky, 2005). Abarca 63.417 has, repartidas en las localidades: Capilla del Señor (cabecera de partido) , Cardales, Villa Manuel Cruz, Pavón, Barrio el Remanzo, Diego Gaynor, Barrio los Pinos, Barrio Exaltación. La población total se incrementó un 40% durante los 90, debido a, por un lado, llegada de pobladores del conurbano bonaerense a los nuevos emprendimientos residenciales, y por otro, instalación de trabajadores de las provincias (para tareas domésticas en estos emprendimientos o para actividades agropecuarias). La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vías rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales. Tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . Históricamente la zona fue importante productora de lanares, con ganadería de cría en algunas áreas específicas, para pasar a actividad de tambo. A partir de los 70 la industria tambera entró en crisis por el desplazamiento de producción hacia zonas de la provincia más aptas, sustituyéndose los tambos por ganadería vacuna, agricultura y avicultura. Gran parte de los productores tamberos se volcó hacia esta última, tanto a producción de huevos como fundamentalmente, al engorde de pollos (Craviotti et al, 2005). Se establecieron en el partido o cercanías empresas medianas y grandes que “integraron” a los pequeños avicultores en las cadenas productivas típicas de este rubro. La producción de cereales en el área, con la cual se elabora el alimento balanceado, resultó una ventaja comparativa. Durante los 80 y fuertemente en los 90, desapareció una importante proporción de avicultores, retirándose las empresas internacionales y quedando sólo las nacionales. Las actividades agrarias orientadas a exportación en el partido, se reposicionaron acompañando la fuerte devaluación del peso durante 2002. El ingreso de pollos de Brasil y la recesión jaquearon la avicultura local . Las granjas menos equipadas dejaron de producir o abandonaron la integración con las empresas, utilizando modalidades precarias de comercialización, para poder resistir en la actividad. Posteriormente, la gripe aviar en Asia posibilitó fuerte incremento de exportaciones avícolas argentinas. En este contexto, la avicultura experimentó un importante repunte: se ampliaron instalaciones de plantas de faena y de criaderos de pollos. Sin embargo, la construcción de galpones de cría en las granjas no acompañaba la fuerte demanda. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios, lo cual explica por qué en Exaltación no existen proyectos de barrios nuevos (Craviotti, 2007ª).
Dos son las localidades principales: Capilla del Señor y Los Cardales; tres poblados pequeños: Diego Gaynor, Pavón y Robles y un número relativamente importante de parcelamientos tipo urbano dispersos con escasísima ocupación; una extensa área residencial extraurbana con distintos grados de consolidación, insertos en un área destinada a producción agrícola ganadera próxima al AMBA. El desarrollo del partido se encuentra entonces restringido por esta actividad, que genera poco empleo y tiene bajo efecto multiplicador en industria y comercio, combinada con la escasa accesibilidad a los sistemas urbanos de jerarquía nacional y regional entre los cuales se ubica y con los cuales establece pocas relaciones funcionales. La proporción de superficie destinada a usos agropecuarios tiene relación con la concentración de la producción agropecuaria de los 90 , el cual se tradujo en la desaparición de un buen número de explotaciones pequeñas y medianas. Productores locales han sido reemplazados por otros de origen extra local que, en la mayoría de los casos, carecen de antecedentes en la actividad agropecuaria, donde conviven los cultivos típicos de la región pampeana (cereales y oleaginosos, fundamentalmente soja), con ganadería bovina y algunas producciones innovadoras intensivas. La distribución geográfica de las granjas no es uniforme, sino que se encuentran formando grupos: uno dentro de una zona relativamente urbanizada en Diego Gaynor y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor, la cual es una zona mucho más grande y urbanizada .
De acuerdo a fuentes municipales, el partido tiene 600 productores que ocupan unas 24mil has, cuya distribución se atomiza hacia la ruta 193. Hay tambos chicos que ahora producen aves, mediante las facilidades de préstamo que ofrece la empresa Tres Arroyos . Aproximadamente un 70% de los productores trabaja para esta empresa; en volumen y dinero es la producción más importante del partido. Es un buen negocio para quienes no están endeudados y no viven de eso (profesionales extralocales, por ej). En horticultura, hay sólo cuatro productores habilitados, pero se calculan unos 55 en total. Esta actividad tiene intervención desde 2008, por convenio con la SAGPyA/INTA/Municipios : la Dirección de Producción implementa este subsidio, junto con Microemprendimientos y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en la instalación de depósitos de agroquímicos en las quintas, y exhortando a los productores a registrarse en el RENSPA, y a proceder a las habilitaciones de sus establecimientos, para acceder al subsidio . También hay otras producciones y emprendimientos: arándanos en Chacra Sauzalito ); una fábrica de quesos en Cardales; un proyecto municipal de turismo rural: el desarrollo de un museo y una feria en el galpón de la estación del FFCC Urquiza (transferida desde Nación y reciclada); en Robles, hay seis feed lots, que ocupan 300 has con aproximadamente 500 cabezas ; hay 22 countries y 54 industrias no nucleadas, ubicadas en el corredor entre rutas 8 y 6, llegando hasta el partido vecino de Campana.
Desde 2008 empezó a trabajar en el partido el INTA, contemplando distintos proyectos para el territorio e intentando articular acciones con el municipio. Esta institución detectó para la cadena avicultura de esta zona, las siguientes causas del deficiente manejo productivo: tensión entre avance urbano y producción; falta de un relevamiento avícola; falta de recursos financieros para hacer frente a los cambios tecnológicos que implican inversiones muy importantes; falta de cultura asociativa; poca experiencia en BPA ; manejo inadecuado de camas y animales muertos; altos costos en alimentos. Propone, entre otras, algunas actividades: estudio de la zonificación en otros municipios del territorio y evaluación de los requisitos existentes (Ordenanzas Municipales, Habilitaciones, SENASA, RENSPA, de Faena): relevamiento y categorización de productores avícolas; evaluación de parques productivos cluster; estudio de Mercadeo y Finanzas; taller con los actores ligadas a esta actividad (por sector Carne, Huevos, Reproductor) para evaluación de los cambios producidos en los últimos 30 años y futuro de la cadena; capacitación en Buenas Prácticas y en Higiene y Seguridad; capacitaciones en diversificación; armado de nuevos grupos del Programa Cambio Rural avícolas (para proveer soluciones al conflicto con los countries) . Actualmente hay seis grupos del Programa, ubicados en Pavón, Arroyo La Cruz y Robles, todos de horticultores . Los avicultores se relacionan con los horticultores mediante la venta del guano que ellos necesitan para abonar sus cultivos; sin embargo desconocen que éstos están organizados en grupos desde hace varios meses. Sería interesante encontrar posibles interacciones para que la horticultura pueda controlar de alguna forma las moscas de la avicultura, logrando que los habitantes de countries cesen o disminuyan sus reclamos por contaminación.
Existen en el partido 110 granjas que producen actualmente casi 30 millones de aves para consumo, representando aproximadamente 66 millones Kg. de ave viva que, cantidad que a su vez, significa la conversión en carne aviar de 145 millones de kg alimento compuesto fundamentalmente por maíz, soja, afrechillo, vitaminas, etc, lo que genera una alta agregación de valor generada por la actividad de los criadores. La producción de carne aviar en el partido era de más de 200 millones de pesos anuales en 2009, tratándose de una actividad productiva con alta capacidad multiplicadora. En efecto, participan gran cantidad de agentes: productores de granos, molinos que balancean y producen alimento, planta de incubación, planteles de procesadoras, transportistas, plantas de faena, frigoríficos, procesadoras de plumas y vísceras, exportadores, comercializadores, etc. La actividad de cría y engorde es llevada a cabo por numerosos granjeros que realizan su tarea para las grandes empresas. La mayoría posee fracciones pequeñas aptas para explotación intensiva, incorporando tecnología cada vez más sofisticada. Además se producen abonos (cama de pollo) que son vendidos a los productores hortícolas bolivianos. Respecto del manejo de recursos naturales, el agua utilizada es de pozo, las napas más altas se contaminan por actividad urbana y deben buscar en Acuífero Puelche; no hay protección (dentro del galpón no llueve); no se genera erosión de suelos. A diferencia de otras actividades agrarias, la avicultura tiene fuerte tradición local y es desarrollada por residentes del partido. Los que resistieron las sucesivas crisis sobrevivieron combinando la actividad con otras productivas o extraprediales (Craviotti, 2007ª). En cuanto a mejoras tecnológicas, se tiende en casi todos los casos a la automatización del conjunto de actividades con incorporación de comederos automáticos y ventilación en los galpones, mejora demandada por las empresas y con significativo impacto sobre la mano de obra empleada permanente en los establecimientos (Gavidia et al, 2001). La realización de otras actividades en el predio está condicionada por la baja superficie controlada (menos de 10 has en casi todos los casos). La forma de producción empresarial pura, sólo en caso de los productores más chicos combina el trabajo familiar con contratación de un trabajador permanente o eventuales. El productor es quien supervisa las actividades, si bien los integrados renunciaron a la autonomía del productor clásico pues deben seguir las pautas impuestas por las empresas. En relación al vínculo con las empresas que operan en el partido, carecen de contrato formal y no se establece la cantidad de crianzas al año, transformándose esta última cuestión en el principal regulador del ingreso a obtener de la actividad . Existen dificultades para encontrar mano de obra para la carga, que es proporcionada por las empresas, la mayoría son paraguayos, bolivianos y misioneros .
Los problemas expresados por los productores avícolas refieren a temas como: aumentos en impuestos por sobrevaluación de los galpones por parte de ARBA (organismo recaudador provincial) desde 2004 (para lo cual se están movilizando para realizar una demanda judicial con un caso testigo costeado entre todos ); conseguir subsidio (para lo cual deben calcular los costos de producción); participar en la redacción de la ordenanza para producciones intensivas que está por dictar el municipio (para regular dichas actividades realizando zonificación). Para este tema, el municipio intenta articular con el INTA, convocando desde la Dirección de Producción a técnicos que puedan colaborar en el diseño de la nueva ordenanza. Otras necesidades importantes planteadas por los productores refieren a la falta de acompañamiento técnico para manejo del guano. El problema de las moscas es uno de los que provoca conflictos con los residentes de los nuevos barrios cerrados. Algunos productores de pollos se quejan de que los que producen moscas son los que crían gallinas (según ellos, unas pocas granjas que están identificadas), por lo tanto, no deberían tener obligación de pagar todos el certificado de que no contaminan . Otros problemas se relacionan con bajar costos de producción, especialmente la electricidad y el gas envasado necesario para calefaccionar los galpones.
Desde INTA se explicó a los productores que si organizan sus demandas, la institución puede intervenir con una propuesta de acompañamiento para realizar buen manejo en la explotación. Se ofreció la intervención del programa como una herramienta del Estado, en la cual los productores deben agruparse eligiendo al técnico y valorar las ventajas del asociativismo, que permite mejorar la comercialización; también se propuso colaborar en articulación con el municipio, a zonificar como cluster. Sin embargo, algunos productores no perciben ventajas en la intervención que intenta organizar INTA, ya que en el caso de pollos parrilleros no compran ni venden nada porque están integrados a la empresa faenadora, por lo tanto manifiestan no tener problemas de comercialización; sí visualizan ventajas en la posibilidad de asociarse para reclamar la zonificación , y realizar turismo rural como posibilidad de integración con el resto de la comunidad . Los técnicos de INTA podrían intervenir ante la necesidad concreta de formalizar la certificación para mosca y manejo del guano .
Esta producción es muy individualista: “nadie compra ni vende nada, mis resultados son independientes de los del vecino, el individualismo está en todo, con el problema de las ratas, no hay acción en conjunto, alguna compra de veneno, reclamo al municipio, lo compramos nosotros el veneno, o lo trae Tres Arroyos” (productor avícola) .
El municipio debería otorgar herramientas para que el productor avícola pueda realizar un buen manejo de la granja, aplicando BPA y conservando higiene, para no tener que irse. Al respecto, la Sociedad Rural está coordinando capacitaciones con el INTA . Algunos productores consideran que el municipio va a tener que absorber el costo político de apoyar la urbanización del partido. Comienza a promoverse la articulación público-privada a través del Consejo Local Asesor y la idea de armar una Agencia de Desarrollo Local involucrando a todos los actores productivos desde la Dirección de Producción, así como un plan para un polo avícola en La Lata, desde Capilla hasta ruta 193, en un predio de 10-15 has. Desde el municipio intentan detectar los diversos actores que deberían convocarse para un proyecto de desarrollo local: Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate; SENASA Verde de Campana; Cooperativa de Capilla; COPRAL (Coop de Electricidad); CEPRAL y COPECEL (Cooperativas Eléctricas de Robles y Cardales); Coop Eléctrica San Antonio (en Séptima Región), productores avícolas (no están organizados); Comitè de Cuenca del Río Luján ; Escuela Técnica; UATRE; Colectividad Boliviana; comerciantes (no están organizados, predomina el rubro gastronómico); empresariado (Tres Arroyos; Granja Norte –empresa productora de huevos, proveedora de los supermercados Jumbo y Carrefour-; Avícola Ruta 6; Asociación de Productores de Huevos de Zona Norte; campo de polo en Ceballos. Existen ciertas dificultades de implementación, porque luego del resultado de las últimas elecciones, disminuyó el nivel de compromiso de los actores que ya había comenzado a contactar el municipio.
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
A mediados de los 90, el partido opta por un perfil en el que los countries y barrios privados son considerados como "industrias sin chimenea", por lo que se fomentó su desarrollo. El ordenamiento territorial sancionado se realizó para cumplir ese fin pues zonifica vastas áreas como residenciales exclusivas, y considera incompatibles con este objetivo determinadas actividades agropecuarias intensivas (Craviotti, 2007ª). A partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo , esta ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) de 1997 preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. También especifica que los apiarios, criaderos de conejos, cerdos y aves, sólo podían establecerse en la zona agropecuaria siempre y cuando estuvieran a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda, restringiendo la actividad agropecuaria aún cuando no se iniciaran efectivamente las obras (Craviotti, 2007ª). Debido a que los establecimientos avícolas eran relativamente importantes en el partido y la mayoría se encontraba en lugares no permitidos por la nueva zonificación, se sancionaron diferentes ordenanzas municipales para reubicarlos . Se previeron plazos prolongados y se flexibilizó la distancia considerada perjudicial para los vecinos que residen en estas urbanizaciones . Sin embargo, como no se verificaron traslados de granjas durante el repunte de la actividad posterior al 2002, se endurecieron los plazos para relocalización, así como las acciones concretas del municipio (envío de notificaciones a infractores, aplicación de multas) . Comenzó entonces un conflicto manifiesto, entre los avicultores por un lado (algunos de ellos presentaron notas al Intendente o realizaron acciones judiciales contra el municipio) y el municipio por el otro (Craviotti, op cit).
El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos. Sin embargo, la prohibición de instalar apiarios y criaderos de aves, cerdos y conejos a menos de mil metros de sectores ocupados y destinados a vivienda, permaneció vigente .
El partido está subdividido por el Código de Planeamiento según uso del suelo, pero hay actividades que están ubicadas en lugares no permitidos . Los productores avícolas alegan que al delegar la provincia a los municipios la capacidad de modificar la zonificación, esto contribuye al aumento de la urbanización en el partido. En el conflicto por uso del suelo, los más perjudicados son los productores que tienen la granja como única actividad. Los productores de pollos se quejan de que sólo son un 10% los que tienen ponedoras y problemas ambientales con los countries, y por eso el municipio tendría que sancionarlos sólo a ellos. Además, consideran injusto que algunos emprendimientos residenciales se instalan sabiendo que ya tenían galpones de pollos en proximidad.
Impactos de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes no están nucleados en organización. Por tanto, no existe un encuadre institucional de actores. La percepción de las supuestas “molestias” adjudicadas por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (cría de pollos o producción de huevos); el origen y ocupación de los vecinos. Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad . Desde el municipio, reconocen que los avicultores “tienen que entender que van a convivir con los barrios cerrados”. Por otra parte, el clivaje “local-extralocal” no es tan claro en el conflicto: ciertas granjas se encuentran compartiendo limites con barrios municipales en los cuales algunos vecinos han manifestado quejas, aunque no solicitando relocalización de los establecimientos. Los actores locales se manifiestan débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). Los avicultores manifiestan que, frente a la situación generada por las regulaciones municipales, no se plantean abandonar su actividad productiva y vender sus parcelas a emprendimientos inmobiliarios, porque la actividad les llevó considerables inversiones y además, constituye para la mayoría de ellos su única actividad (la baja superficie que controlan limita sus posibilidades de diversificación productiva). Algunos plantean que lo ideal es trasladar la actividad a otro lado, pero, a dónde ir? No hay planificación, los galpones más equipados valen entre 300 y 400 mil pesos; el crédito bancario con hipoteca no es accesible a cualquiera; manifiestan que el municipio no los ayuda porque no quiere que se queden y tampoco hay instalaciones nuevas disponibles Por el tipo de producción altamente intensiva y con alta inversión de capital en pequeña superficie, no es fácil para estos avicultores irse: “Es injusto, ahora no le sirven los impuestos de la granja al Municipio, no te pueden despachar de buenas a primeras” (avicultor).
En tanto, se da un proceso de fuerte concentración: los productores chicos venden galpones a grandes y los que crecen, tienen desde 300.000 pollos y mejores resultados económicos. Al mismo tiempo, se da una importante diferenciación: los productores avícolas tradicionales, por un lado, y los nuevos inversionistas que instalan granjas muy eficientes en medio del campo, lejos de la planta urbana, por otro. Los productores argumentan que el municipio debería colaborar en la búsqueda e implementación de nuevas alternativas, en tanto la mayoría apoya las actividades agrícolas en su conjunto, ya que consideran limitados los beneficios de los emprendimientos residenciales destinados a sectores de bajos ingresos (no aportan mano de obra, porque traen personal extralocal; no ingresan capitales al mercado local, porque compran mercaderías en otros lugares). En relación al empleo, la demanda de los nuevos emprendimientos residenciales se basa en personal eventual, con alto grado de precariedad; en tanto las actividades agropecuarias experimentan intensa tecnificación, expulsora de mano de obra. La intensificación productiva no se relaciona directamente con el aumento del precio de la tierra por nuevos usos residenciales, sino que se explicaría en este caso por la peculiar relación con la industria integradora y la posibilidad de ésta de transmitir los efectos de las crisis al eslabón agrario. La avicultura es una actividad intensiva en sí misma, siendo la gran mayoría de avicultores propietarios de sus parcelas, y habiéndose establecido con anterioridad al boom inmobiliario (Craviotti, op cit).
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. En los últimos años, no se identifica en el partido la conformación de esquemas de cooperación público–privada para la gestión del desarrollo rural (Craviotti, 2007b). Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de la ciudad o de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por la Ley 8912 (Solicitación Preventiva; Código de Planeamiento; Plan Urbano) siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización (Ratier, 2001). Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
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“Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario.
Significados, alcances y proyecciones.”
19, 20 y 21 de mayo de 2010
Universidad Nacional de Quilmes
“Tensiones y conflictos en la convivencia de ruralidades heterogéneas.
El caso del partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.”
Autora: María Carolina Feito
Institución: CONICET/FAUBA
Email: mcfeito@ciudad.com.ar
Eje temático 8.
Estado, actores políticos e instituciones en contextos de conflictividad rural.
Introducción
Analizamos dimensiones sociales y espaciales de los conflictos producidos por la instalación de barrios residenciales en ámbitos tradicionalmente rurales, con referencia empírica en el partido de Exaltación de la Cruz del conurbano bonaerense. Las nuevas formas de uso del espacio rural basadas en aspectos ya no productivos sino residenciales conllevan cierta mercantilización de lo rural, ligadas a cambios del modelo de desarrollo, donde pierden protagonismo actividades industriales frente a servicios. Utilizando metodología cualitativa con realización de trabajo de campo etnográfico, intentamos comprender situaciones sociales endógenas locales, mostrando elementos como: historia y caracterización territorial local; distintos actores en juego; políticas locales; asociativismo; situación de exclusión y conflictos; formas de participación y construcción de consensos.
El aumento de heterogeneidad del espacio rural se da mediante instalación de countries en una zona con fuerte revalorización inmobiliaria, que compite con la tradicional actividad avícola. Estos productores intentan resistir embates del contexto macroeconómico que disminuye la rentabilidad de la producción, entrando en conflicto por uso del espacio rural con los nuevos vecinos que los acusan de supuesta contaminación ambiental. El municipio intenta crear nuevas regulaciones e instancias de concertación para participación consensuada entre distintos actores, para promover la convivencia de distintas ruralidades en el partido.
La ¿dicotomía? “campo-ciudad” y el “neorruralismo”
Lo rural en el discurso de las ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes a los de grandes centros urbanos. Dos grandes tendencias intentan explicar los cambios acelerados en el agro (Jean, 1989): la que predica el fin de lo rural (Mardsen et al, 1990), y la que afirma que la categoría conserva todavía su especificidad (Whatmore, 1994), en la diversidad de transformaciones ocurridas en el agro latinoamericano, consecuencia de adopción del nuevo modelo aperturista de desarrollo (Murmis, 1993; Kay, 1994). Aparecerían procesos y actores sociales diferentes en distintos escenarios (Ratier, 2001): (1) poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad, residentes rurales con trabajo urbano no agrícola; (2) poblaciones que viven y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas fuera de las ciudades), residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural; (3) poblaciones de residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos, o residentes rurales voluntarios con trabajo rural. Ratier (op cit) distingue en la bibliografía tres tipos de situaciones, siempre con bases más fuertes en Europa y el norte de nuestro continente, pero con expresiones en América Latina: contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial; pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola -fábricas o empresas en el campo); neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo -); ruralización urbana (presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes).
Desde los 90, ya se aprecian ciertos desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, los llamados countries o barrios cerrados de la periferia de Buenos Aires, espacios `vendidos´ por agentes inmobiliarios a los que buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo urbano. Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. En nombre de la “calidad de vida” lo urbano se identifica con lo malo, y el campo con lo bueno. (Lacarrieu y Thuillier 2001), distinguiéndose esta corriente de la de personas que migran hacia el campo por falta de trabajo (Giuliani 1990).
Llambí (1994) relaciona la nueva ruralidad con la globalización, porque ambos tipos de procesos forman parte de un amplio conjunto de reestructuraciones neoeconómicas y reacomodos geopolíticos que tienen lugar a diferentes niveles (global, nacional, local) pero que en cada país o localidad del planeta, asumen sus propias peculiaridades . Se reestructuran espacios en función de intereses turísticos y ambientales; se diversifica el empleo y surgen redes de relaciones sociales no basadas fundamentalmente en el eje de relaciones agrarias. Trabajos más recientes analizan las representaciones de lo rural por parte de los actores de diferentes orígenes e intereses, y las tensionesoriginadas por ello (p ej, las personas que migran al medio rural con objetivos exclusivamente residenciales pueden cuestionar aspectos de la actividad agropecuaria -ruidos, olores percibidos como desagradables-).
Coincidimos con Ratier en cuestionar si estos fenómenos responden a nuevas realidades, o si habían sido dejados de lado en análisis previos, así como en su propuesta de afinar conceptualmente las categorías rural y ruralidad, superar antiguas dicotomías y relativizarlas para enriquecer su potencial analítico.¿Qué sentido tiene designar como nueva una ruralidad que resulta del proceso de globalización? Por otra parte, una nueva ruralidad que debería surgir para desplazar aquella otra nueva (que entonces se convertiría en vieja), tampoco cierra. Adherimos a su propuesta de ubicarnos en un punto de vista más sociológico y cercano a los actores: “el uso de nueva ruralidad para calificar novedades de otro tipo, como el traslado de pobladores urbanos a las áreas rurales, con su correlato ideológico de la reivindicación de valores campesinos, es más promisorio.” (Ratier, 2001:11, cursiva en el original).
El periurbano de la ciudad de Buenos Aires
Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural; heterogeneidad y conflicto a escala local. Existen mercados de tierra múltiples, áreas de tamaño irregular ubicadas entre 30 y 60 minutos de viaje desde el límite de la ciudad, así como actividades vinculadas con la demanda inmediata metropolitana . Se distingue diversidad de actores sociales intervinientes: locales, neolocales (instalados recientemente) o extralocales (capaces de influir en los ámbitos rurales en cuestión). La ocupación del suelo en las áreas periféricas generalmente se realiza de una manera no planificada, constituyendo un espacio de gran heterogeneidad y crecimiento acelerado, donde pueden registrarse problemáticas sociales y ambientales agudas, un mercado del suelo poco transparente, proximidades conflictivas (Barsky, 2005).
La organización espacial de la metrópolis Gran Bs As a lo largo del siglo XX se consolida geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos:; aparición de nuevas zonas hortícolas especializadas en otras zonas del país; evolución del mercado y del sistema de comercialización, etc. Se observan diferentes lógicas de ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y Quaranta, 2005), destacándose nuevos usos residenciales y recreativos, producciones intensivas de hortalizas y floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades agropecuarias extensivas, reflejando el retroceso de la frontera agraria frente a la expansión de la frontera urbana, así como cambios en las actividades agropecuarias (Bozzano: 2000).
Caracterización territorial del partido analizado
El partido de Exaltación de la Cruz se inscribe particularmente en las dinámicas “neorrurales” mencionadas. Ubicado a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, se conecta de manera directa a través de las rutas 8 y 9 y está en tercer lugar en cuanto a importancia de las urbanizaciones y la extensión ocupada . La cercanía a la autopista panamericana define la localización (Barsky, 2005). Abarca 63.417 has, repartidas en las localidades: Capilla del Señor (cabecera de partido) , Cardales, Villa Manuel Cruz, Pavón, Barrio el Remanzo, Diego Gaynor, Barrio los Pinos, Barrio Exaltación. La población total se incrementó un 40% durante los 90, debido a, por un lado, llegada de pobladores del conurbano bonaerense a los nuevos emprendimientos residenciales, y por otro, instalación de trabajadores de las provincias (para tareas domésticas en estos emprendimientos o para actividades agropecuarias). La expansión residencial presenta un fuerte corte espacial: en los cuarteles III y IV del partido, al sur del Arroyo de la Cruz, se experimentaron los mayores cambios. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por estar relativamente alejada de las vías rápidas de acceso a la ciudad. Las localidades eje del partido en expansión inmobiliaria son Parada Robles y Los Cardales. Tienen importancia las actividades de servicios (tanto desde lo económico como del empleo), existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura) . Históricamente la zona fue importante productora de lanares, con ganadería de cría en algunas áreas específicas, para pasar a actividad de tambo. A partir de los 70 la industria tambera entró en crisis por el desplazamiento de producción hacia zonas de la provincia más aptas, sustituyéndose los tambos por ganadería vacuna, agricultura y avicultura. Gran parte de los productores tamberos se volcó hacia esta última, tanto a producción de huevos como fundamentalmente, al engorde de pollos (Craviotti et al, 2005). Se establecieron en el partido o cercanías empresas medianas y grandes que “integraron” a los pequeños avicultores en las cadenas productivas típicas de este rubro. La producción de cereales en el área, con la cual se elabora el alimento balanceado, resultó una ventaja comparativa. Durante los 80 y fuertemente en los 90, desapareció una importante proporción de avicultores, retirándose las empresas internacionales y quedando sólo las nacionales. Las actividades agrarias orientadas a exportación en el partido, se reposicionaron acompañando la fuerte devaluación del peso durante 2002. El ingreso de pollos de Brasil y la recesión jaquearon la avicultura local . Las granjas menos equipadas dejaron de producir o abandonaron la integración con las empresas, utilizando modalidades precarias de comercialización, para poder resistir en la actividad. Posteriormente, la gripe aviar en Asia posibilitó fuerte incremento de exportaciones avícolas argentinas. En este contexto, la avicultura experimentó un importante repunte: se ampliaron instalaciones de plantas de faena y de criaderos de pollos. Sin embargo, la construcción de galpones de cría en las granjas no acompañaba la fuerte demanda. Mientras se modificaban las condiciones de rentabilidad de las actividades agrarias, los emprendimientos residenciales tuvieron cierto impulso, redefinido, con características más selectivas: preferencia de la demanda por emprendimientos con buena accesibilidad y disponibilidad de servicios, lo cual explica por qué en Exaltación no existen proyectos de barrios nuevos (Craviotti, 2007ª).
Dos son las localidades principales: Capilla del Señor y Los Cardales; tres poblados pequeños: Diego Gaynor, Pavón y Robles y un número relativamente importante de parcelamientos tipo urbano dispersos con escasísima ocupación; una extensa área residencial extraurbana con distintos grados de consolidación, insertos en un área destinada a producción agrícola ganadera próxima al AMBA. El desarrollo del partido se encuentra entonces restringido por esta actividad, que genera poco empleo y tiene bajo efecto multiplicador en industria y comercio, combinada con la escasa accesibilidad a los sistemas urbanos de jerarquía nacional y regional entre los cuales se ubica y con los cuales establece pocas relaciones funcionales. La proporción de superficie destinada a usos agropecuarios tiene relación con la concentración de la producción agropecuaria de los 90 , el cual se tradujo en la desaparición de un buen número de explotaciones pequeñas y medianas. Productores locales han sido reemplazados por otros de origen extra local que, en la mayoría de los casos, carecen de antecedentes en la actividad agropecuaria, donde conviven los cultivos típicos de la región pampeana (cereales y oleaginosos, fundamentalmente soja), con ganadería bovina y algunas producciones innovadoras intensivas. La distribución geográfica de las granjas no es uniforme, sino que se encuentran formando grupos: uno dentro de una zona relativamente urbanizada en Diego Gaynor y otro ubicado más cercano al casco urbano de Capilla del Señor, la cual es una zona mucho más grande y urbanizada .
De acuerdo a fuentes municipales, el partido tiene 600 productores que ocupan unas 24mil has, cuya distribución se atomiza hacia la ruta 193. Hay tambos chicos que ahora producen aves, mediante las facilidades de préstamo que ofrece la empresa Tres Arroyos . Aproximadamente un 70% de los productores trabaja para esta empresa; en volumen y dinero es la producción más importante del partido. Es un buen negocio para quienes no están endeudados y no viven de eso (profesionales extralocales, por ej). En horticultura, hay sólo cuatro productores habilitados, pero se calculan unos 55 en total. Esta actividad tiene intervención desde 2008, por convenio con la SAGPyA/INTA/Municipios : la Dirección de Producción implementa este subsidio, junto con Microemprendimientos y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en la instalación de depósitos de agroquímicos en las quintas, y exhortando a los productores a registrarse en el RENSPA, y a proceder a las habilitaciones de sus establecimientos, para acceder al subsidio . También hay otras producciones y emprendimientos: arándanos en Chacra Sauzalito ); una fábrica de quesos en Cardales; un proyecto municipal de turismo rural: el desarrollo de un museo y una feria en el galpón de la estación del FFCC Urquiza (transferida desde Nación y reciclada); en Robles, hay seis feed lots, que ocupan 300 has con aproximadamente 500 cabezas ; hay 22 countries y 54 industrias no nucleadas, ubicadas en el corredor entre rutas 8 y 6, llegando hasta el partido vecino de Campana.
Desde 2008 empezó a trabajar en el partido el INTA, contemplando distintos proyectos para el territorio e intentando articular acciones con el municipio. Esta institución detectó para la cadena avicultura de esta zona, las siguientes causas del deficiente manejo productivo: tensión entre avance urbano y producción; falta de un relevamiento avícola; falta de recursos financieros para hacer frente a los cambios tecnológicos que implican inversiones muy importantes; falta de cultura asociativa; poca experiencia en BPA ; manejo inadecuado de camas y animales muertos; altos costos en alimentos. Propone, entre otras, algunas actividades: estudio de la zonificación en otros municipios del territorio y evaluación de los requisitos existentes (Ordenanzas Municipales, Habilitaciones, SENASA, RENSPA, de Faena): relevamiento y categorización de productores avícolas; evaluación de parques productivos cluster; estudio de Mercadeo y Finanzas; taller con los actores ligadas a esta actividad (por sector Carne, Huevos, Reproductor) para evaluación de los cambios producidos en los últimos 30 años y futuro de la cadena; capacitación en Buenas Prácticas y en Higiene y Seguridad; capacitaciones en diversificación; armado de nuevos grupos del Programa Cambio Rural avícolas (para proveer soluciones al conflicto con los countries) . Actualmente hay seis grupos del Programa, ubicados en Pavón, Arroyo La Cruz y Robles, todos de horticultores . Los avicultores se relacionan con los horticultores mediante la venta del guano que ellos necesitan para abonar sus cultivos; sin embargo desconocen que éstos están organizados en grupos desde hace varios meses. Sería interesante encontrar posibles interacciones para que la horticultura pueda controlar de alguna forma las moscas de la avicultura, logrando que los habitantes de countries cesen o disminuyan sus reclamos por contaminación.
Existen en el partido 110 granjas que producen actualmente casi 30 millones de aves para consumo, representando aproximadamente 66 millones Kg. de ave viva que, cantidad que a su vez, significa la conversión en carne aviar de 145 millones de kg alimento compuesto fundamentalmente por maíz, soja, afrechillo, vitaminas, etc, lo que genera una alta agregación de valor generada por la actividad de los criadores. La producción de carne aviar en el partido era de más de 200 millones de pesos anuales en 2009, tratándose de una actividad productiva con alta capacidad multiplicadora. En efecto, participan gran cantidad de agentes: productores de granos, molinos que balancean y producen alimento, planta de incubación, planteles de procesadoras, transportistas, plantas de faena, frigoríficos, procesadoras de plumas y vísceras, exportadores, comercializadores, etc. La actividad de cría y engorde es llevada a cabo por numerosos granjeros que realizan su tarea para las grandes empresas. La mayoría posee fracciones pequeñas aptas para explotación intensiva, incorporando tecnología cada vez más sofisticada. Además se producen abonos (cama de pollo) que son vendidos a los productores hortícolas bolivianos. Respecto del manejo de recursos naturales, el agua utilizada es de pozo, las napas más altas se contaminan por actividad urbana y deben buscar en Acuífero Puelche; no hay protección (dentro del galpón no llueve); no se genera erosión de suelos. A diferencia de otras actividades agrarias, la avicultura tiene fuerte tradición local y es desarrollada por residentes del partido. Los que resistieron las sucesivas crisis sobrevivieron combinando la actividad con otras productivas o extraprediales (Craviotti, 2007ª). En cuanto a mejoras tecnológicas, se tiende en casi todos los casos a la automatización del conjunto de actividades con incorporación de comederos automáticos y ventilación en los galpones, mejora demandada por las empresas y con significativo impacto sobre la mano de obra empleada permanente en los establecimientos (Gavidia et al, 2001). La realización de otras actividades en el predio está condicionada por la baja superficie controlada (menos de 10 has en casi todos los casos). La forma de producción empresarial pura, sólo en caso de los productores más chicos combina el trabajo familiar con contratación de un trabajador permanente o eventuales. El productor es quien supervisa las actividades, si bien los integrados renunciaron a la autonomía del productor clásico pues deben seguir las pautas impuestas por las empresas. En relación al vínculo con las empresas que operan en el partido, carecen de contrato formal y no se establece la cantidad de crianzas al año, transformándose esta última cuestión en el principal regulador del ingreso a obtener de la actividad . Existen dificultades para encontrar mano de obra para la carga, que es proporcionada por las empresas, la mayoría son paraguayos, bolivianos y misioneros .
Los problemas expresados por los productores avícolas refieren a temas como: aumentos en impuestos por sobrevaluación de los galpones por parte de ARBA (organismo recaudador provincial) desde 2004 (para lo cual se están movilizando para realizar una demanda judicial con un caso testigo costeado entre todos ); conseguir subsidio (para lo cual deben calcular los costos de producción); participar en la redacción de la ordenanza para producciones intensivas que está por dictar el municipio (para regular dichas actividades realizando zonificación). Para este tema, el municipio intenta articular con el INTA, convocando desde la Dirección de Producción a técnicos que puedan colaborar en el diseño de la nueva ordenanza. Otras necesidades importantes planteadas por los productores refieren a la falta de acompañamiento técnico para manejo del guano. El problema de las moscas es uno de los que provoca conflictos con los residentes de los nuevos barrios cerrados. Algunos productores de pollos se quejan de que los que producen moscas son los que crían gallinas (según ellos, unas pocas granjas que están identificadas), por lo tanto, no deberían tener obligación de pagar todos el certificado de que no contaminan . Otros problemas se relacionan con bajar costos de producción, especialmente la electricidad y el gas envasado necesario para calefaccionar los galpones.
Desde INTA se explicó a los productores que si organizan sus demandas, la institución puede intervenir con una propuesta de acompañamiento para realizar buen manejo en la explotación. Se ofreció la intervención del programa como una herramienta del Estado, en la cual los productores deben agruparse eligiendo al técnico y valorar las ventajas del asociativismo, que permite mejorar la comercialización; también se propuso colaborar en articulación con el municipio, a zonificar como cluster. Sin embargo, algunos productores no perciben ventajas en la intervención que intenta organizar INTA, ya que en el caso de pollos parrilleros no compran ni venden nada porque están integrados a la empresa faenadora, por lo tanto manifiestan no tener problemas de comercialización; sí visualizan ventajas en la posibilidad de asociarse para reclamar la zonificación , y realizar turismo rural como posibilidad de integración con el resto de la comunidad . Los técnicos de INTA podrían intervenir ante la necesidad concreta de formalizar la certificación para mosca y manejo del guano .
Esta producción es muy individualista: “nadie compra ni vende nada, mis resultados son independientes de los del vecino, el individualismo está en todo, con el problema de las ratas, no hay acción en conjunto, alguna compra de veneno, reclamo al municipio, lo compramos nosotros el veneno, o lo trae Tres Arroyos” (productor avícola) .
El municipio debería otorgar herramientas para que el productor avícola pueda realizar un buen manejo de la granja, aplicando BPA y conservando higiene, para no tener que irse. Al respecto, la Sociedad Rural está coordinando capacitaciones con el INTA . Algunos productores consideran que el municipio va a tener que absorber el costo político de apoyar la urbanización del partido. Comienza a promoverse la articulación público-privada a través del Consejo Local Asesor y la idea de armar una Agencia de Desarrollo Local involucrando a todos los actores productivos desde la Dirección de Producción, así como un plan para un polo avícola en La Lata, desde Capilla hasta ruta 193, en un predio de 10-15 has. Desde el municipio intentan detectar los diversos actores que deberían convocarse para un proyecto de desarrollo local: Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate; SENASA Verde de Campana; Cooperativa de Capilla; COPRAL (Coop de Electricidad); CEPRAL y COPECEL (Cooperativas Eléctricas de Robles y Cardales); Coop Eléctrica San Antonio (en Séptima Región), productores avícolas (no están organizados); Comitè de Cuenca del Río Luján ; Escuela Técnica; UATRE; Colectividad Boliviana; comerciantes (no están organizados, predomina el rubro gastronómico); empresariado (Tres Arroyos; Granja Norte –empresa productora de huevos, proveedora de los supermercados Jumbo y Carrefour-; Avícola Ruta 6; Asociación de Productores de Huevos de Zona Norte; campo de polo en Ceballos. Existen ciertas dificultades de implementación, porque luego del resultado de las últimas elecciones, disminuyó el nivel de compromiso de los actores que ya había comenzado a contactar el municipio.
La normativa municipal como reflejo del perfil de territorio
A mediados de los 90, el partido opta por un perfil en el que los countries y barrios privados son considerados como "industrias sin chimenea", por lo que se fomentó su desarrollo. El ordenamiento territorial sancionado se realizó para cumplir ese fin pues zonifica vastas áreas como residenciales exclusivas, y considera incompatibles con este objetivo determinadas actividades agropecuarias intensivas (Craviotti, 2007ª). A partir de la competencia otorgada por las leyes provinciales al municipio para regular el uso del suelo , esta ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) de 1997 preserva intereses de las principales industrias ya instaladas (calificando sus áreas de emplazamiento como “precintos industriales”) y las acota a su actual extensión. También especifica que los apiarios, criaderos de conejos, cerdos y aves, sólo podían establecerse en la zona agropecuaria siempre y cuando estuvieran a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda, restringiendo la actividad agropecuaria aún cuando no se iniciaran efectivamente las obras (Craviotti, 2007ª). Debido a que los establecimientos avícolas eran relativamente importantes en el partido y la mayoría se encontraba en lugares no permitidos por la nueva zonificación, se sancionaron diferentes ordenanzas municipales para reubicarlos . Se previeron plazos prolongados y se flexibilizó la distancia considerada perjudicial para los vecinos que residen en estas urbanizaciones . Sin embargo, como no se verificaron traslados de granjas durante el repunte de la actividad posterior al 2002, se endurecieron los plazos para relocalización, así como las acciones concretas del municipio (envío de notificaciones a infractores, aplicación de multas) . Comenzó entonces un conflicto manifiesto, entre los avicultores por un lado (algunos de ellos presentaron notas al Intendente o realizaron acciones judiciales contra el municipio) y el municipio por el otro (Craviotti, op cit).
El código territorial también afectó las actividades comerciales del partido. Las quejas de este sector motorizaron ajustes en la normativa, permitiendo la instalación de comercios minoristas en la zona residencial exclusiva. Por otra parte, parcelas que habían sido zonificadas como residenciales extraurbanas o “de reserva para ampliación urbana” pudieron destinarse a usos agropecuarios intensivos si no formaban parte de barrios ya construidos. Sin embargo, la prohibición de instalar apiarios y criaderos de aves, cerdos y conejos a menos de mil metros de sectores ocupados y destinados a vivienda, permaneció vigente .
El partido está subdividido por el Código de Planeamiento según uso del suelo, pero hay actividades que están ubicadas en lugares no permitidos . Los productores avícolas alegan que al delegar la provincia a los municipios la capacidad de modificar la zonificación, esto contribuye al aumento de la urbanización en el partido. En el conflicto por uso del suelo, los más perjudicados son los productores que tienen la granja como única actividad. Los productores de pollos se quejan de que sólo son un 10% los que tienen ponedoras y problemas ambientales con los countries, y por eso el municipio tendría que sancionarlos sólo a ellos. Además, consideran injusto que algunos emprendimientos residenciales se instalan sabiendo que ya tenían galpones de pollos en proximidad.
Impactos de la expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural: tensiones y conflictos
En cuanto al impacto que genera en el medio rural la expansión de emprendimientos residenciales desde el punto de vista de los actores y actividades preexistentes, la focalización en el nivel local permite visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales producido en un área determinada, donde la tensión entre usos residenciales y productivos del suelo adquiere particularidades dada su cercanía relativa a la ciudad de Buenos Aires. Las tensiones entre algunas actividades productivas y las neorurales se materializan en emprendimientos habitacionales para sectores de altos recursos, como también en barrios municipales para población de bajos recursos. La importancia de las fuerzas relacionadas con lo residencial e inmobiliario resultó en instrumentos regulatorios específicos sancionados por el municipio, en detrimento de las actividades agrarias tradicionales de fuerte arraigo en la zona. Sin embargo, tanto los actores como sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes no están nucleados en organización. Por tanto, no existe un encuadre institucional de actores. La percepción de las supuestas “molestias” adjudicadas por parte de los habitantes de emprendimientos residenciales a la actividad avícola se encuentran influidas por aspectos tales como: la orientación productiva del establecimiento (cría de pollos o producción de huevos); el origen y ocupación de los vecinos. Esto daría cuenta de las diferentes representaciones de la ruralidad . Desde el municipio, reconocen que los avicultores “tienen que entender que van a convivir con los barrios cerrados”. Por otra parte, el clivaje “local-extralocal” no es tan claro en el conflicto: ciertas granjas se encuentran compartiendo limites con barrios municipales en los cuales algunos vecinos han manifestado quejas, aunque no solicitando relocalización de los establecimientos. Los actores locales se manifiestan débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios). Los avicultores manifiestan que, frente a la situación generada por las regulaciones municipales, no se plantean abandonar su actividad productiva y vender sus parcelas a emprendimientos inmobiliarios, porque la actividad les llevó considerables inversiones y además, constituye para la mayoría de ellos su única actividad (la baja superficie que controlan limita sus posibilidades de diversificación productiva). Algunos plantean que lo ideal es trasladar la actividad a otro lado, pero, a dónde ir? No hay planificación, los galpones más equipados valen entre 300 y 400 mil pesos; el crédito bancario con hipoteca no es accesible a cualquiera; manifiestan que el municipio no los ayuda porque no quiere que se queden y tampoco hay instalaciones nuevas disponibles Por el tipo de producción altamente intensiva y con alta inversión de capital en pequeña superficie, no es fácil para estos avicultores irse: “Es injusto, ahora no le sirven los impuestos de la granja al Municipio, no te pueden despachar de buenas a primeras” (avicultor).
En tanto, se da un proceso de fuerte concentración: los productores chicos venden galpones a grandes y los que crecen, tienen desde 300.000 pollos y mejores resultados económicos. Al mismo tiempo, se da una importante diferenciación: los productores avícolas tradicionales, por un lado, y los nuevos inversionistas que instalan granjas muy eficientes en medio del campo, lejos de la planta urbana, por otro. Los productores argumentan que el municipio debería colaborar en la búsqueda e implementación de nuevas alternativas, en tanto la mayoría apoya las actividades agrícolas en su conjunto, ya que consideran limitados los beneficios de los emprendimientos residenciales destinados a sectores de bajos ingresos (no aportan mano de obra, porque traen personal extralocal; no ingresan capitales al mercado local, porque compran mercaderías en otros lugares). En relación al empleo, la demanda de los nuevos emprendimientos residenciales se basa en personal eventual, con alto grado de precariedad; en tanto las actividades agropecuarias experimentan intensa tecnificación, expulsora de mano de obra. La intensificación productiva no se relaciona directamente con el aumento del precio de la tierra por nuevos usos residenciales, sino que se explicaría en este caso por la peculiar relación con la industria integradora y la posibilidad de ésta de transmitir los efectos de las crisis al eslabón agrario. La avicultura es una actividad intensiva en sí misma, siendo la gran mayoría de avicultores propietarios de sus parcelas, y habiéndose establecido con anterioridad al boom inmobiliario (Craviotti, op cit).
Reflexiones finales
Los cambios agroproductivos y la expansión residencial se combinan para recrear espacios rurales donde se incrementa la heterogeneidad, generándose nuevas configuraciones de actores y complejizándose su inserción social. Es necesario redefinir los vínculos problemáticos entre las “viejas” y las “nuevas” ruralidades, logrando compromisos entre las diferentes actividades y actores actuales presentes en los espacios rurales. En los últimos años, no se identifica en el partido la conformación de esquemas de cooperación público–privada para la gestión del desarrollo rural (Craviotti, 2007b). Las dificultades para incorporar los intereses de los productores avícolas para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de asociación y la escasa visibilidad pública del sector. La iniciativa del gobierno municipal, que privilegia un perfil de desarrollo materializado en normativa específica (ordenamiento de uso de suelo), es cuestionada por su origen unilateral, exento de una planificación participativa que hubiera podido reflejar una visión consensuada de la totalidad de actores involucrados. De tal modo que se requieren nuevas formas de regulación, normas y mecanismos de articulación público-privada, de tipo más inclusivo e incluyente (Craviotti, 2007ª; Barsky, 2005).
La presencia de un segmento importante de productores que residen en sus explotaciones, plantea la necesidad de desarrollar una política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los espacios rurales, políticas que podrían estar ligadas tanto a aspectos productivos como sociales. Sería importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de la ciudad o de los countries sobre la tierra en producción. Respecto a estos últimos, la dispar aplicación de la normativa vigente, muchas veces de la mano de excepciones dictadas desde los Concejos Deliberantes, dificulta la regulación sobre los usos del suelo y la gestión del territorio para favorecer situaciones como la anteriormente planteada, y el mantenimiento de ciertas formas y grados de ruralidad, que constituyen un capital cultural (Benencia y Quaranta, 2005). Aunque las regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007a).
La opción del partido por un perfil residencial, avaló implícitamente la catalogación de actividades agropecuarias intensivas como avicultura y cunicultura como incompatibles con los desarrollos residenciales, prohibiéndose explícitamente su emplazamiento cerca de urbanizaciones actuales o proyectadas. Sin embargo, el inicio de un proyecto de desarrollo local que involucre a todos los actores del partido, es un signo de los cambios que pueden sobrevenir en un futuro inmediato. Los productores deberían aprovechar la oportunidad de articulación de acciones INTA-municipio, para lograr imponer sus necesidades y las soluciones a sus problemáticas actuales.
En relación a la instalación de los nuevos barrios, habría que considerar algunos elementos (Silla, 2000): relación de las nuevas urbanizaciones con las áreas a desarrollar y/o preservar; articular los emprendimientos con su ámbito de referencia local y con el resto del área, haciendo completar a los municipios las tres etapas previstas por la Ley 8912 (Solicitación Preventiva; Código de Planeamiento; Plan Urbano) siendo que la mayoría no han cumplido con el tercer paso; considerar el cuidado del espacio público; jerarquización del casco histórico y área de influencia; las tierras de reserva; las densidades de población; los centros de equipamiento a escalas intermedias, locales y municipios adyacentes; etc. Estas consideraciones minimizarían las problemáticas que se desprenden de loteos indiscriminados y anárquicos; falta de legislación y normativas adecuadas de protección ambiental; libres interpretaciones de las confusas normativas (tanto por funcionarios como por profesionales y desarrolladores); anarquía e improvisación con que se materializan los nuevos emprendimientos urbanísticos; falta de políticas ambientales; etc. Los municipios deben reconocer la necesidad de apoyar los capitales privados invertidos, fomentando la ocupación de mano de obra durante la ejecución de los mismos y una vez habitadas las viviendas, utilización de tecnologías e insumos nacionales, puesta en funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. De esto se desprende la necesidad de convocatoria a todos los actores sociales involucrados (gobiernos locales, empresas privadas, población local y población migrante, productores agropecuarios, etc) para trabajar con los criterios de un desarrollo sustentable, en distintas tareas: evaluación permanente de las tendencias urbanísticas imperantes en relación a este fenómeno migratorio; perfeccionamiento de la legislación, así como de las normas y los reglamentos referentes a emprendimientos urbanísticos; replanteo y profundización de los ítems que intervienen en el impacto ambiental de estos emprendimientos; promoción del intercambio de ideas e información con Entes Oficiales y Privados de incumbencia en el tema; formalización de grupos de trabajo con Universidades a fin de optimizar los recursos profesionales, técnicos y científicos; estudiar y prever las tendencias del mercado para orientar adecuadamente a los responsables de las inversiones; brindar información adecuada a compradores y vendedores de lotes y propiedades, a fin de evitar las crecientes y distorsivas políticas publicitarias que promocionan una mejora de la calidad de vida, sin considerar distintos niveles de conflictos que pueden producirse en el lugar de destino de la migración.
Los habitantes de los barrios cerrados del partido analizado se encuadran en lo que Ratier (2001) denomina “residentes rurales con trabajo urbano no agrícola”, es decir, no serían “neorrurales” stricto sensu, pero influirían en la construcción de otra ruralidad, formando parte del fenómeno de contraurbanización (Ratier, 2001). Estos nuevos vecinos desarrollan su vida cotidiana en forma independiente a la población local, presentando hábitos de consumo y exigencias en los servicios, que difieren notablemente a las de los pobladores locales. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, se suelen crear resentimientos hacia los nuevos pobladores migrantes, debido a la escasa comunicación con los nuevos vecinos y a la ausencia de rédito económico de la instalación de estos emprendimientos urbanísticos en sus ámbitos locales.
Sería interesante analizar desde qué enfoques se está viendo el desarrollo en las políticas y cómo se relaciona esto con las nuevas ruralidades, ya que, para seguir manteniendo sostenibilidad en la actividad tradicional en una zona que está cambiando, deben organizarse cambios en la producción. Caben interrogantes tales como: ¿Cómo fueron jugando las políticas públicas? ¿Qué sustentabilidad tendrán en el tiempo, en función de la gestión? ¿Qué actividades de extensión se realizan, en relación a la concepción del municipio sobre qué tipo de espacio y de paisaje quieren tener? ¿Cómo evolucionará el perfil del territorio y qué rol cumplirán las políticas municipales en la definición y desarrollo del mismo? ¿Cómo operará esto en los cambios socioeconómicos del partido? De allí la importancia de realizar estudios microsociales focalizados para relevar en detalle la diversidad de situaciones posibles. El asesoramiento de profesionales en el área social podría contribuir a una correcta articulación entre los intereses de los habitantes de estos nuevos complejos y la población local. El nuevo emprendimiento urbanístico no existe aislado, necesariamente deberá tener algún tipo de relación con el exterior, específicamente con administradores y políticos de los municipios en que se instalan y con los pobladores en general. En este sentido, la totalidad de los actores sociales deben llegar a compromisos mutuos si es que desean mantener una convivencia con un bajo nivel de conflicto. Un punto central es la necesidad de que el partido esté previamente zonificado. Los servicios deben ser vendidos por empresas y personal local. Estos estudios presentarían valiosas herramientas de diagnóstico para ayudar a los decisores políticos a concretar políticas de desarrollo de estos emprendimientos que permitirán anticipar con la previsión debida posibles consecuencias negativas, tanto ecológicas como sociales, en los nuevos lugares de asentamiento de la población migrante. El tratamiento interdisciplinario de este importante tema puede convertirse en un freno idóneo y responsable a esta problemática y conflictiva situación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población afectada (Feito, 2001).
Bibliografía
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sábado, 25 de junio de 2011
LA HORTICULTURA EN LA ARGENTINA Febrero de 2010 Fuente Ministerio de Educacion INET
INDICE
LA HORTICULTURA ARGENTINA
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………..3
0.- FUENTES DE DATOS Y DIFICULTADES DE USO………………… 19
1.- ASPECTOS GENERALES…………………………………….……….. 20
2.- TIPOS DE HORTALIZAS, Y SU PRODUCCIÓN SEGÚN
REGIONES………………………………………………………….………... 23
3.- PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA…………………………………….. 30
4.- LA CADENA DE VALOR HORTÍCOLA…………………………….. 32
5.- TIPOS DE PRODUCTORES HORTICOLAS……………………….. 34
6.- ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN
Y MIGRACIÓN BOLIVIANA.……………………………………………... 42
7.- CONDICIONES DE TRABAJO Y USO DE PLAGUICIDAS.………. 48
8.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA:
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN EXTERNA,
COMERCIALIZACIÓN INTERNA………………………………………… 57
9.- LA “OTRA HORTICULTURA”………………………………………... 74
10.- TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PERFILES DE LOS TRABAJADORES REQUERIDOS
A LO LARGO DE LA CADENA…………………………………………... 83
11.- EL PAPEL DEL ESTADO………………………………………….… 85
12.- IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS:
SITUACIÓN ACTUAL, PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS.…….. 87
13.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………….…….. 89
LA HORTICULTURA ARGENTINA
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………..3
0.- FUENTES DE DATOS Y DIFICULTADES DE USO………………… 19
1.- ASPECTOS GENERALES…………………………………….……….. 20
2.- TIPOS DE HORTALIZAS, Y SU PRODUCCIÓN SEGÚN
REGIONES………………………………………………………….………... 23
3.- PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA…………………………………….. 30
4.- LA CADENA DE VALOR HORTÍCOLA…………………………….. 32
5.- TIPOS DE PRODUCTORES HORTICOLAS……………………….. 34
6.- ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN
Y MIGRACIÓN BOLIVIANA.……………………………………………... 42
7.- CONDICIONES DE TRABAJO Y USO DE PLAGUICIDAS.………. 48
8.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA:
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN EXTERNA,
COMERCIALIZACIÓN INTERNA………………………………………… 57
9.- LA “OTRA HORTICULTURA”………………………………………... 74
10.- TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PERFILES DE LOS TRABAJADORES REQUERIDOS
A LO LARGO DE LA CADENA…………………………………………... 83
11.- EL PAPEL DEL ESTADO………………………………………….… 85
12.- IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS:
SITUACIÓN ACTUAL, PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS.…….. 87
13.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………….…….. 89
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